Catamarca: Los Apuntes del Secretario y las posiciones sobre la minería en Andalgalá

Después de los actos de vandalismo contra la sede de Agua Rica del pasad, una vez más, quedaron en claro las posiciones sobre la minería en el departamento Andalgalá y la provincia en general.

 

Un grupo de ambientalistas, acompañado por el intendente Eduardo Córdoba, se mantiene firme en su posición que no avance el proyecto que lleva adelante Yamana y cuya explotación está prevista para el año 2025, nunca antes. En las veredas opuestas, una gran mayoría de andalgalenses se viene pronunciando a favor de la “minería limpia” –tal como ocurrió con los 20 años del Bajo la Alumbrera- y lo ha expresado con marchas multitudinarias en la misma “Perla del Oeste” y en las calles de la Capital, donde se movilizaron ruidosamente proveedores de la actividad. Por si fuera poco, todo el arco político respalda la megaminería con los cuidados ambientales que correspondan y una exposición de claridad sobre el uso de ganancias netas o a través de regalías. Desde que asumió, el gobernador Jalil proclamó que “Catamarca es minera” y que la actividad es razón de Estado. Antes, Lucía Corpacci consiguió estructurar una organización que, con clarividencia, expuso en los principales foros mundiales. En cuanto a los radicales, tácitamente apoyan en orden a que fueron ellos los que impulsaron, con Alumbrera, la minería a cielo abierto. Cuando más, en su papel de oposición, reclamarán que se aseguren las condiciones ambientales.

Frente a esta palpable realidad, las voces antimineras siguen hablando de la “licencia social”, una expresión que más se parece a un pretexto o slogan político antes que una verdad irrefutable. Que gran parte de las ganancias de la Alumbrera se malgastaran y no se reflejen en el prometido progreso de las ciudades del oeste es verdad incuestionable, pero no quiere decir que con Agua Rica ocurrirá lo mismo. Para ello existe una nueva legislación que establece claramente en qué menesteres se aplicará el dinero. Los funcionarios de todo nivel, así las cosas, no tienen más camino que cumplir con las exigencias legales, sopena de responder ante la Justicia por cualquier denuncia sobre incumplimiento de los deberes de funcionario o defraudación. Y sobre este tema, vale decir las cosas como fueron. Quienes dilapidaron verdaderas fortunas fueron el exgobernador Brizuela del Moral –pagó con regalías obras como hosterías inservibles o el mismo estadio Bicentenario-, los intendentes en general y tres de ellos que gobernaron Andalgalá: Juan Felicia, José Eduardo Perea y Alejandro Páez. El primero de ellos en menor medida, pero los dos restantes no se privaron de nada: desde pensar en proyectos políticos ilusorios como usar el dinero en gastos corrientes, hasta solventar realizaciones políticas que la pudieron apreciar los promineros y los antimineros.

El cierre del Bajo la Alumbrera, como se sabe, dejó un tendal de desocupados, que se sumaron a los que ya venían sin trabajo y conforman hoy un panorama de pobreza que crece día a día. Para dar una idea de lo que afirmamos, solo decimos que para 50 puestos de trabajo que requería Agua Rica se presentaron nada menos que 4.000 curriculum vitae (CV). Esto es solo una muestra de la situación caótica que vive el departamento después del cierre de la Alumbrera y de mandatos nefastos como los de Perea y Páez, unos irresponsables con letras de molde, a los que sigue a pie juntilla Eduardo Córdoba, quien era funcionario del ahora diputado provincial. Por otro lado, aunque a algunos les duela, las grandes obras en Andalgalá las llevó a cabo la provincia, mientras el municipio se limitó a mal administrar los dineros públicos. Así podríamos referir obras como el Instituto de Estudios Superiores; la refacción de la histórica Iglesia que parecía derrumbarse; el nuevo hospital; la hermosa ruta 46 que une Andaldalá con Belén; algunas obras hídricas como las que se están completando en estos tiempos, etc. Entonces bien vale una expresión que se escuchó a posteriori de los vandálicos sucesos de abril: “Andalgalá, sin la provincia, no puede pagar ni los sueldos”.

Algunos medios de prensa, vaya a saber por qué motivos desconocidos, parecen dispuestos a bregar por luchas antimineras cuando antes funcionaban en otra sintonía. Lo grave de la situación es que falsean informaciones. Así por ejemplo, en los últimos días, sobre una medida cautelar contra el proyecto AR que fuera presentado en los tribunales de Comodoro Py y que fuera aprobado por la fiscalía interviniente, se informó “parcialmente”. No se dijo que el juez de la causa rechazó la promocionada cautelar hasta tanto se realice una inspección in situ, tal como se puede leer en el fallo. Tampoco se aclaró que el recurso de reposición tramitado por los denunciantes fue rechazado in limine por el magistrado que analizó la causa.

Seguramente hoy, durante la sesión de la Cámara baja, habrá de resolverse la situación por la desaparición física de Marita Colombo, la histórica legisladora del Frente Cívico y Cambiemos. Lo más probable es que el cuerpo apruebe la asunción del primer suplente de la lista que se presentara para las elecciones de 2017, cuando fue elegida Colombo. Nos referimos al abogado Diego Martín Figueroa, que proviene de las filas del PRO, uno de los principales socios de la alianza. Detrás de él, aquella propuesta electoral incluía estos suplentes: Héctor Mauricio Amador Varela, Juan José Santiago Bellón, Fabiana del Valle Bracamonte, Federico Rueda y Cristián Exequiel Quarín. Movilización, en forzada pretensión, pidió a la Cámara que asuma Fabiana del Valle en base al aserto de mujer por mujer. Sin embargo, la pretensión sería rechazada de plano y al respecto existe un antecedente demasiado fresco. Por la renuncia de Maximiliano Rivera, dentro del Frente de Todos, asumió una mujer: Jimena Moreno. No fue varón por varón, sino por orden de figuración en la lista que se presentó ante la Justicia Electoral.

El Esquiú