Catamarca: Regalías mineras y un retorno inconveniente

El Ancasti

La discusión por el mecanismo a través del cual el Gobierno distribuye a los municipios los recursos provenientes de las regalías mineras vuelve a ocupar espacio en la agenda política mientras se suceden indicios sobre posibles restricciones en el flujo de fondos a las arcas públicas.

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Un ejemplo es la caída de unos 51 millones de pesos que sufrirían las comunas catamarqueñas por el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, debido a la decisión nacional de mermar aún más las retenciones a las exportaciones de soja. El intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, reincidió en los rezongos por supuestos tratos discriminatorios a los que el Gobierno provincial somete a las comunas de la oposición al momento de repartir la parte de la renta minera que les corresponde por imperio de la ley de distribución secundaria de regalías. Sobre la resurrección de este reclamo autonomista, estribaron los diputados integrantes de la porción mayoritaria de la bancada del FCS-Cambiemos para disparar recriminaciones sobre el oficialismo, que por su parte salió al cruce por medio del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Armando López Rodríguez, y la Secretaría de Minería, que difundió un pormenorizado parte de prensa con los montos que cada municipio recibió en concepto de regalías. Obviamente, Andalgalá fue el más beneficiado. El renovado reclamo por las regalías debe contextualizarse en las previsiones presupuestarias de la oposición, que acaba de perder la incidencia en el control administrativo de la Cámara de Diputados del que sacó provecho mientras estuvo aliada al barrionuevismo, junto a unos 80 cargos políticos. Para financiarse le quedan los municipios que todavía controla, en cuyos presupuestos la coparticipación se destina casi íntegra al pago de salarios. La reducción del Fondo Sojero, que se asigna de modo automático, equivale a la reducción de recursos de libre disponibilidad para financiar estructura política, carencia que se hace más alarmante ante la escasa voluntad mostrada por la Casa Rosada para mandarles plata a sus formales adherentes partidarios locales. De ahí que se haya reintroducido la discusión sobre las regalías: la pretensión es que dejen de habilitarse previa aprobación de los proyectos que vayan a financiar y vuelvan a liquidarse de modo automático en forma trimestral, como era antaño, lo que en la práctica convierte a los recursos mineros en recursos ordinarios. Las aflicciones de los opositores son más que comprensibles. El acceso restringido a porciones del erario les significa una desventaja comparativa imposible de revertir ante el oficialismo provinciano, que tiene en cambio las manos libres para fondear sus huestes políticas con recursos públicos. Ley pareja no es rigurosa: sería injusto atribuirle al FCS/Cambiemos la pretensión de manipular presupuestos con fines facciosos sin consignar al mismo tiempo que el Frente Justicialista para la Victoria lo hacen sin escrúpulo alguno. No obstante, al margen de las maniobras dilatorias que el Gobierno pueda perpetrar en la aprobación de los proyectos presentados por opositores, para a su vez demorar la asignación de las regalías, es preciso recordar lo ocurrido con el sistema de liquidación automática anterior: derivó en la lisa y llana malversación de la renta minera, licuada en el clientelismo y las corruptelas, como está acabadamente demostrado. Andalgalá es justamente, por los descomunales volúmenes de regalías que recibió, el caso ejemplar en tal sentido. De modo que parecería más atinado tratar de avanzar en un perfeccionamiento del sistema de liquidación contra-proyecto para acotar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que incluye la apropiación de rentas de las regalías de los municipios a través de inversiones financieras, antes que un retorno al viejo mecanismo de depósito automático que convirtió el sueño minero en una pesadilla.

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