Catamarca/Sorpresas en la transición: El trazado de un camino minero desató una polémica en Antofagasta de la Sierra.

La polémica minera no podría haber elegido mejor momento para reactivarse. Insumo para paranoicos: el gobernador electo y la gobernadora saliente, Raúl Jalil y Lucía Corpacci, participaban de una de esas vistosas ferias que organizan los promotores de la actividad cuando les vino a reventar el esc

La polémica minera no podría haber elegido mejor momento para reactivarse.

Insumo para paranoicos: el gobernador electo y la gobernadora saliente, Raúl Jalil y Lucía Corpacci, participaban de una de esas vistosas ferias que organizan los promotores de la actividad cuando les vino a reventar el escándalo de Antofagasta de la Sierra por una senda de morondanga que capitalistas del litio, agrupados en la empresa Livent, precisan para multiplicar sus utilidades. Hace unos años capaz que no pasaba nada, pero internet y las redes sociales, tan útiles para hacer campaña, vienen a complicarle la vida a todo el mundo con la difusión masiva de insignificancias.

Qué vachaché? ni que la fiscal Verónica Saldaño y la policía se hubieran complotado para atropellar al clan Morales justo después del augusto y holgado triunfo en las urnas, con el poder provincial en tren de seducción de inversores.

Al coyerío que tiene la posesión de la franja por dónde deberían pasar los camiones de la empresa dedicada a la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto se le ocurrió de repente que unos cercos y corrales es poca contraprestación a cambio de lo que se llevarán los foráneos.

La compensación, intuyen, ha de ser acorde a las utilidades que obtendrán los beneficiarios del derecho de paso. Ya pueden desgaritarse los entusiastas esbirros del litio con promesas y apelaciones leguleyas sin que a quienes tienen la posesión pacífica de los territorios desde hace años se les mueva un pelo: visto que el camino es tan necesario para la explotación, habrá que ponerse con lo que corresponda, que acá no faltan ñatos con intenciones de oler, por muy antofagasteños que sean. Le dieron tanta manija a la fiebre del "oro blanco" que hasta el más distraído se ha enterado de las ganancias que implica. La justicia social que el Gobierno pregona es así: no ha de circunscribirse a la distribución de bolsones.

Es una suerte, de cualquier manera, para el gobernador electo. El desafío medular de su gestión quedó planteado con nitidez antes de que asuma: obtener la licencia social para la minería. Es la deuda que deja pendiente la gestión en retirada, del mismo signo político. Los motivos por los que significativas porciones de las comunidades linderas a los yacimientos son tan reacias a su permanencia pueden ser varios.

El más meneado es el ambiental, muy atendible aunque no haya indicios serios de que la explotación de Bajo La Alumbrera haya provocado daños en tal sentido.

Otro es el de la inequidad: las sociedades de Andalgalá y Belén han visto conformarse al influjo de la megaminería fortunas individuales, de personajes bien ubicados en la jerarquía política, sin que sobre ellas se derramara ni un centavo.

La impresión del carácter estructural de este desigual reparto de ganancias fue fortalecida por una sucesión de declaraciones muy puntual en Andalgalá: en cuanto el intendente electo, Eduardo Córdoba, salió a decir que las condiciones para el avance de Agua Rica no están dadas, el concejal justicialista Sebastián Almada replicó que propondrá la derogación de la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante en 2016.

Como la empresa Yamana Gold, propietaria de los derechos de explotación sobre Agua Rica, había jugado decididamente en las elecciones en contra de Córdoba, fue inevitable que los andalgalenses pensaran que el concejal Almada estaba cumpliendo con compromisos asumidos como contraprestación a tal respaldo.

Obviamente, es injusto dudar de las convicciones promineras del concejal. Sin embargo, resulta curioso que recién advierta el carácter inconstitucional de la ordenanza antiminera tres años después de su sanción, luego de que su candidato a intendente pierda las elecciones y tras una campaña en la que no se mencionó la intención de voltear normativa alguna.

Lo mismo pasa con la repentina preocupación por los títulos de propiedad en la Puna. Nada han de tener que ver con la fiebre del litio. La Justicia solo cumple con el deber de proteger el patrimonio del fisco. Qué culpa tiene de que recién ahora el Estado se acuerde de que un clan de coyas lo está usurpando.n

El Ancasti