Chile pretende nacionalizar y confiscar yacimientos mineros de cobre y litio

La iniciativa allanaría el camino para la nacionalización de algunas de las mayores minas de cobre y depósitos de litio del mundo, superó su primera votación en la comisión de medio ambiente

 

La iniciativa, que allanaría el camino para la nacionalización de algunas de las mayores minas de cobre y depósitos de litio del mundo, superó el martes su primera votación en la comisión de medio ambiente de la convención, con 11 votos a favor y 8 en contra.

La medida se someterá a una segunda votación en la comisión a finales de este mes y luego se enfrentará al pleno de la asamblea integrada por 155 miembros, donde deberá ser aprobada por dos tercios para ser incluida en el proyecto final de constitución, que sera sometida a un referéndum a fines de año.

Chile cuenta con las mayores reservas de cobre y litio del mundo y se espera que se inviertan casi US$70.000 millones en proyectos mineros durante esta década. Aunque el riesgo de que la propuesta de nacionalización se consagre en la Constitución sigue siendo bajo, el hecho de que haya superado el primer obstáculo ha provocado una enérgica respuesta del sector privado.

    “Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger”

    Diego Hernández, titular de la Sonami.

Diego Hernández, titular de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), advirtió de las nefastas consecuencias que tendría para la economía chilena la incautación de las explotaciones mineras gestionadas por el sector privado y su inclusión en el “pleno y exclusivo dominio del Estado”, según la propuesta publicada en la página web de la convención. “Las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales”, advirtió.

El documento también establece que parte de los beneficios generados por la actividad minera se utilizarán para proteger y rehabilitar el medio ambiente en las comunidades afectadas por las operaciones extractivas. Añade que el presidente de la nación tendría hasta un año para confiscar las minas y las operaciones una vez que la nueva constitución entre en vigor.

El presidente electo, Gabriel Boric, asumirá el cargo el 11 de marzo.

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