Tras años de letargo y fuego cruzado, Chubut abrió la puerta a debatir la instalación de proyectos mineros en la provincia, cuya explotación a cielo abierto está prohibida desde 2003 a partir de la aprobación de la ley 5001.
Ana Tronfi
Esta vez, el pedido golpeó las puertas de la Legislatura en la capital provincial con una movilización de más de 500 trabajadores petroleros y de la Uocra, que reclamaron, junto con la aprobación del convenio petrolero de traspaso del yacimiento Pampa del Castillo y La Guitarra, de ENAP Sipetrol a Capsa, el apoyo al pedido de los intendentes de la meseta central de Chubut, alineados con habilitar la minería como puntapié para el desarrollo de los pueblos del centro de esta provincia.
La Legislatura tiene pendiente el debate sobre el artículo 2° de la ley 5001, que pese a prohibir la explotación minera deja una puerta abierta a dividir el territorio mediante la denominada zonificación provincial. Esto permitiría habilitar la minería en el centro de Chubut, donde hay aval político y social para iniciar la explotación del Proyecto Navidad, el reservorio de plata más importante del mundo, y excluir a la cordillera chubutense, cuyas poblaciones promovieron la ley de prohibición tras el fallido intento de la Meridian Gold para explotar oro en inmediaciones de Esquel.
Junto a los intendentes de la meseta chubutense, un grupo de vecinos se instaló ayer en las barras de la Legislatura con banderas en las que expresaban su acompañamiento a la zonificación de la provincia para el desarrollo de actividades mineras.
Fue el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien avaló el debate por el desarrollo minero en la región. Basó su argumento en la postura de los presidentes de las comunas de la meseta -Telsen, Gan Gan y Gastre, entre otras- y aseguró que estos referentes "ven que las localidades del interior, de la meseta precisamente, van a tender a desaparecer" sin un proyecto de desarrollo. Arcioni abrió la puerta al debate, vedado por la gestión del gobernador fallecido, Mario Das Neves .
Arcioni dijo que los intendentes, como jefes comunales, "tienen que luchar por lo que les corresponde por el bienestar de su pueblo". Y agregó: "Esa discusión no se les puede prohibir. La discusión se tiene que dar sobre la base de un proyecto serio. Después, que la ciudadanía analice si corresponde o no. Pero nosotros no vamos a prohibir bajo ningún punto de vista la discusión de la minería".
La Legislatura debate sobre tres proyectos en danza: uno que prohíbe la actividad minera en todo el territorio provincial, otro que zonifica el territorio, tal como establece la ley 5001, y un tercero que propone una consulta popular vinculante.
Sin embargo, fueron las localidades del centro provincial, epicentro de la instalación del Proyecto Navidad, las que iniciaron el proceso de debate para reinstalar la minería en agenda. A principios de mes, una jornada informativa en Gan Gan y en Gastre retomó el debate, en un evento del que participaron vecinos, jefes comunales, especialistas en la actividad y representantes de Pan American Silver, firma dueña del Proyecto Navidad.
En la jornada, se expusieron aspectos de la realidad de la zona y características de la posible explotación. Además de vecinos, hubo jefes comunales, especialistas en temas mineros, el administrador del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios; Ramón Tello, supervisor de Compras de Pan American Silver, y el representante del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, Francisco Almenzar.
En los encuentros se abordaron cuestiones vinculadas a la política del proyecto hacia la comunidad, con proveedores locales y empleo local, el tratamiento del agua, el sistema de regalías y el fondo de desarrollo y aspectos particulares sobre la zonificación minera.
El jefe comunal de Telsen, Leonardo Bowman, dijo: "Nuestra región tuvo en las últimas décadas una pérdida del 36% de la población. Y ese porcentaje seguramente se fue por falta de oportunidades". Agregó que "el sector productivo genuino que queda, por lo menos en mi departamento, desde 2005 a la fecha, se ha reducido un 70%".
Por: Ana Tronfi
La Nación
