Chubut: Condenan a seis responsables por los ataques anti mineros
- 25 de agosto, 2025
El Poder Judicial de Chubut condenó a seis personas por los graves incidentes ocurridos durante las protestas contra la actividad minera en diciembre de 2021 en Rawson.
El fallo, emitido por el juez Javier Ángel Allende, estableció penas diferenciadas para los imputados, que incluyen desde prisión en suspenso hasta seis años de efectivo cumplimiento por los ataques a edificios públicos.
Penas diferenciadas según los delitos cometidos
El tribunal dictó condenas proporcionales a la participación de cada acusado. Lucas Espinoza Andrade, Lourdes Molina Leguiza y Nicolás Díaz recibieron un año de prisión en suspenso por daños y hurto agravado. Damián Díaz, debido a sus antecedentes penales, fue condenado a un año de prisión efectiva. Las penas más severas recayeron sobre Mauricio Vargas (6 años) por incendio y saqueo en la Procuración General, y Gastón Velázquez (4 años) por daños en el STJ y la Legislatura.
El impacto de la violencia en el Estado provincial
Según se determinó en el juicio, los ataques no solo causaron daños materiales sino que afectaron gravemente el funcionamiento del Estado. La quema de documentación sensible y la destrucción de dependencias públicas paralizaron actividades esenciales, generando un perjuicio que aún perdura. El juez Allende destacó que estos actos excedieron el derecho a protesta y constituyeron delitos comunes con responsabilidad individual.
Un fallo que distingue protesta pacífica de violencia deliberada
La sentencia marca un precedente al diferenciar claramente entre la manifestación legítima y los actos vandálicos. El tribunal señaló que los condenados actuaron con «plena conciencia de la ilegalidad» en un contexto de violencia generalizada. La fiscal Florencia Gómez, a cargo de la acusación, demostró la participación individual en los delitos, mientras la defensa pública argumentó en favor de los imputados.
El fallo cierra un capítulo de violencia que conmocionó a la provincia, reafirmando que el derecho a protestar no ampara acciones delictivas. La sentencia envía un mensaje claro sobre la importancia de preservar las instituciones democráticas y responsabiliza individualmente a quienes recurren a la violencia como forma de expresión.
Información extraída del medio La17.
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