Chubut: La Fiscalía de Estado apeló el fallo de la jueza Arbilla que ordena no tratar el proyecto minero
- 9 de febrero, 2021
- chubut
Se presentó un extenso escrito en el que solicitan que se revoque la sentencia de la jueza de Esquel Alicia Arbilla, que hizo lugar a un amparo de vecinos antimineros de Esquel.
“La medida constituye un intolerable exceso jurisdiccional que lesiona el principio de la división de poderes”.
El fiscal de Estado de Chubut, Andrés Giacomone, y el abogado Javier Stampone presentaron ante la Cámara de Apelaciones de Trelew un extenso escrito en el que solicitan se revoque la sentencia de la jueza de Esquel, Alicia Arbilla, que hizo lugar a un amparo de vecinos antimineros de la ciudad cordillerana y le ordenó a la Legislatura de Chubut no tratar el proyecto de zonificación minera.
La apelación firmada por Giacomone y Stampone es contra la Sentencia Interlocutoria del pasado 4 de febrero de la jueza Arbilla, que decretó de oficio como medida cautelar la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 128/20 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
“En virtud del grave perjuicio que la medida cautelar decretada ocasiona a la Provincia del Chubut, en particular a la institucionalidad y a las bases más elementales del Estado de Derecho, solicitamos que el presente recurso sea concedido con efecto suspensivo, único modo de evitar que aquel se profundice mientras dure la tramitación ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones”, dice la apelación.
Según Giacomone y Stampone, la medida cautelar decretada de oficio por Arbilla “constituye un intolerable exceso jurisdiccional que lesiona de forma manifiesta y obscena el principio de división de poderes, en tanto supone una inusitada injerencia del Poder Judicial en atribuciones constitucionales del Poder Legislativo”.
“Queda en evidencia que la medida cautelar ordenada de oficio revela una decisión irreflexiva y carente de análisis jurídico –agregan los abogados-, que menoscaba peligrosamente las bases del sistema republicano de gobierno, y ocasiona una grave lesión al orden público comprometido. En atención a ello, se alza estrictamente necesario la revocación de dicha medida cautelar ordenada”, piden en su parte central.
“Jamás una ley podría ocasionar daño alguno hasta culminado el procedimiento constitucional para su sanción y entrada en vigencia. Cualquier cuestionamiento anterior sería manifiestamente conjetural, abstracto e hipotético, y por ello inadmisible, máxime cuando supone un acto repudiable en tanto persigue aniquilar el ejercicio de una de las más elementales funciones del Estado cas, como lo es la de legislar que recae en Legislatura.”
Diario Jornada