Chubut no cerró la puerta a la minería, pero tampoco se sabe, aún, si la abre

Dos proyectos en debate: El jueves, uno de ellos, que proponía el cierre definitivo de las puertas a la actividad, fue archivado. ¿El Gobierno conseguirá los votos para aprobar el otro?

 

Por Raúl Figueroa

La Legislatura de Chubut resolvió en la sesión del jueves 6 de mayo el rechazo al proyecto de Iniciativa Popular que prohibía definitivamente la actividad minera en la provincia. Por una ajustada mayoría de 13 votos contra 12, los legisladores decidieron rechazar el proyecto que impulsaron asambleas “por el No a la mina”.

Para entender por qué los legisladores chubutenses debieron “arremangarse” para tratar un tema que los incomoda, ya que hasta el momento han optado por evitar el debate, hay que remitirse a la normativa que reglamenta los procedimientos de Iniciativa Popular dispuestos por la Constitución de Chubut. Esta, en su artículo 263, establece:

“Mediante iniciativa popular, todo grupo de ciudadanos de la provincia en un porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral, puede presentar proyectos de ley para el tratamiento en la Legislatura. Esta debe considerarlos en el término de seis meses contados a partir de su presentación”.

En este caso, la presentación cumplió con el aval exigido, superando las 30.000 firmas de apoyo (muy por encima del 3% del padrón electoral), mientras que la fecha de presentación formal fue el 23 de noviembre último, de allí que el 23 de mayo vencían los seis meses exigidos para el tratamiento. Según la reglamentación del artículo constitucional, los legisladores sólo pueden expresarse a favor o en contra del proyecto, pero sin modificar ni alterar su espíritu original.

Las 30 mil firmas logradas por la Iniciativa Popular no alcanzaron para su aprobación

Si bien se especulaba que la definición se adoptaría en el límite de tiempo, en alguna de las sesiones previstas para el 18 y 20 de mayo próximo, la comisión de Recursos Naturales emitió dictamen por mayoría el miércoles 5, aconsejando el rechazo del proyecto, lo que fue ratificado al día siguiente, en una ajustada votación.

Diputados en apuros

Los diputados chubutenses aún tienen pendiente de tratar otro proyecto, el número 128, para establecer una zona de la provincia adonde sí se podría explotar la minería. Con él el gobierno de Mariano Arcioni busca habilitar la actividad, bajo determinadas normas.

Una mayoría de legisladores ha estado, hasta aquí, en desacuerdo con el proyecto del gobernador, por considerar que no ha tenido el suficiente debate y por entender que hay más margen para discutir aspectos vinculados a la distribución de la renta que genera la actividad.

Pero muchos de quienes comparten ese posicionamiento tampoco estaban de acuerdo con la Iniciativa Popular, que hubiera significado prohibir definitivamente la actividad minera en Chubut. Por ello, con no pocas polémicas y algunas contramarchas a la hora de la votación, la Iniciativa Popular para cerrar las puertas a la actividad fue rechazada por una ajustada diferencia de sólo un voto.

El proyecto de ley 128, de Zonificación Minera, además de fijar la región, establece la distribución de la renta que generaría la actividad. Establece el pago de una regalía minera del 3%. 80% de la misma queda en el Estado provincial y el otro 20% se divide entre: los municipios involucrados (14% a los que adhieran a la ley y un 1% para los que no adhieran; 2% para sindicatos involucrados y 1,5% para ministerios con injerencia, es decir Minería y Ambiente).

El proyecto de Zonificación Minera todavía sigue en análisis en la Legislatura de Chubut

Entre otros aspectos, crea un “Bono Compensador”, en base a la producción mensual a valor en “Boca de Mina”, para compensar “el impacto social, ambiental y urbanístico que la actividad minera ocasiona en la región”. Se distribuye un 50% para la empresa provincial Petrominera, y el otro 50%, entre el Estado Provincial y municipios de la región alcanzada por la actividad.

Crea además un pago de “preproducción”. En la Legislatura se estableció que ese pago es a modo de un préstamo por parte de los concesionarios, equivalente al 3 o 5% “de la inversión estimada durante los primeros 10 años de cada proyecto”, el que sería luego descontado de las futuras regalías.

La Opinión Austral