Desafíos de la Minería que viene: "Interacción de las autoridades mineras provinciales con la autoridad nacional", Por Tomas Heredia

Todo parece encaminarse hacia nuevos horizontes, sin demasiadas alarmas en el empresariado nacional vinculado a este rubro, tan fundamental para el desarrollo integral de nuestro país.

Se avecinan cambios profundos en cuanto las condiciones que enmarcarán la actividad minera de Argentina, teniendo en cuenta el giro que se ha producido en las condiciones políticas y económicas en general a partir del 10 de diciembre de 2023.

Todo parece encaminarse hacia nuevos horizontes, sin demasiadas alarmas en el empresariado nacional vinculado a este rubro, tan fundamental para el desarrollo integral de nuestro país.

Seguramente empezará un panorama bastante parecido al que se instaló en los primeros años de los 90, cuando una vigorosa apertura hacia la inversión foránea atrajo numerosas empresas que hicieron base en la provincia de Mendoza y desde allí lanzaron a la exploración decenas de equipos técnicos a las áreas promisorias, cubriendo casi toda la extensión territorial desde Jujuy a Tierra del Fuego.

En ese primer  envión se ajustaron modelos de búsqueda e interpretación de los datos de campo, utilizando las primeras herramientas que empezaba a suministrar la cibernética y los instrumentos tecnológicos que hoy son moneda corriente e imprescindibles en la exploración y explotación minera. 

Desde el Estado, tuvimos una Secretaría de Minería comandada por nuestro recordado Daniel Meilán, que supo rodearse de un equipo técnico y legal solvente y eficiente para esos tiempos.

Sin embargo, esa década virtuosa de los noventa se tropezó en su final con un acontecimiento que puso en jaque a una trayectoria de descubrimientos, inversiones y éxitos que retroalimentaban el crecimiento sostenido de nuestra industria: Apareció el concepto “antiminería” con un vigor extraordinario y en el lugar menos pensado. Nadie vió venir el golpe al mentón aplicado por un sector cuya filosofía del NO a la Mina aún persiste y que en realidad – salvo pocas y honrosas excepciones- responden a un posicionamiento ideológico que no apunta sólo a preservar un medio ambiente prístino e intocable, sino también a una curiosa interpretación de cuestiones legales, económicas, sanitarias y sociales para  impedir el desarrollo minero, pero mientras tanto seguir aprovechando los recursos que nos permiten a todos disponer de los beneficios tecnológicos a partir del uso inteligente de los minerales, aspectos que  van desde el uso de un automóvil, de  una computadora ó de un teléfono celular, hasta tener una red nacional de gas domiciliario,  abrigos de tipo polar hechos con fibras minerales y cientos de otras ventajas que hoy tiene nuestra civilización humana, que de otro modo nos hubiese condenado a seguir viviendo en cuevas y a  tener pobres expectativas de vida longeva.

Todo empezó en Esquel, provincia del Chubut. Allí, un movimiento impulsado por una ONG poderosa y otras que fueron naciendo a su sombra, iniciaron una protesta social intransigente contra la puesta en marcha de un extraordinario yacimiento de oro en el llamado Cordón de Esquel. Todo se desmadró y otrora las buenas relaciones y expectativas de los ciudadanos por las fuentes de trabajo que empezarían a surgir y el desarrollo anhelado del Oeste chubutense, casi al alcance de la mano, se derritió como la nieve cordillerana con el primer sol de primavera. Claro, hubo culpables: Las ONG que foguearon el conflicto con argumentos falaces, apoyados por pseudo científicos y la empresa que detentaba en ese momento la titularidad del proyecto minero, que falló como buena comunicadora a la comunidad patagónica. Para ser breve, la población de la comarca andina fue convencida por los agitadores con argumentos carentes de rigor científico . Completaba esta escena dramática, donde se jugaba el futuro del desarrollo minero de la provincia del Chubut, el inevitable contagio de rechazo en la provincia de Río Negro. Así, siguen esperando su puesta en marcha no solamente el Cordón de Esquel , que tiene 4,5 millones de onzas de oro en sus entrañas, sino otros formidables yacimientos cercanos y el depósito de plata Navidad al Sur del macizo  de Somuncura, para muchos especialistas el más grande del planeta.

Pero no todo empezó y terminó en Esquel. Resulta que muchos vieron que ser opositar a la actividad minera también podía constituir un negocio. Por esa razón proliferaron las ONGS que, eligiendo algún aspecto del medio ambiente o su combinación con la supuesta desaparición de especies autóctonas, fueron apareciendo en el país con el apoyo imprescindible de la cibernética y las donaciones de empresas e instituciones internacionales, en muchos casos luego descontadas de sus obligaciones impositivas. 

Como un virus contagioso, el repudio hacia la minería se extendió en todo el país, con un pronóstico letal en las provincias cuyanas, a excepción de San Juan que escapó de milagro. Mendoza, otrora la meca de la minería nacional en los noventa, perdió enormes oportunidades de inversión y desarrollo minero, especialmente bajo el argumento insostenible que minería no puede convivir con la vitivinicultura. Mirando lo que sucede en Chile, es muy fácil darse cuenta que aguas debajo de los extraordinarios yacimientos metalíferos de los Andes prospera una sólida agricultura caracterizada por su diversidad y poderío económico.

Nuestro Noroeste, bendecido por una geología favorable para la presencia de yacimientos  metalíferos, suma asimismo el hecho de estar inserto en el Triángulo de Litio sudamericano. Las provincias que lo integran, lideradas por Salta, alberga recursos fundamentales para impulsar a la Argentina a niveles económicos impensados pocos años atrás. Pero cuidado, también aquí aparecen cortocircuitos, especialmente por algunas comunidades que reclaman participación activa en el reparto de los bienes que empieza a derramar el Litio y su socio el Potasio, principales sales alcalinas que componen las salmueras de las cuencas norteñas. En algunos casos las demandas comprometen la economicidad de los yacimientos y estas cuestiones deberán ser zanjadas por las autoridades provinciales, con rectitud y justicia.

Como corolario, deberíamos sumar en cuanto a los desafíos que afrontará la minería nacional, un hecho que no puede pasar desapercibido: Las dueñas de todos los recursos mineros son las provincias y son las que dan en concesión a los mismos para su evaluación y eventual explotación. A su vez casi todas ellas tienen un Código de Procedimientos Mineros que a veces interpreta aspectos no contemplados en el Código de Minería Nacional y también otras provincias, como Salta y Jujuy, tienen empresas provinciales que suelen adjudicarse áreas de interés minero que luego licitan e integran como socias de empresas privadas. Como puede verse, la autonomía provincial permite estas cuestiones y quizás deberían ser revisadas. Las empresas mineras que colocan capital de riesgo en exploraciones y cifras varias veces millonarias para explotar recursos se someten a todas las leyes ambientales y regulaciones vigentes del país. No piden nada, sólo seguridad jurídica y reglas claras a la hora de decidir el inicio de operaciones mineras.

En Patagonia deberá ser analizado en detalle y solucionado el conflicto territorial con comunidades establecidas en Chubut y Río Negro especialmente, que mediante la violencia y desconocimiento de nuestra bandera aparecen ocupando sectores de   interés exploratorio y aún de yacimientos hidrocarburíferos. Todo ello implica factores de desaliento a la inversión en exploración minera.  

Será fundamental la interacción de las autoridades mineras provinciales con la autoridad nacional, para establecer políticas y facilidades de exploración de áreas con potencial para albergar minerales críticos y de uso en energía y aún propender a la búsqueda de minerales de demanda sostenida en provincias hoy casi ignoradas, como las que componen nuestra Mesopotamia y que tienen fuerte relación con la faja mineralizada que ingresa a nuestro país desde Brasil.

Tomás Heredia

Geólogo.

Prensa GeoMineera