Desventajas del Estado frente a empresas privadas mineras

Editorial del diario El Tribuno

Cuando hablamos de minería, siempre escuchamos que las empresas mineras privadas realizan la exploración y explotación de los minerales, mientras el Estado no aparece como que también puede realizar esas actividades. En realidad, el Estado podría realizar trabajos de exploración minera, pero no puede explotar porque se lo prohíbe el Código de Minería, ya que en el artículo 9 dice que "el Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley".

El Estado, en diferentes tiempos del pasado, ha realizado trabajos de exploración minera. La institución más importante que ha desarrollado exploración ha sido la Dirección General de Fabricaciones Militares (Dgfm) creada en el año 1941 y en el año 2019 fue transformada en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (Fmse). En la década del 60, realizó exploraciones mineras en diferentes regiones del país durante 18 años, lamentablemente los resultados no fueron satisfactorios. Posteriormente, mediante la Dgfm en conjunto con Naciones Unidas realizaron trabajos de geofísica, fotogeología, geoquímica, geología y participación de especialistas extranjeros y de nuestro país. Estos planes tienen una gran cantidad de información que permitió definir áreas de reserva, manifestaciones de minerales de nuevas áreas. Allí quedaron estancados los trabajos porque era una etapa y no llegaron a la factibilidad de las áreas de interés. Aquí se presenta un problema, los estudios de exploración encabezados por la Dgfm no son suficientes para definir una explotación de minerales.

El Estado podría planificar trabajos de exploración, pero difícilmente podría continuar hasta lograr la etapa de explotación por cuestiones económicas y los riesgos de perder el dinero aportado.

La otra institución importante es el servicio geológico-minero Argentino creado (Segemar) en el año 1996, realiza trabajos de exploración minera y cartografía de base en todo el territorio nacional.

El Estado no puede explorar hasta llegar a la etapa de explotación porque el gran problema es el capital de riesgo y el Estado no puede arriesgar, porque siempre le faltará dinero. Esto significa que la exploración solo podría realizar una empresa privada porque puede planificar y desarrollar un programa de exploración, por ejemplo con costo de 500 millones de pesos.

Puede ocurrir que los resultados son negativos, por lo tanto abandonará los trabajos y habrá perdido los 500 millones. También puede suceder que los trabajos de exploración son alentadores y la empresa decide continuar, para esto, supongamos que necesita aportar otros 500 millones de pesos, podría requerir más etapas y continuar con los gastos hasta tener certeza de que la explotación le generará ganancias. Todo este proceso es imposible para el Estado, por cuestiones económicas.

Puede ocurrir que quieran nacionalizar las empresas mineras en explotación porque hay políticos que están manejando esta propuesta en las campañas políticas. En primer lugar, por el Código de Minería y la Constitución Nacional no podrían hacerlo y, por otra parte, el Estado ha demostrado que no es un buen administrador. Para no abundar en detalles, si una empresa minera, por ejemplo, trabaja con 900 personas, si pasa al Estado se incrementaría el personal, entre otros cambios, haciendo todo más complicado reduciendo la eficacia.

La cuestión no pasa por nacionalizar o no la minería, sino por hacer buenos negocios, que pareciera ahí donde está el gran problema.

También se debe revisar la transparencia y los controles de la actividad minera. Lamentablemente son temas que están siempre sobre la mesa, pero no hay definiciones concretas.

El Tribuno