Artículo realizado por Agustín Etchebarne, Manuel A. Solanet, Aldo Abram, directores de la Fundación Libertad y Progreso
La corrida sobre el dólar con las características de una crisis de confianza, pone en riesgo no solo la economía en la que se apoya y vive nuestra sociedad, sino también la solidez de las instituciones y la convivencia política. Este episodio es una clara señal de la insuficiencia y excesiva gradualidad de las reformas aplicadas sobre un cuadro de extrema gravedad heredado de la gestión anterior.
Fue un error que el presidente Macri no explicara de inicio a la ciudadanía aquella gravedad. Por ello debió enfrentar mayores resistencias a las imprescindibles medidas estructurales. Luego de restablecer la institucionalidad y salir eficazmente del cepo y del default, este Gobierno encontró resistencias ideológicas y políticas para avanzar en la reducción de un gasto público desbordado y para mejorar la competitividad mediante una efectiva reforma laboral y una reducción de la altísima presión impositiva.
Se optó por el gradualismo, descartando caminos más directos que admitían amortiguadores sociales para reducir los impactos negativos sobre los segmentos más necesitados. La contracara fue la subsistencia de un elevado déficit fiscal que gestó un desequilibrio externo y que obligó a tomar deuda pública en cantidades que luego de dos años han puesto en duda su cumplimiento. La reciente corrida cambiaria exigió aplicar medicinas potentes para detenerla, como son las altísimas tasas de interés y un primer acuerdo por un crédito contingente con el FMI. Esto puede aliviarla transitoriamente, pero no curar sus causas.
Es hora de encarar las reformas de fondo. Sin que sea una enumeración exhaustiva proponemos:
- a) Proceder a una inmediata y completa normalización de las tarifas de energía y transporte, con aplicación de tarifas sociales para neutralizar su efecto sobre los más necesitados;
- b) Proceder a una reforma administrativa rediseñando la administración nacional, sosteniendo por dos años el sueldo, más indemnización, más incentivos para su reinserción laboral a quienes no se reubiquen en la nueva estructura. Reducción del gasto político y de las obras públicas no justificadas.
- c) Renegociar el acuerdo con los gobiernos provinciales con metas de reducción del personal y del gasto para retornar a los niveles de 2001 en un plazo reducido.
- d) Que el financiamiento del FMI no sea meramente preventivo, sino que se aplique al costo de las reformas indicadas en b) y c).
- e) Acordar un proyecto de modificación de la coparticipación federal de impuestos orientado a la correspondencia fiscal para adecuar los incentivos para que los gobiernos provinciales gasten menos y mejor.
- f) En la medida de haber reducido el déficit fiscal y logrado un superávit primario igual o superior a los intereses de la deuda, reducir la presión impositiva comenzando por los impuestos distorsivos.
- g) Sancionar una reforma laboral que asegure la libertad sindical, la preferencia de los acuerdos laborales a nivel de empresa, la flexibilización para aumentos de productividad, la reducción del costo y de la litigiosidad laboral.
- h) En consonancia con estas medidas y con las inversiones en infraestructura logística, avanzar en una apertura comercial que incluya acuerdos de libre comercio;
- i) Proceder a una reforma impositiva orientada a reducir la carga fiscal, alentar el ahorro y promover la inversión productiva.
Se está a tiempo. Se reclama un acto de responsabilidad de todas las fuerzas políticas, de las instituciones representativas de los trabajadores y de los empresarios, para evitar una nueva crisis y poner a la Argentina en la senda de la estabilidad monetaria, el progreso y el bienestar de todos sus habitantes.
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