La respuesta parece ser que la gran mayoría de la población no tiene una opinión firme al respecto de la gran minería, ni de la incidencia que su desarrollo podría tener en su bienestar. Pero hay una minoría que si tiene una idea clara; es contraria a la gran minería, y está dispuesta a luchar por todos los medios para evitar que el Ecuador se convierta en país minero.
Tienen una bien diseñada estrategia y están ganando la batalla. Donde más efectivos son los activistas antimineros es en Azuay. Río Blanco es una yacimiento aurífero de mediana escala en los cantones Molleturo y Chaucha, que desarrollan inversionistas chinos.
En agosto, los activistas incendiaron parcialmente las instalaciones. Posteriormente impugnaron la operación de la mina; un juez del Azuay concedió su cierre, lo que ratificó la Corte Superior del Azuay, que además concluyó que un voto afirmativo a la propuesta minera en el referendo convocado por el presidente Moreno, constituía un voto en contra de la minería industrial.
Río Blanco está paralizada. Loma Larga se ubica en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón, y de esta mina se espera extraer anualmente 200 mil onzas de oro, un valor aproximado de USD 250 millones anuales. También en agosto, un colectivo filial de Ecuarunari obtuvo aprobación del Consejo Nacional Electoral para realizar en el cantón Girón una consulta popular sobre si se permitía el desarrollo del proyecto minero Loma Larga.
Ganen o no la consulta, los activistas tendrán una victoria: la Constitución otorga al Estado, y no a las comunidades, la potestad sobre el desarrollo minero. Si el CNE hubiera consultado a la Corte Constitucional, ésta no habría dado cabida a la consulta. En los hechos, la competencia sobre minería baja del gobierno central al cantonal.
El gobierno central no muestra mayor interés en que se materialice la inversión minera. Las solicitudes de licencia ambiental duermen el sueño de los justos en el Ministerio del Ambiente, y la inversión en las nuevas concesiones está paralizada.
Por razones similares la mina Mirador se desarrolla a media llave. Tampoco se otorgan más concesiones: el catastro está cerrado. El Ecuador estaba al punto de iniciar una gran bonanza de inversión en minería, a lo que seguiría la producción y exportación, con el consiguiente ingreso de divisas.
Es el sector de mejor potencial, para aliviar nuestra penuria de falta de ingresos fiscales y débil ingreso de divisas.
Pero ni hay un fuerte apoyo de los entes del Estado para esta industria, ni una demanda ciudadana para su desarrollo. Viene de anunciarse que un acuerdo está próximo con el Fondo Monetario.
El gobierno deberá ajustar la economía para mejorar la situación fiscal y fortalecer las exportaciones. Ajuste que la inversión e ingresos mineros hubieran aliviado
Por Walter Spurrier
Diario EL COMERCIO
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