El secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, anticipó que ese convenio pautado para "conciliar los intereses de la Nación y de las provincias" será tratado este mes en el Congreso Nacional. Si bien Santa Cruz acompañó el convenio, lo hizo con reserva de adhesión a los artículos 15 y 19, que establecían un techo para el cobro de regalías (3 por ciento) y para los aportes voluntarios de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) del 1,5 por ciento.
En Toronto, donde se desarrolla la Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC), presentará en el Congreso Nacional el Nuevo Acuerdo Federal Minero con el objetivo de minimizar los conflictos, avanzar en la modificación de la ley de Glaciares para facilitar el desarrollo de las actividades mineras y sentar las políticas del sector por los próximos 20 años.
"El país fue a decirle al mundo que quiere hacer minería de forma consensuada entre la Nación y las provincias; a través del diálogo y no de la imposición, aspiramos a los máximos estándares, estamos trabajando en mejorar el marco regulatorio para hacerlo más moderno y competitivo", aseguró el funcionario al dialogar con el portal EconoJournal.
El acuerdo fue firmado en junio pasado por las provincias que poseen subsuelos aptos para la minería e intentará homogeneizar criterios entre esos distritos. "Modifica la ley de inversiones mineras, propone un nuevo encuadre para las relacionales laborales, también para la promoción de las inversiones conjuntamente entre Nación y las provincias, siempre desde una mirada homogeneizadora", detalló Juan Biset, subsecretario de Política Minera.
Santa Cruz
Al momento de suscribir el acuerdo, la provincia lo hizo con algunas reservas. Una excepción al tope de 4,5% regirá para Santa Cruz, dado que hizo reserva de adhesión a los artículos 15 y 19 que establecen un techo para el cobro de regalías (3%) y para los aportes voluntarios de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) del 1,5%.
La provincia lo hizo entendiendo que aquellos comodities de valor fluctuante deben aportar en función de la rentabilidad de cada proyecto y por eso no debe ponérsele techo.
En contraposición a los buenos augurios planteados desde Nación, desde la provincia habían señalado algunos aspectos que no compartían un tiempo antes de firmar el convenio. El secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, había advertido que ese acuerdo intenta modificar aspectos inherentes a la toma de mano de obra local, a la Responsabilidad Social Empresaria, al compre local, como así también sobre el rol del Estado a través de las empresas públicas.
"No se podrá establecer más como prioridad la contratación de trabajadores radicados o nacidos en Santa Cruz, al igual que para la provisión de bienes, servicios e insumos, ya que prohibirá la celebración de acuerdos o normas que apoyen esta política de Estado", había puntualizado.
También había señalado que "si bien las modificaciones tienen en cuenta la necesidad de desarrollar proveedores de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, perjudican al empresariado local al establecer que será sin priorizar a los proveedores santacruceños". Evidenció, entonces, que esa política acciona "a contramano de los esfuerzos que se realizan conjuntamente con la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz o de la Federación Económica".
Los puntos centrales del acuerdo
-El convenio establecerá criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las industrias extractivas, fijándose éstas en un techo de 3% sobre el valor bruto (de venta) del mineral en boca de mina.
-Determina además destinar el 1,5% adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura, para financiar, por caso, obras de control ambiental y de aguas.
-El máximo a pagar por parte de los inversores a las provincias será de 4,5% de lo que facturen, en tanto que se convino desactivar otro aporte, de 1%, a cargo de las grandes empresas mineras y pensado para financiar obras de desarrollo a nivel local.
-La tutoría en la administración y asignación específica de estos recursos no pudo ser acordada entre Nación y Provincias. El esquema acordado es similar al que actualmente rige en San Juan para la explotación de sus recursos minerales.
-El convenio está enmarcado por el concepto de "federalismo de concertación", por lo cual "deberá ser tratado primero por el Congreso Nacional y luego por las legislaturas provinciales para su aprobación (o rechazo) como totalidad, es decir que no puede ser pasible de modificaciones".
-El acuerdo contempla además la creación de un organismo que realizará un catastro minero y también un Digesto Sectorial que reúna todas las normativas Nación-Provincias que regulan la actividad.
-Las concesiones durarán mientras haya mineral y se preservarán las condiciones fiscales, por períodos de 30 años, de acuerdo con lo que establece la Ley de Inversiones Mineras.
-Un aspecto que se modifica en el nuevo acuerdo federal es que en caso de producirse tres faltas graves en materia de cumplimiento de pautas ambientales la mina será cerrada y la empresa perderá inmediatamente el derecho a la propiedad del yacimiento en explotación.
La Opinión Austral
