Dijo que el ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal le exigía sobornos para liberar los certificados de obra de la Usina de carbón.
Por Lucía Salinas
La misma ambiciosa obra que los reunió, se convirtió -según su declaración como imputado colaborador-, en la razón por la que durante más de cuatro años, Juan Carlos De Goycochea entonces director de Isolux Corsán en el país, pagó coimas a Roberto de Baratta que por año podía superar el millón de dólares. "Pagaba para destrabar los certificados de obra de la Usina de carbón de Río Turbio", indicó ante el fiscal Carlos Stornelli cuando eligió declarar como "arrepentido". Cómo fue el mecanismo para pagar los sobornos y cuántos pagos realizó, es parte de su confesión que pudo reconstruir Clarín.
Las sumas le indicaron que si no se acogía al régimen del imputado colaborador, podría pasar más de seis años en la cárcel. Lo habló con su abogado, Javier Landaburu y fue entonces cuando después de entregarse el viernes, decidió firmar el acuerdo con el fiscal Stornelli. Después de una hora, lo trasladaron al cuarto piso donde se encuentra el juzgado del juez Claudio Bonadio. Allí se firmó un acta y se le preguntó si había declarado bajo presión o por propia voluntad, y aseguró que nadie lo había presionado.
Eso sí, De Goycochea puso una condición: que su declaración como imputado colaborador que aún debe homologar el magistrado, no sea utilizada en otras causas que tiene en Comodoro Py. El mismo Bonadio investiga presuntos sobreprecios en la Usina de Río Turbio.
Después que Isolux quedó como adjudicataria para la construcción de la Usina Termoeléctrica en Río Turbio (Santa Cruz), cobró el primer certificado de obra. "Después de eso Baratta empezó a exigir que para liberar los próximos teníamos que pagar", indicó De Goycochea ante Stornelli. Los pagos eran de 300.000 dólares cada uno y podían ser trimestrales.
Las cifras adjudicadas por la Justicia al ex director regional de Isolux en la Argentina, son superiores. El fiscal y el juez Bonadio los acusan como partícipe necesario de la asociación ilícita que "comandó Néstor y Cristina Kirchner", al haber pagado sobornos por 12,8 millones de dólares. Dicho monto fue desmentido por De Goycochea quien dijo que "las cifras y fechas no coinciden".
Al momento de explicar cómo era el sistema de pago y cobro de los sobornos, contó que Isolux utilizó al menos diez financieras "con las que se iba rotando". Entonces la empresa realizaba "transferencias a las financieras, después se hablaba con Baratta por teléfono y se acordaba la cifra. Después iba a la financiera a retirar el dinero y de ahí me encontraba con Baratta", dijo el ex director de la compañía española.
Los acuerdos sobre cifras y puntos de encuentro se hablaban siempre con el ex Secretario de Coordinación del ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido durante doce años. "Sólo hablaba con él, con nadie más", indicó De Goycochea.
Así, según el relato de Oscar Centeno en sus cuadernos que dieron origen a la causa del megaescándalo de las coimas, las entregas de dinero se realizaron siempre en Maipú 741, sede de Isolux. Una información corroborada por el empresario, "siempre procuró estar sólo cuando llegaba Baratta", especificó. Las entregas se realizaron en bolsas negras como en bolsos.
En su indagatoria como "arrepentido", intentó defender la Usina de Río Turbio que dio origen, según él, al pago de coimas. Negó la existencia de sobreprecios y señaló que era un "pliego licitatorio que no contemplaba muchas obras que hubo que hacer después".
La obra es investigada por sus costos. Cuando fue adjudicada tenía un valor de US$ 485 millones. Sin embargo, a fines de 2015, la termoeléctrica que quedó inconclusa y sospechada de corrupción, sufrió 11 redeterminaciones de precios, llevando su costo a US$ 1.631 millones, según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Es un 90% más de lo pautado.
Este lunes, el defensor Javier Landaburu presentará el pedido de excarcelación a la espera de la homologación del acuerdo para que el De Goycochea se convierta en imputado colaborador y no sería el único de los empresarios que analiza acogerse a dicho régimen.
Clarín
