El IADEM expresó su defensa a la modificación de la Ley de Glaciares

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería dio su postura sobre el proyecto de adecuación de la ley de glaciares que da "certidumbre jurídica, federalismo y protección ambiental efectiva

Desde el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) consideran que el debate en torno a la adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) no debe interpretarse como un retroceso en materia de protección ambiental. Por el contrario, entendemos que se trata de una oportunidad concreta para fortalecer dicha protección sobre bases jurídicas más claras, previsibles y acordes con el diseño federal consagrado por la Constitución Nacional, en beneficio del bien jurídico protegido.

Señalan en el IADEM que el proyecto de adecuación actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación no debilita el régimen de tutela de los glaciares ni de las geoformas periglaciares que constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos. Lejos de ello, resulta imprescindible para dotar al sistema vigente de mayor precisión conceptual, mejorando su eficacia ambiental y otorgando, al mismo tiempo, certidumbre jurídica tanto a las inversiones productivas como a las autoridades responsables de aplicar la norma.

La experiencia de más de una década de vigencia de la Ley 26.639 demuestra que varias de sus definiciones presentan un alto grado de imprecisión. Desde el IADEM sostienen que esta indefinición ha generado interpretaciones dispares, conflictos de competencias y un escenario de incertidumbre jurídica que afecta tanto a los actores económicos como a las propias autoridades provinciales. En un Estado de Derecho, la protección ambiental no puede sustentarse en normas ambiguas que dificulten su aplicación uniforme y previsible.

Desde nuestra perspectiva, un derecho ambiental efectivo debe apoyarse en reglas claras, precisas y operativas. Esa precisión normativa no implica una reducción de los niveles de protección, sino exactamente lo contrario: fortalece la tutela del bien protegido, mejora la eficacia de la norma y posibilita un desarrollo ambientalmente sostenible, coherente con los principios del derecho ambiental argentino. Por ello, desde el IADEM consideran acertado el proyecto de adecuación.

La Constitución Nacional brinda un marco inequívoco para este debate. El artículo 41 reconoce la potestad del Congreso de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, una facultad esencial del federalismo ambiental. Sin embargo, desde el IADEM destacan que esta atribución debe ejercerse de manera armónica con el resto del texto constitucional. En particular, el artículo 124 establece que las provincias son titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, lo que las convierte en actores centrales en su gestión, administración y protección.

En este sentido, desde el IADEM valoran que el proyecto de adecuación contemple la participación activa de las provincias. Lejos de contradecir el esquema de presupuestos mínimos, esta participación lo robustece, al permitir que la regulación nacional se complemente con el conocimiento técnico, territorial e institucional de las autoridades locales, un factor clave para una protección ambiental más eficaz de glaciares y geoformas periglaciares con función hídrica relevante.

Asimismo, desde el Instituto aclaran que el involucramiento provincial no habilita actuaciones discrecionales ni al margen del ordenamiento jurídico federal. En un sistema federal, las competencias nacionales y provinciales deben articularse armónicamente. El dominio originario de los recursos naturales se ejerce necesariamente dentro del marco de los presupuestos mínimos de protección ambiental y del conjunto de la normativa nacional vigente. Del mismo modo, dicho dominio no puede justificar restricciones irrazonables que frustren políticas públicas federales orientadas a una explotación racional de los recursos conforme al interés general.

En conclusión, desde el IADEM sostienen que la sanción del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares es imprescindible para superar las ambigüedades del régimen vigente, fortalecer la tutela ambiental, brindar certidumbre jurídica y consolidar un verdadero federalismo ambiental. No se trata de oponer ambiente y desarrollo, ni Nación y provincias, sino de articular ambos planos de manera coherente, respetando el reparto constitucional de competencias.

Tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la Ley 26.639, el camino es el del federalismo de concertación. Desde el IADEM afirman que la protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece. Y es ese fortalecimiento el que debe guiar el proceso de adecuación legislativa.