El litio: un reservorio de clase mundial

El régimen legal minero argentino ha permanecido estable durante los últimos 30 años.

Pablo Alliani

 

La industria del litio en Argentina ha logrado mantenerse relativamente inmune al inestable escenario político y económico local. Se trata de una de las pocas áreas -al menos hasta ahora- que no ha sido afectada por divisiones partidarias y que carece de los estrictos controles regulatorios que enfrentan la mayoría de las industrias. Los gobernadores de las provincias litíferas (Catamarca, Jujuy y Salta) han establecido una Mesa del Litio para coordinar regulaciones y trabajar junto al gobierno federal.

De acuerdo con la Constitución argentina de 1994 las provincias son las propietarias de sus recursos minerales, y pueden otorgar la propiedad de los derechos mineros a particulares, extranjeros o nacionales, sin restricción alguna. El Código de Minería prohíbe al Estado realizar actividades de explotación minera.

A diferencia de Argentina, Chile considera el litio como un recurso estratégico que requiere de aprobación estatal para nuevos proyectos. Las empresas privadas operan bajo contratos con el Estado y deben pagar regalías flexibles. Bolivia ha limitado la inversión extranjera en el sector y tiene una empresa estatal encargada, lo cual ha generado que casi no tenga producción.

El régimen legal minero argentino ha permanecido estable durante los últimos 30 años, brindando seguridad a los titulares de concesiones mineras y favoreciendo los negocios. La Ley 24.196 de Inversiones Mineras garantiza un régimen de estabilidad fiscal por 30 años y fija un límite del 3% a las regalías mineras a ser cobradas por las provincias.

Argentina se encuentra en una posición privilegiada en este “triángulo del litio” que comparte con Chile y Bolivia. En 1994, nuestro país representaba menos del 1% de la producción mundial, mientras que actualmente alcanza el 10% y, en los primeros meses de 2023, las ventas de carbonato de litio al exterior significaron US$ 294 millones, creciendo el 98% interanual y representando el 23% de las exportaciones mineras totales.

Las reservas de litio de Argentina son incomparables y las inversiones canadienses, chinas, estadounidenses y australianas en este sector han aumentado constantemente, ascendiendo a aproximadamente US$ 5.000 millones en los últimos dos años.

Actualmente, el país cuenta con dos proyectos en plena operación (Sales de Jujuy y Fénix), un proyecto a punto de comenzar a producir (Caucharí Olaroz) y otros 34 en diferentes etapas de desarrollo. Los expertos del mercado estiman que para 2025 el norte argentino podría generar hasta 300.000 toneladas anuales de carbonato de litio, convirtiéndose en el segundo mayor productor mundial. Hoy ostenta la cuarta posición (detrás de Australia, Chile y China). Además, existen seis proyectos en construcción que podrían llegar a producir 800.000 toneladas anuales en cinco años.

El precio del carbonato de litio, si bien ha caído desde principios de año debido a la menor demanda de China, se mantiene cerca de US$ 38.000 la tonelada.

El régimen legal argentino ha demostrado ser estable y favorable al mercado y se está evaluando la producción local de baterías de litio. Si bien son intenciones valiosas, el desarrollo para fabricarlas es extremadamente complejo por la nanotecnología que requiere la fabricación del cátodo de la batería, que demanda cientos de ingenieros y científicos. Esto no significa que Argentina no lo pueda hacer, pero se necesita de mucha inversión y un planeamiento a largo plazo.

Al margen de los proyectos minoritarios que impulsan la estatización de la industria del litio (extracción y comercialización), el proyecto de ley impulsado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, que se presentaría en el Congreso Nacional en las próximas semanas, declara “de interés estratégico al litio y su cadena de valor”.

El borrador del proyecto fijaría una cuota de compuestos y derivados del litio que las empresas productoras deberían entregar por concurso a los “productores industriales con proyectos de valor agregado”. Dichos productores serían empresas de titularidad o mayoría estatal o empresas privadas asociadas con éstas. Esta cuota se fijaría anualmente, siendo de 5% en el primer año y subiendo 2,5% en forma anual hasta alcanzar el 20%.

Establecer cuotas obligatorias para la comercialización del litio, fijando precios y condiciones de venta, es altamente negativo. Sería deseable que no caigamos en la tentación de intervenir en una industria que se ha desarrollado en condiciones de mercado, marcando un diferencial favorable frente a nuestros vecinos.

Esto desalentaría inversiones y afectaría la estabilidad jurídica minera, la cual explica el gran desarrollo de la industria en las últimas tres décadas. * Escrito con la colaboración de Alejandro D´Onofrio.

Clarín