En febrero podría tratarse en el Congreso el proyecto de electromovilidad
- 30 de enero, 2022
Plantea incentivos a terminales, autopartistas, productores de baterías y cargadores
La iniciativa favorece la producción de automoviles eléctricos y fija el 1 de enero del 2041 como fecha límite para la venta de modelos nuevos nafteros y diesel. Ayudaría a que se le de valor agregado al litio que se extrae en la Puna.
El Proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad es uno de los 18 proyectos que podrán ser tratados en sesiones extraordinarias, a partir del 1 de febrero del 2022.
La normativa establece la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, como organismo responsable de reglamentar las normas que regirán para los vehículos que se comercializarán en el mercado argentino, incluyendo los de producción nacional e importados.
Además, fija un régimen de beneficios para promover la adopción de vehículos eléctricos.
En relación a los vehículos, presenta un esquema de renovación de flota afectada al transporte de pasajeros, y vehículos de utilización de la administración pública nacional.
También, como ejes fundamentales, se plantean incentivos a las inversiones, para el incremento productivo de proyectos existentes, y a nuevos proyectos destinados a la producción de bienes de la movilidad sustentable.
Por otra parte, en lo que respecta a la producción, la normativa propone incentivos a las fábricas terminales, autopartistas, productores de baterías y cargadores, que tendrán beneficios fiscales “estáticos” cuando se instalen proyectos productivos de movilidad sustentable, y “dinámicos” en función del cumplimiento de metas acordadas (exportaciones, creación de fuentes de trabajo y desarrollo de proveedores).
Esto podría favorecer a que se instalen en la zona de extracción de litio, entre las que se encuentra Salta, proyectos que le den valor agregado al mineral, ya que por el momento solamente se plantea su exportación como carbonato de litio.
El Proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad, que establece el 1 de enero del 2041 como fecha límite para la venta de modelos nuevos con motores nafteros o diésel (salvo excepciones autorizadas), estima crear 12.500 puestos de trabajo en las terminales automotrices, con inversiones que ronden los 5.000 millones de dólares. También aportará 8.500 puestos de trabajo en los sectores autopartistas y fabricantes de baterías, nuevos actores en la cadena de valor de la producción automotriz.
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