Entre Ríos: El fallo que expuso las irregularidades de la minería de arenas de fracking en la provincia

El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos falló contra la clandestinidad de las plantas de arenas silíceas, insumo clave para el desarrollo de Vaca Muerta.

 

La medida involucra nueve empresas areneras y cuatro plantas de lavado que operaban sin certificados ambientales. Según el fallo, las empresas tienen 45 días para revertir su situación. Al respecto conversamos con Ricardo Luciano, el abogado que impulsó acciones legales para proteger los humedales y acuíferos.

Por Martín Álvarez Mullally.- Ricardo Luciano es el abogado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, localidad entrerriana que vive el boom de la extracción de arenas silíceas, insumo clave para la aplicación del fracking en Vaca Muerta. La explotación intensiva empezó en 2017 y desde entonces la circulación cotidiana de camiones, así como las nubes de polvo en el ambiente, es notable. Las areneras, además, requieren de grandes cantidades de agua para el lavado y la extracción. Agua que se obtiene de un reservorio subterráneo, la formación Talavera, la misma fuente con la que se abastece la población de Ibicuy y por la que se libraron importantes disputas. Según Ricardo, se trata de un sistema de aguas subterráneas muy frágil que abastece con 60 millones de litros de agua mensuales a la población, mientras las areneras consumen 360 millones de litros. La presión sobre este reservorio  cambió la concentración de minerales del agua que se extrae, al respecto Ricardo señala que la presencia de hierro, por ejemplo, se multiplicó por nueve, de los 0,05 miligramos por litro, la media previa a la instalación de las plantas de lavado de arenas, ascendió a 0,45 miligramos por litro, condición que complica su potabilización.

Con el amparo ambiental que presentó Ricardo Luciano quedó en evidencia que las empresas de minería de arenas trabajaban de forma clandestina y violaban la Ley General de Ambiente 25.675. Según él, para el desarrollo  de estos proyectos se omitieron audiencias públicas, se operó con certificados de aptitud ambiental vencidos y se negó el acceso a la información que también contempla la ley. Por esta última irregularidad, el letrado presentó otro amparo judicial con el que logró acceder a la información.

Las arenas de sílice se utilizan en el proceso de fracking. Cada pozo de shale en Vaca Muerta de alrededor de 50 fracturas requiere aproximadamente 15 mil toneladas de arena, que representan más del 15% del costo total del pozo. Cumplen la función de agente sostén, se acumulan en las grietas y aportan la porosidad que requiere la fractura para que el hidrocarburo fluya. Según se declara en el Capítulo IV de la Secretaría de Energía de la Nación, solamente en 2019 las empresas que operan en Vaca Muerta utilizaron 1.403.624  toneladas, mientras se proyecta que la demanda llegue a los dos millones de toneladas anuales para 2022.

Ricardo Luciano presentó dos amparos, uno en la justicia provincial ordinaria y otro en el fuero federal. El amparo del ámbito provincial es contra el gobernador Gustavo Bordet, responsable a cargo del Ejecutivo provincial que, según explica el abogado,  debe obrar por el ambiente y la población, ya que de ese poder dependen  secretarías como la de Ambiente, responsable de aprobar los proyectos y controlarlos. Para llegar al Tribunal Superior de Justicia, agrega, hubo una serie de instancias previas, entre ellas el rechazo de la Procuración General al amparo.

En el fuero Federal, Ricardo Luciano representa al ingeniero agrónomo Carlos Cadoppi, cuyo campo se inunda como consecuencia del accionar de la arenera La República, de Cristamine SA. Las pruebas indican que la empresa arroja sus residuos en los arroyos Cuartillo, Carqueja, Los Perros y Baltasar, con lo que obtura sus cauces naturales, afecta los humedales e impacta en el ecosistema del río Paraná. En esa causa se busca probar la interjurisdiccionalidad de la afectación sobre el río Paraná y de esta manera adjudicar a la  justicia Federal la resolución del caso. Esta empresa, explica Ricado, también operaba con el certificado de aptitud ambiental vencido.

Con el fallo a favor del acceso de la información, Ricardo recibió 33 expedientes de entre 200 y 350 páginas que estudió minuciosamente. Entre lo que encontró, manifiesta que le llamó especialmente la atención el caso de El Mangrullo, la cantera de YPF en Ibicuy,  cuyo estudio de impacto ambiental niega el consumo de aguas subterráneas y declara que hasta comprarán agua en bidones para abastecer al personal. Sin embargo, en un expediente ampliatorio YPF agrega que consumirá 335 metros cúbicos hora, mientras en la audiencia pública que realizó la Municipalidad de Ibicuy declaró 1000.

Según Ricardo Luciano, este tipo de contradicciones e inconsistencias son características de la información que figura en los expedientes. Con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia reconoce las irregularidades cometidas por las empresas vinculadas a la minería de arenas silíceas para el desarrollo de Vaca Muerta. Un paso a favor de la visibilización de los impactos que la industria genera en la provincia de Entre Ríos.

Foto: Eduardo Bodiño

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