Estudian aplicar un nuevo impuesto a petroleras, mineras y el campo para financiar más ayuda social

La Casa Rosada quiere ganar tiempo y apaciguar el fuego amigo

 

El Ministerio de Economía estudia la posibilidad de implementar una asistencia similar pero de menor magnitud al Ingreso Familiar de Emergencia, un reclamo de La Cámpora

En la Casa Rosada dan por descontada la necesidad de dar una señal que redirija la gestión, pero repiten dos motivos por los que Alberto Fernández busca no remover a Martín Guzmán del quinto piso del Ministerio de Economía en el corto plazo, a pesar del dato de inflación de marzo (6,7%), el más alto en 20 años.

Primero, porque una potencial salida liquidaría cualquier sueño político del Presidente y su grupo más cercano, por interpretarse como una “rendición absoluta” a Cristina Kirchner, en este contexto de alto voltaje.

Segundo, porque dicen no encontrar candidatos que estén dispuestos a asumir el rol en este momento. En este punto hay polémica. Algunas fuentes cercanas al Presidente dicen que nadie quiere reemplazarlo porque sería “poner en riesgo su carrera” o “quemarse para la causa”. Otros opinan que si alguien sustituyese al ministro, recibiría una economía a punto de producir buenas noticias, dado que la inflación tenderá a la baja, el dólar está calmado y los acuerdos con acreedores, cerrados.

Fuentes de la Casa Rosada aseguran que buscan ganar tiempo y atrasar cualquier decisión importante de cambios en el Gabinete para dentro de unos meses, cuando se desaceleren las subas de precios y haya menos “ruido político”. Mientras tanto, Guzmán le guiña el ojo a La Cámpora con declaraciones tales como su referencia a algún proyecto para redistribuir las “rentas inesperadas del campo” y con una propuesta del seno del Instituto Patria.

Uno de los reclamos a Guzmán es la falta de políticas masivas para mejorar los ingresos y la insuficiencia de abrir paritarias. De acuerdo con diversas fuentes oficiales, Guzmán podría hacer lugar a una propuesta del kirchnerismo que fue descartada múltiples veces: revivir un ingreso similar al IFE -aunque menos masivo- para apaciguar los efectos de la acelerada inflación en los sectores informales y desempleados, informó Ambito Financiero. La versión fue confirmada por fuentes oficiales.

El Gobierno está trabajando en un proyecto para “redistribuir las ganancias” de los sectores mineros, de energía y agropecuarios.

Avanzar en este sentido sería responder a una crítica. Un diputado referenciado en Cristina Kirchner comentó a LA NACION que no ve coherencia en el discurso del ministro. Mientras que asegura que la acelerada inflacionaria se debe a factores internacionales -con lo que coincide-, le reclama una falta de políticas para mitigar el impacto del aumento de precios en los ingresos. “Si el problema es exógeno, ¿Por qué dice de resolverlo con menos emisión? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, dijo.

El reclamo a Guzmán en relación con la “falta de un paquete antiinflacionario” se ancla en algunas políticas que La Cámpora considera que deberían implementarse con urgencia. Casi todas están relacionadas con medidas de shock para los ingresos y con reducir las “ganancias extraordinarias” de los sectores que se ven beneficiados por el aumento de precios internacionales, para subsidiar los valores a nivel local.

Un día antes de la aprobación del acuerdo con el FMI en el Senado, hubo un encuentro entre referentes económicos del kirchnerismo en el Congreso. La inflación se planteó como una preocupación central por lo económico, pero fundamentalmente por lo político. De acuerdo con los presentes, se discutió el riesgo de la estrategia tarifaria y cambiaria, como una “política suicida”.

Un legislador por el Frente de Todos propuso una idea: subir las retenciones al sector petrolero, que actualmente paga el 8%. Con ello, su idea era hacer un fondo para subsidiar la energía. “De esa manera no generás un choque con los objetivos de consolidación fiscal, morigerás la inflación y mejorás el ingreso disponible de las familias y la competitividad de las Pymes”, comentó, aunque pidió mantener reservada su identidad.

La propuesta está en línea con el reclamo de Roberto Feletti, a quien algunos referentes quieren apuntalar para que adquiera más preponderancia dentro del Gabinete. Su idea de subir las retenciones a los granos al maíz, trigo y girasol fue descartada por Guzmán múltiples veces, la última siendo en la entrevista por televisión de este lunes, en la que dijo: “Hay una definición política tomada de no aumentar los derechos de exportación de los granos” pero luego aseguró que se encuentra trabajando en crear un “mecanismo para redistribuir la renta inesperada que no es producto de una inversión adicional hacia los sectores que más desprotegidos han quedado”.

Otro de los puntos de conflicto entre La Cámpora y Guzmán, es el tema energético. Algunos referentes del Instituto Patria creen que no puede aplicarse ninguna reducción de subsidios dada la delicada situación social. Argumentan que, además, no tendrá ningún efecto en las metas comprometidas con el FMI porque el impacto que pueda tener una disminución de la asistencia en gas y luz es mínimo debido al desacople generado por la guerra en Ucrania y el aumento de los valores internacionales. Proponen no llevarlo adelante.

Hace cinco días, un grupo de asociaciones cercanas a La Cámpora le enviaron una carta Guzmán con dos pedidos: que las audiencias para definir el incremento tarifario sean presenciales, a diferencia de lo que ocurrió las últimas dos veces por la pandemia, y que estén encabezadas por el propio ministro de Economía.

En este sentido, a este miércoles negro por el dato de inflación se le sumará un jueves y viernes en tensión, dado que el Gobierno debería publicar el decreto de necesidad y urgencia con la modificación presupuestaria ajustada a las metas con el FMI. Allí podrían presentarse dos puntos de conflicto, potenciados por el hecho de que el Ejecutivo decidió no enviar un proyecto de ley al Congreso. Por un lado, Guzmán no confirmó si incorporará detalles del esquema de subsidios acordado con el organismo de crédito. Por el otro, debería contener una baja en el gasto público, de acuerdo con el memorando, como las transferencias discrecionales a provincias, municipios, empresas públicas y obras públicas, decisión que no simpatiza a La Cámpora.

Camila Dolabjian

La Nación