Glaciares y minería: el debate que reabriría modificar la Ley 26.639
- 10 de junio, 2025
El Gobierno nacional trabaja en un decreto que modificaría la Ley 26.639, generando polémica por la posible habilitación de actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares.
Por Alejandro Pellegrinuzzi
Argentina tiene más de 16.000 glaciares registrados, y más de 850 de ellos se encuentran en San Juan.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 bajo el número 26.639, fue una herramienta clave para la protección de una de las reservas de agua dulce más importantes de Argentina: sus glaciares y el ambiente periglaciar que los rodea.
Se trató de una “ley de presupuestos mínimos”, es decir, una norma ambiental que fija un piso obligatorio de protección que todas las provincias deben cumplir. En este caso, el objetivo fue claro: blindar a los glaciares y las zonas periglaciares de cualquier tipo de actividad que pudiera dañarlos.
La norma no solo reconocía a los glaciares como bienes públicos, sino que prohibía expresamente liberar contaminantes, realizar construcciones de gran envergadura o desarrollar proyectos de exploración/explotación minera o hidrocarburífera en esas zonas. También protegía el valor científico, turístico y ecosistémico de estos espacios.
Dato: Argentina tiene más de 16.000 glaciares registrados, y más de 850 de ellos se encuentran en San Juan, una provincia que combina altísima riqueza hídrica en altura con una dependencia crítica del agua cordillerana para abastecer sus valles.
¿Qué es el ambiente periglaciar y por qué es clave?
El concepto de “ambiente periglaciar” refiere a las zonas que rodean los glaciares, donde el suelo está congelado todo el año (permafrost) y actúa como una gran esponja natural que retiene y regula el agua. Aunque a simple vista puedan parecer “zonas muertas” o sin vida, cumplen un papel vital en el ciclo hídrico.
Estos ambientes son especialmente frágiles y sensibles al cambio climático. Funcionan como reservas de agua de largo plazo, y su alteración puede tener consecuencias directas sobre el abastecimiento de agua a poblaciones enteras.
El decreto que enciende la alarma
Este fin de semana, medios nacionales informaron que el Gobierno nacional estaría preparando un decreto que modificaría la reglamentación de la Ley de Glaciares para permitir actividades económicas en ciertas zonas periglaciares.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía con apoyo de la Secretaría de Energía y técnicos de Casa Rosada, busca —según fuentes oficiales— brindar seguridad jurídica a las inversiones privadas, en especial las de minería e hidrocarburos.
Para lograrlo, el decreto propondría acotar el área periglaciar protegida solo a ciertos tipos de formaciones: aquellas de más de una hectárea, con presencia activa de hielo, función hídrica comprobable y que figuren en el Inventario Nacional de Glaciares. Es decir, se reduciría notablemente el territorio con restricciones.
Desde el oficialismo insisten en que los proyectos deberán cumplir con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, los expertos recuerdan que este tipo de estudios son apenas un paso técnico, y no garantizan en todos los casos la sostenibilidad del entorno afectado.
Cambio climático y retroceso glaciar: la amenaza ya está acá
En un contexto de calentamiento global, donde los glaciares del país —incluido el icónico Perito Moreno— muestran signos de retroceso, la preocupación no es teórica. Es urgente.
En San Juan, por ejemplo, la disminución de nevadas y el derretimiento acelerado de cuerpos de hielo ya se siente en el caudal de los ríos y en la planificación de cultivos y consumo urbano. Los modelos climáticos coinciden: el agua será cada vez más escasa y los ambientes de altura jugarán un rol cada vez más estratégico.
Modificar la protección de estas zonas, alertan los científicos, puede tener un costo ambiental y social que comprometa seriamente el futuro.
Un debate que ya se intentó abrir (y fracasó)
Este intento de modificación no es nuevo. Durante el tratamiento de la Ley Bases en 2024, el Gobierno había incluido artículos similares para reducir las restricciones de la Ley de Glaciares, pero ante la falta de apoyo legislativo y la presión social —incluida una advertencia de la ONU—, los retiró del texto final.
En 2019, además, la Corte Suprema de Justicia ya había ratificado la constitucionalidad plena de la ley original, validando su alcance y aplicación.
El nuevo intento, ahora por la vía del decreto, vuelve a encender las alarmas. Muchos expertos lo ven como una maniobra que sortea el debate parlamentario y reduce los controles democráticos sobre una política ambiental de enorme impacto.
La pregunta de fondo: ¿inversión o preservación?
El dilema es profundo y no admite respuestas simples. ¿Cómo se equilibra la necesidad de atraer inversiones —en un país con urgencias económicas— con la obligación de proteger recursos naturales esenciales y no renovables?
El Gobierno habla de seguridad jurídica para el capital privado. Pero los especialistas recuerdan que también existe una seguridad hídrica y ecológica, que es tan o más importante para la vida de las generaciones actuales y futuras. Porque si perdemos las reservas de agua en altura, perdemos soberanía hídrica. Y eso no se recupera con regalías mineras.
Diario Huarpe