BUENOS AIRES (Sputnik) ? La Corte Suprema de Argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de protección de glaciares al rechazar un recurso presentado por la empresa minera Barrick Gold, que ocasionó varios derrames en la provincia de San Juan (noroeste).
"Barrick Gold y Minera Argentina Gold no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera", estableció el máximo tribunal en su sentencia.
Por unanimidad, la Corte Suprema avaló la ley 26.639 para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente sancionada en 2010 por las dos cámaras del Congreso, que prohíbe la explotación minera sobre glaciares y periglaciales y establece la creación de un inventario nacional de estos cuerpos de hielo.
El máximo tribunal rechazó los planteos de la compañía canadiense Barrick Gold, la minera Argentina Gold y la provincia de San Juan.
Con su fallo, a través del cual la Corte reivindicó la protección de glaciares como reserva estratégica de los recursos hídricos del país, el tribunal puede incidir en los proyectos de explotación minera que se encuentran sobre cuerpos de hielo.
"La protección de los glaciares en un Estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses", manifestaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Por ende, "ninguna interpretación ?concluyeron? es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución", añadieron en su fallo.
La ley protege los glaciares y al ambiente periglacial actúa como garante de la "reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".
"Para dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, debía reconocerse la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños", especifica el fallo.
El presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y la ministra Elena Highton de Nolasco también se pronunciaron al momento de rechazar los recursos.
"Las concesionarias no han probado actividad administrativa alguna de parte de las autoridades nacionales que afecte de un modo suficientemente directo un interés legítimo suyo", señalaron.
Las empresas mineras "tampoco han demostrado que la mera vigencia de la ley de glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos", puntualizó el juez Rosenkrantz.
"Idénticas conclusiones, aunque por razones parcialmente diversas, cabe arribar en lo que concierne a la configuración de un caso controversia entre el Estado Nacional y la provincia de San Juan", añadió.
Por su parte, la única magistrada de la Corte afirmó que "las concesionarias Barrick Exploraciones Argentinas S.A. Exploraciones Mineras Argentinas S.A. la provincia de San Juan han formulado sus planteos de manera genérica y no han logrado invocar la existencia de un caso controversia judicial que habilite este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la cuestión".
En octubre de 2018 fue elevado a juicio una causa judicial que investiga el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada que en septiembre de 2015 causó la empresa Barrick Gold en la minería Veladero y que constituye el vertido más grave en la historia del país sudamericano.
Dos exfuncionarios, el exsecretario de Minería Jorge Mayoral y el exsecretario de Ambiente Sergio Lorusso, están procesados en esta causa.
La justicia provincial también debe investigar la responsabilidad de la multinacional y de los funcionarios de la gobernación local por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos.
El Gobierno de Mauricio Macri manifestó en 2017 su intención de flexibilizar la ley de protección de glaciares para alentar la explotación de proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.
En el territorio argentino existen hasta el momento 44 proyectos mineros que se encuentran sobre cuerpos de hielo protegidos por la ley, de acuerdo a un informe técnico del Ministerio de Ambiente.
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