La industria del litio en Argentina: un reservorio de clase mundial con un gran futuro

Por Alejandro D´Onofrio

La industria del litio ha quedado en cierto modo inmune al inestable escenario político y económico argentino. El litio es una de las pocas áreas -al menos hasta ahora- que no ha sido afectada por divisiones partidarias y que carece de los estrictos controles regulatorios que enfrentan la mayoría de las industrias en el país.

Los gobernadores de las provincias ricas en litio de Catamarca, Jujuy y Salta, cada uno de un partido político diferente, formaron un comité regional denominado Mesa del litio para coordinar las regulaciones provinciales y ante el gobierno federal.

En la Argentina, las empresas privadas controlan la producción de litio y el gobierno recauda impuestos y regalías y ejerce poderes ambientales y administrativos. Ese marco legal básico para la minería no ha cambiado en los últimos 30 años, las provincias son las propietarias de sus recursos minerales y pueden otorgar la propiedad de los derechos mineros a particulares, extranjeros o nacionales, sin restricción alguna.

Asimismo, existe una prohibición en el Código Minero Argentino para que el Estado realice actividades de explotación minera. Este marco legislativo ha actuado como protección contra los intentos de expropiación, los controles e intervenciones gubernamentales y un esquema fiscal excesivamente oneroso.

Como se repite hasta el cansancio, la Argentina se encuentra en el llamado “triángulo del litio”, junto con Bolivia y Chile, el cual contiene aproximadamente el 70% de las reservas mundiales de litio, principalmente debajo de sus salares. Las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy, donde se ubican los yacimientos y las empresas productoras de litio, han sostenido con firmeza la actividad, con un esquema regulatorio favorable al mercado y un atractivo paquete de incentivos económicos.

En este contexto, la producción de litio de Argentina ha aumentado dramáticamente, de menos del 1% de la producción mundial en 1994 al 10% actual. En la actualidad, el país cuenta con dos proyectos en plena operación (Sales de Jujuy y Fénix), un proyecto que ha empezado a producir recientemente (Caucharí Olaroz) y 34 proyectos en diferentes etapas de desarrollo. En los primeros cuatro meses del 2023 las ventas de carbonato de litio al exterior alcanzaron los US$294 millones, creciendo un 98% interanual y representando el 23% de las exportaciones mineras totales.

En términos de reservas, Argentina posee aproximadamente el 9% del total mundial (2,2 millones de toneladas), siendo la tercera más grande del mundo. Chile es el principal poseedor con 9,2 millones de toneladas, Australia tiene 5,7 millones de toneladas y China 1,5 millones.

Los expertos del mercado estiman que, para 2025, el norte de Argentina podría generar hasta 300.000 toneladas anuales de carbonato de litio, convirtiéndose en el segundo mayor productor mundial.

Las inversiones canadienses, chinas, estadounidenses y australianas en este sector han aumentado constantemente, ascendiendo a aproximadamente US$5.000 millones en los últimos dos años, y se prevén importantes inversiones en el corto plazo, tanto en nuevos proyectos como en la ampliación de los existentes.

Las previsiones de exportación de carbonato de litio también son muy optimistas, con una estimación de 800.000 toneladas anuales en cinco años. También se está evaluando seriamente la construcción de instalaciones para producir localmente baterías de litio.

El régimen legal argentino ha demostrado ser estable y favorable al mercado, a pesar de las fluctuaciones políticas y económicas que ha atravesado la Argentina en las últimas décadas.

Los proyectos que proponen la declaración del litio como “mineral estratégico” e, incluso, algunos que promueven directamente la estatización de la producción y comercialización del son absolutamente minoritarios y no cuentan con el apoyo político necesario para llevarse a la práctica.

Sería deseable que no caigamos en la tentación de intervenir en una industria que se ha desarrollado en condiciones de mercado, marcando un diferencial favorable frente a nuestros vecinos.

Esto desalentaría inversiones y afectaría la estabilidad jurídica minera, que ha sido a mi entender un factor fundamental que explica el gran desarrollo de la industria en los últimos 30 años, junto con las inmejorables reservas mineras con que cuenta el país.

Por Alejandro D´Onofrio

abogado a cargo del área minería de BOMCHIL, firma de abogados full-service que este año celebra su 100° aniversario.

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