Pese a que se la postula como uno de las actividades más importantes que la provincia tiene para financiar su desarrollo autónomo, la minería está ausente en la discusión de campaña.
Las fuerzas mayoritarias coinciden en que es "política de Estado", pero aparte de esa generalidad han intercambiado dardos en varias oportunidades por el modo en que se manejan los recursos y las interpretaciones en torno al concepto. Es extraño que hayan decidido invisibilizar el asunto en sus respectivas prédicas proselitistas.
El oficialismo aprovechó el lunes un encuentro que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo con referentes de las empresas del sector en Buenos Aires, del que participaron las gobernadoras Lucía Corpacci, de Catamarca, y Alicia Kirchner, de Santa Cruz.
Fernández dijo que la minería es "una oportunidad" para incrementar los ingresos por exportaciones y que el Estado se aprovisione de los dólares necesarios para que la economía reempine.
"Ya estamos trabajando para que las inversiones en Vaca Muerta y en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica", dijo, y les pidió a los gobernadores y empresas que realicen un "esfuerzo conjunto" y "una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad".
Solicitó además "avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería".
Pero en la dialéctica política local no hay discusión. Tal vez ambas partes supongan que no es conveniente menear el tema porque tienen flancos vulnerables.
Juntos por el Cambio, denominación adoptada por el FCS, carga con la dilapidación de los millonarios recursos provenientes de la renta minera que entraron a las arcas públicas durante las dos gestiones de Eduardo Brizuela del Moral, en concepto de regalías y de utilidades por la participación de YMAD en la explotación de Bajo La Alumbrera.
En la vereda contraria, algunos logros que podría exhibir el Gobierno se empañan por los manejos poco claros de la estatal CAMYEN, el tráfico de rodocrosita y las características del contrato rubricado con Yamana Gold, propietaria de los derechos sobre Agua Rica, por los que la Provincia accedería al 3% de las utilidades, no de la explotación del yacimiento andalgalense, sino de lo que a Yamana le toque en la sociedad que armó con las firmas Glencore y Goldcorp. Y todavía la puesta en marcha del emprendimiento está en veremos, con problemas judiciales y la licencia social pendiente.
Tampoco se difunden ideas para sacar provecho del boom del litio, que obedece menos a las políticas locales que a un fenómeno mundial. CAMYEN no se ha interesado en asociarse al negocio con los capitales privados, de modo que los ingresos para la provincia se reducirán a lo que las firmas paguen en concepto de regalías, que de ningún modo alcanzará los volúmenes de Bajo La Alumbrera, que explota oro y cobre, o los que arrojaría Agua Rica cuando empiece.
La empresa Galaxy Resources es la que más avanzada está con el emprendimiento Sal de la Vida, en Antofagasta de la Sierra.
Al margen de las imputaciones que los contendientes puedan intercambiar, y de las conjeturas que hagan respecto del daño electoral que puedan producirles, se trata de tema central para el futuro de Catamarca.
Limitarse a abundar en que se trata de una "política de Estado" ?y en esta campaña no ocurre ni siquiera eso- es retacear información valiosa para el electorado.
El oficialismo tiene una política en marcha ¿Qué opinan de ella los candidatos de Juntos para el Cambio? ¿Qué continuarían y qué modificarían en caso de hacerse con el Gobierno?
Un punto importante pasa por las políticas tendientes a revertir el sentimiento antiminero que cunde en amplios sectores del oeste y obstaculiza la licencia social indispensable para cualquier explotación. Muestra de la vigencia de esta animadversión es el conflicto en Antofagasta de la Sierra por el acueducto proyectado en el río Los Patos para ampliar la explotación de litio.
El Ancasti
