Expresaron que resulta clave para proteger a las cuencas de agua. Y que muchas compañías deberán suspender proyectos.
El fallo de la Corte Suprema a favor de la constitucionalidad de la ley de glaciares fue celebrado por organizaciones ambientales de todo el país y activistas defensores de la ecología. Estaban alertas por la definición y sostenían, en los días previos, que un fallo contrario al que finalmente salió hubiera puesto en riesgo todo el andamiaje jurídico ambiental de la República Argentina. Pero pasó lo que esperaban: la normativa fue ratificada
Gonzalo Strano, vocero de
Greenpeace, expresó: "Celebramos el fallo, ya que no hay dudas que los glaciares deben ser protegidos. Este resultado responde, sin dudas, al reclamo que todas las asambleas del país y las organizaciones civiles han llevado adelante. El pedido de Barrick para que se declare la inconstitucionalidad de la normativa nacional ha sido una jugada perversa que afortunadamente perdió. Ahora, resta que se haga efectivo el cumplimiento de la ley y que cierre Veladero. No podemos permitir más minería sobre los glaciares de los argentinos".
El fallo pone un freno a los 44 proyectos mineros cercanos o sobre cuerpos de hielo que están evaluados, según consta en un documento de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expresó que "Barrick siempre supo que su emprendimiento minero Veladero y el proyecto Pascua Lama violan la Ley de Glaciares, por eso cuestionó judicialmente la legislación. Ahora no hay más excusas, desde hace años que venimos pidiendo la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares, especialmente en las zonas donde están en peligro."
Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental de FARN, expresó que se trata de
"una decisión que reafirma la importancia estratégica de nuestras fuentes de agua dulce, y respalda el sistema de protección ambiental vigente con leyes de presupuestos mínimos. Es una decisión que vuelve a poner sobre la mesa que los intereses particulares no pueden pasar por alto las necesidades de un país de preservar sus bienes ambientales".
Clarín
