Es posible que ayer Mauricio Macri haya disfrutado la mejor jornada que le tocó en suerte desde las elecciones del año pasado. El directorio del FMI aprobó el crédito de 50.000 millones de dólares asignado al país y la liberación inicial del tramo de 15.000 millones. Minutos más tarde, Morgan Stanley Capital International (MSCI) recalificó a la Argentina elevando su condición de mercado de frontera a mercado emergente .
Una excelente noticia, que obliga a los inversores a reorganizar sus portafolios y a adecuarse a los nuevos índices de riesgo, aumentando la proporción de activos argentinos. Según los expertos, esta decisión determinaría un flujo de inversión que oscila entre los 3000 y 6000 millones de dólares. Dante Sica anticipó que esto ocurriría. Pero fue el viernes, mientras almorzaba con Mario Brodersohn, y todavía Mario Quintana no le había ofrecido el Ministerio de Producción.
Más allá de ese efecto financiero saludable, interesa la razón principal de la nueva categorización. Indica que actores importantes del mercado, muchos de los cuales fueron consultados por MSCI, siguen confiando en la racionalidad económica del país. A pesar de la tormenta que lo castiga desde abril. Después del anuncio, las principales compañías locales listadas en la Bolsa de Nueva York tuvieron una suba significativa en sus cotizaciones. El anuncio de MSCI cerró una década. El 18 de junio de 2008, esa calificadora había degradado a la Argentina a mercado de frontera, basándose en las restricciones de Cristina Kirchner a la circulación de capitales.
Las noticias de ayer no señalan el final de la crisis. Pero podrían ser la plataforma desde la cual Macri relance su gobierno. La experiencia que se inició en diciembre de 2015 se había propuesto inaugurar un ciclo de crecimiento liderado por la iniciativa privada. Para eso debían fijarse reglas estables y corregirse innumerables distorsiones. El oficialismo comenzó por normalizar los precios. Después se enfocó en reducir los costos. Sobre todo el fiscal y el laboral. La crisis financiera que se desató el 25 de abril pasado desbarató esa tarea. No solo porque la inflación no será menor, sino que aumentará. Y porque el crecimiento, si se verifica, será muy modesto. Muchos sectores de la economía quedaron desequilibrados por la inestabilidad cambiaria. El oficialismo intervendrá en varios mercados para controlar la emergencia. Se suspenderán las reglas que se habían establecido. Y los precios serán, de un modo u otro, manipulados. La turbulencia devolvió a Macri al punto de partida. Las promesas iniciales a los inversores no serán cumplidas.
Desde hace semanas los funcionarios anuncian medidas para sacar al país de la zona de peligro. Pero el desafío oficialista es mucho más exigente. Los distintos actores económicos, sobre todo los inversores, esperan del Presidente y de su equipo que definan con precisión qué profundidad va a tener, cuánto va a durar y cómo se va a salir del estado de excepcionalidad al que se ingresó por culpa del desbarajuste financiero. Ellos deben volver a diseñar el itinerario. Demostrar que el tren no descarriló. Inspirar la convicción en que las nuevas anomalías son solo un episodio en una curva larga y, a pesar de lo ocurrido, ascendente.
La situación actual es muy distinta de la que se había previsto el año pasado, cuando Cambiemos arrasó en las elecciones. También difiere de la que imaginó el Gobierno en diciembre, al modificar las metas de inflación. Ni siquiera es la que se pronosticaba cuando se recurrió al FMI. El dólar cotiza a 28 pesos y la tasa de interés es del 47%. Al Fondo se fue para evitar este resultado. Luis Caputo, flamante presidente del Banco Central, celebró la renovación del 60% de las Lebac. Y justificó por qué los bancos, la Anses y la provincia de Buenos Aires no renovaron el 60% restante. Una explicación indispensable. Porque la suba de la tasa dio la impresión de que el mercado no había sido favorable. Nadie supone que el oficialismo pretende subir más el costo del dinero. Corolario: con un peso que se depreció 10% en una semana y tipos de interés que subieron 7 puntos en un día, la inestabilidad no sigue amenazando.
Para remover estas incertidumbres Caputo opera con nuevas restricciones, impuestas por el Fondo. Diego Pereyra y Lucila Barbeito, analizaron ayer, en un informe de JP Morgan, la proyección de esos compromisos sobre la política monetaria. Observaron que el Central deberá limitar la venta de reservas a períodos de verdadera disfunción cambiaria. Y que, si interviene en el mercado más allá de lo pactado, deberá discutirlo con Washington. Además, se obligó a incrementar las reservas netas internacionales en 5500 millones de dólares para fin de junio y en 2000 más hasta fines del año próximo. Los dos economistas concluyeron que, para alcanzar estos objetivos, el peso deberá devaluarse más de lo esperado, o las altas tasas tendrán que mantenerse por más tiempo.
El reporte de JP Morgan indica que se desconoce el comportamiento de variables cruciales de la economía. Cuanto antes desaparezcan estas dudas, más fácil será para el Gobierno realizar una tarea imprescindible: ofrecer un régimen de transición a actividades que han sido alteradas por los nuevos precios. Una de ellas es la energética. La producción de hidrocarburos está afectada por el aumento del petróleo, que en un año fue del 65%. A esta suba hay que agregar el efecto de la devaluación. Si estas nuevas coordenadas se trasladaran al precio de los combustibles, estallaría la indignación de los consumidores. Más allá del impacto en la inflación. Javier Iguacel, el nuevo ministro de Energía, debe negociar una solución a este complejísimo problema. Así como es imposible que quienes compran naftas y gasoil paguen los precios derivados de estos cambios, tampoco se puede pretender que el costo lo absorban por entero las empresas, sin que colapse la inversión. Además, ¿el recorte en las ganancias lo afrontarán solo los productores? ¿O será compartido por transportistas y distribuidores? Es una incógnita interesante porque en esta última especialidad hay algunos amigos del Presidente. Minucias. Lo importante es que, por ejemplo, todo el proyecto Vaca Muerta está en suspenso. Pero lo mismo sucede con la generación de electricidad, cuyos contratos deberán ser revisados. El campo quedó también sin referencias. Con un tipo de cambio depreciado, hasta los mismos ruralistas prevén que no se producirá la rebaja prometida a las retenciones. Al revés, ¿habrá una suba? Nadie sabe ni contesta.
La construcción, a la que el oficialismo había confiado buena parte del despegue, también sufre las nuevas distorsiones. El gremialista Gerardo Martínez lo explicó el lunes pasado: hay una dolarización artificial, se suspendió el crédito y los corralones no dan precios. Estas dificultades se extienden a todos los rubros. Es el problema que espera al clarividente Sica.
Estos enigmas, que son los más tangibles, impiden definir la política salarial. ¿Cómo acordar las paritarias sin saber la tasa de inflación ni la competitividad con la que quedó cada sector? La estrategia original de Macri fue puesta entre paréntesis. Los inversores de largo plazo necesitan que les respondan preguntas esenciales. Por eso el cometido más importante del Gobierno a partir de las novedades de ayer es delinear un puente que conduzca a un nuevo equilibrio. ¿Cuáles serán las pautas para cada actividad durante ese trayecto? ¿Qué equidad habrá en el esfuerzo? ¿Cuánto durará la etapa de excepción? Resolver estos interrogantes es indispensable no para atraer nuevas inversiones. Para retener a las que están.
El oficialismo necesita redibujar el mapa. Ese reto demanda un ensamblado complejísimo, que el Presidente piensa conseguir sin demasiados cambios en su método. Hubo relevos de personas. Pero el organigrama parece inalterado. La concentración de las decisiones sigue siendo la regla. Sampaoli modifica su sistema. Macri, no. Está en su derecho. Es el Presidente.
Para recrear la confianza es insuficiente la política económica. La crisis introdujo otra incertidumbre que hace poco no existía. La reelección de Macri ha dejado de ser dogma. Se trata de una novedad importante porque el espíritu cooperativo del peronismo poskirchnerista se alimentaba en esa convicción. El Presidente necesita ahora de ese peronismo no solo para compensar su debilidad parlamentaria. Necesita de él para convencer a los inversores de que la nueva hoja de ruta será respetada aun con un cambio de signo en el poder. Sobre todo si se considera que la normalización llevará, por lo menos, un año. Ese objetivo requerirá un entendimiento con los gobernadores peronistas. Y también con Sergio Massa, que controla unos 20 diputados. El acercamiento a Massa será más dificultoso desde ayer. La revelación de que Gianfranco Macri, hermano del Presidente, participó del blanqueo tensará la relación con el líder del Frente Renovador. Los íntimos de Massa afirman que hubo gestiones de Mauricio Macri para que la ley no excluyera del beneficio a los familiares de funcionarios. Y que la relación entre ambos se rompió por la negativa del entonces diputado a ese pedido. ¿Habladurías? Lo indiscutible es que el Ejecutivo emitió un decreto corrigiendo al Congreso para autorizar la regularización fiscal de los parientes. El Frente Renovador hizo una denuncia penal, que está en la Corte. Son detalles de familia, que perturbarán la marcha general de la política. La de Gianfranco fue una noticia desafortunada. Sin ella, la felicidad del Presidente habría sido, ayer, completa.
La Nación
