Mendoza: Aval de la Justicia para 34 proyectos mineros en Malargüe
- 31 de diciembre, 2024
El tribunal rechazó los fundamentos de ambientalistas por la ausencia de elementos suficientes para demostrar presunta arbitrariedad e ilegalidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
Germán Tutor
El Tribunal de Gestión Asociada-Tercero del Poder Judicial de Mendoza resolvió no hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la Fundación Cullunche y Eduardo Sosa, quienes promovieron un amparo ambiental contra el Gobierno la provincia.
La acción buscaba la suspensión de la aplicación de la Ley Provincial 9588, que ratificaba 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos de exploración minera en el distrito Malargüe Occidental.
El tribunal fundó su decisión en la ausencia de elementos suficientes para demostrar la presunta arbitrariedad e ilegalidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) llevado a cabo por las autoridades provinciales.
La jueza María Angélica Gamboa consideró que, aunque los demandantes alegaron deficiencias en el proceso, sus argumentos no evidenciaron irregularidades manifiestas, sino un desacuerdo con la valoración técnica realizada por los órganos responsables.
En su resolución, se destacó que las DIA autorizan actividades de exploración con condicionamientos estrictos, incluyendo la presentación de estudios técnicos y la supervisión por parte de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA). Además, se subrayó que estas actividades se iniciarían de forma progresiva, con controles exhaustivos por parte de las autoridades competentes.
El fallo también argumenta que el daño ambiental denunciado por los demandantes no fue probado de manera concreta, limitándose a afirmaciones genéricas.
En este sentido, sostuvo que el sistema normativo vigente, tanto a nivel nacional como provincial, ya contempla mecanismos de actualización y modificación de las DIA ante posibles contingencias ambientales.
El pedido de amparo
La solicitud ante la Justicia fue presentada el 26 de noviembre por Eduardo Sosa y Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cullunche.
En el documento, que consta de 85 páginas, se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada por la Legislatura de Mendoza que habilita 34 proyectos de exploración minera en el distrito Malargüe Occidental.
Los demandantes sostenían que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) fue llevado a cabo “arbitrario e ilegal“, violando tanto leyes nacionales y provinciales como acuerdos internacionales. Además, exigieron la realización de estudios científicos exhaustivos que permitan despejar cualquier duda sobre la viabilidad ambiental de los proyectos mineros.
Entre sus principales cuestionamientos, señalaron que se vulneró el Acuerdo de Escazú al no garantizar un acceso completo y adecuado a la información pública. Según los denunciantes, aunque se convocó a una audiencia pública y se puso a disposición parte del estudio de impacto ambiental, varios dictámenes técnicos no estuvieron accesibles en los plazos establecidos por la ley.
Además, acusaron a las autoridades de no publicar el informe de síntesis requerido por la legislación (artículo 33 de la Ley 5961 y artículo 30 del Decreto 820), que tiene como objetivo explicar de manera clara y sencilla los alcances de los proyectos para el público. general.
Por último, argumentaron que se incumplió la Ley 7722, que exige la presentación de una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos (artículo 4). Este requisito es obligatorio para los proyectos mineros metalíferos, dado el impacto potencial en las fuentes de agua, uno de los recursos más sensibles de la región.
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