Domingo 29 de septiembre de 2024

Mendoza: Buscan contactar al abogado constitucionalista Daniel Sbasay para presentar un amparo contra la 7722

  • 23 de diciembre, 2019
Mucha tela para cortar dejó la jornada del viernes cuando la legislatura de Mendoza aprobó las modificaciones a la Ley 7722 y le abrió la puerta al desarrollo de la minería metalífera en la provincia. La situación en las calles es bastante tensa con manifestaciones en la ruta en diferentes departamentos y reclamos de la comunidad que se mostró disconforme con los cambios en la legislación histórica antiminera.

Mucha tela para cortar dejó la jornada del viernes cuando la legislatura de Mendoza aprobó las modificaciones a la Ley 7722 y le abrió la puerta al desarrollo de la minería metalífera en la provincia.

La situación en las calles es bastante tensa con manifestaciones en la ruta en diferentes departamentos y reclamos de la comunidad que se mostró disconforme con los cambios en la legislación histórica antiminera.

Los reclamos se dan fuertemente en el sur (San Rafael y General Alvear), los departamentos del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos) e incluso en Las Heras (con epicentro en Uspallata), Lavalle y los departamentos de la zona Este mendocina

A pesar de la sanción por amplia mayoría en ambas cámaras, los movimientos ambientalistas y de vecinos autoconvocados no bajan los brazos y esperan seguir reclamando contra la nueva legislación, tanto en las calles como apelando a las instancias judiciales.

Es que en las últimas horas, miembros de las asambleas de General Alvear y San Rafael apuntaron a llevar a los estrados judiciales a la nueva ley para tratar de declararla inconstitucional.

El objetivo es reunir a todas las voluntades interesadas para plantear un recurso en la Corte Suprema.

La propuesta nacida desde del seno de General Alvear apunta a un fuerte reclamo en instancias judiciales a la que también se plegó rápidamente San Carlos y esperan incorporar a las diferentes asambleas de toda Mendoza en un reclamo conjunto.

Una de las ideas es contratar al abogado constitucionalista Daniel Sbasay, quien además profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional (UBA) y quien incluso se manifestó hace un tiempo en contra de la modificación de la Ley 7722.

Incluso a través de su cuenta de Twitter, Sbasay destacó que "es un tema gravísimo ya que la reforma de esa valiosísima norma implica la violación del principio de no regresividad en materia ambiental. Abrir la puerta a la minería no sustentable en Mendoza cuyo recurso hídrico es escasísimo"

Diario San Rafael

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