Los intelectuales de Carta Abierta se oponen a la reforma de la ley 7722. Pero proponen que la política minera sea regida por la creación de una empresa estatal, que emule el modelo de YPF.
Los proyectos para modificar la ley 7722 han generado distintas reacciones a favor y en contra. Ahora el grupo de intelectuales nucleados en Carta Abierta emitió un comunicado para oponerse a esa idea por considerar que baja las exigencias de control.
Sin embargo aclaran que no están en contra de la minería como actividad, pero sí ponen el foco en el modelo elegido. En ese sentido, proponen que se cree una empresa minera estatal, emulando el modelo de YPF con el tema petrolero. "Necesitamos una empresa minera estatal que sea rectora de la actividad en el área, como lo es YPF en la extracción petrolera. Ello puede incidir en la fijación de áreas prioritarias, modalidades permanentes de control estatal y civil sobre efectos ambientales, regulación de precios y tarifas, entre otras cuestiones", expresaron.
La carta completa
NO AL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY 7722
Reaparece la temática de la minería como opción posible de desarrollo, ante la falta de orientación estratégica de la economía provincial. Ello no es problemático por sí, pues hay minería que no afecta fuertemente al ambiente; pero se hace conflictivo si prevalecen lobbies empresariales sobre los intereses colectivos, y se plantea disminuir los controles establecidos en la ley 7722.
Ante la propuesta de modificar esa ley, entendemos inaceptable el argumento de que el aumento de los controles posteriores al inicio de una explotación minera, deba implicar la disminución de las exigencias iniciales.
Todo esto, en tanto las modificaciones que se impulsan dejan la actividad en manos de las empresas privadas, sin un organismo estatal que sea rector de un área tan decisiva para la sensibilidad y la economía de Mendoza. Que parte de las regalías se prometa para vivienda o políticas de género, muestra indirectamente cuán grande ha de ser la ganancia privada esperada, que podría hacer relevante para el Estado el exiguo porcentaje que éste pudiera recaudar.
Necesitamos una empresa minera estatal que sea rectora de la actividad en el área, como lo es YPF en la extracción petrolera. Ello puede incidir en la fijación de áreas prioritarias, modalidades permanentes de control estatal y civil sobre efectos ambientales, regulación de precios y tarifas, entre otras cuestiones. La minería no puede ser un negocio al servicio de pocos, ni puede ser controlada eficazmente cuando funciona como mecanismo de lucro empresarial. Y la exigencia de control social sobre los efectos ambientales, distingue a la Mendoza de los últimos años: es la sociedad civil organizada, solamente el pueblo y sus instituciones, quien debe operar ese control y otorgar licencia para actividades mineras, cuando así lo entienda necesario.
Mientras no hayamos promovido un organismo rector ?impensable en el actual programa económico regido por el Fondo Monetario Internacional- afirmamos que no se debe innovar sobre las condiciones de la ley vigente. En tiempos de saqueo generalizado de la riqueza nacional, dar apertura a nuevas áreas de explotación puede ser abrir una caja de Pandora de resultados imprevisibles.-
CARTA ABIERTA/MENDOZA.-
mdzol.com
