Las reuniones, sesiones, conferencias, cursos y jornadas sobre minería, con seguridad, desde la sanción de la ley 7.722 deben haber superado largamente el centenar, sin que de todo el proceso haya surgido la más mínima posibilidad de lograr que la actividad minera, industria básica que provee al mundo, pueda al menos iniciarse en Mendoza.
Ignacio Blanco / Los Andes
Por Atilio G. Galdiolo
Se ha escrito sobre la oportunidad para elastizar la legislación, lo que es sistemáticamente negado por la minoría política de turno. O se pospone su tratamiento porque "en año electoral no conviene", lo que también sucede con la reforma constitucional, relegando las posibilidades a nunca.
Mientras tanto la provincia, que representaba el 4% del aporte al PBI nacional ha caído a casi el 2,5%, la desocupación amenaza dispararse, el petróleo producido es cada vez menos, y ha disminuido el aporte de coparticipación. Y ya que la actividad económica está en baja, los salarios, desde hace años, retroceden respecto al promedio del país.
Este panorama debe movilizar no sólo a los empresarios mineros y sus proveedores, sino incorporar la dirigencia sindical, que, salvo la del ramo, guarda silencio, a los núcleos científicos y técnicos y a los ambientalistas concientes, ya que todos ellos saben que se puede y es primordial lograr el desarrollo minero. No porque del otro lado de la cordillera lo hagan, sino porque tenemos minerales y muchas más necesidades.
La minería puede y debe ser la fuente de donde se nutra la reconversión agraria que la provincia clama por conseguir, que hará respetar el agua y su uso como reclama un sector.
Todo es posible, lo que falta es escuchar a la ciencia, que ya avanzó más de lo que necesitamos para hacer minería, y que la política ponga la dedicación para entender y el coraje de hacer.
Lic. Atilio G. Galdiolo
DNI 6.897.384
Diario Los Andes
