Mendoza: El Gobierno, ante días clave para la minería y la resistencia ambientalista

El oficialismo logrará avanzar esta semana en Diputados para autorizar los cateos en el Distrito Malargüe. Pero deberá sortear una embestida judicial que se viene por parte de los ambientalistas.

Marcelo Arce

El Gobierno de Mendoza dará un paso clave esta semana para avanzar con su intención de promover el desarrollo de la minería en la provincia, cuando se comience a definir en la Legislatura el futuro de Malargüe Distrito Minero Occidental para comenzar así con las tareas de exploración de cobre en esa zona de la provincia.

El próximo miércoles la Cámara de Diputados dará media sanción a la ley que el Gobierno busca para aprobar su plan, que implica la ratificación en bloque de 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA's)  para que se autorice la exploración minera metalífera en ese distrito diseñado en el Sur, tal como obliga la ley 7722 cada vez que se decide avanzar con un proyecto minero.

La norma pasará el filtro porque el oficialismo tiene los votos como para sacarla. Pero Cornejo pretendía dotarla del mayor consenso posible. En ese sentido, podría lograr el objetivo: legisladores del PRO demarchistas y del PJ sureño podrían terminar levantando la mano por el lado de la oposición.

Sin embargo, los asambleístas por el agua amenazan con dar batalla. Resistencia que con seguridad terminará siendo judicial. En estos días la Asamblea Popular por el Agua Pura hizo un primer intento, al menos, por demorar la aprobación de las DIA's y buscaron introducir un elemento en el debate que hasta acá resultó inédito.

Hebe Casado y Jimena Latorre.

Ellos argumentan que “las objeciones y planteos en oposición fueron numerosos y no han sido respondidos por el Gobierno y por ello reclamaron la convocatoria a una audiencia pública previa al debate legislativo que se viene porque, se quejan, “hubo cuarenta y cinco intervenciones en la audiencia pública y no fueron contestados o fueron directamente omitidos por el gobierno”, según expresó Federico Soria, vocero de Asamblea.

Lo que pidieron fue la aplicación del Acuerdo Escazú, un pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales e impone la obligatoriedad de dar intervención a la población en las decisiones de Gobierno en esta materia. Por ahí circuló un proyecto de ley del diputado Jorge Difonso en ese sentido, que finalmente no tuvo eco.

Pero los ambientalistas preparan su ofensiva en otro ámbito. Organizaciones de Mendoza y una ONG a nivel nacional, están armando su estrategia judicial para intentar frenar el proceso luego de que se aprueben las 34 DIA's en la Legislatura, pero antes de que el Gobierno proceda a autorizar los trabajos de exploración que se darán con toda celeridad. Ya es sabida la decisión del Ejecutivo de comenzar a permitir que los trabajos de las empresas comiencen ya mismo, para aprovechar la temporada de verano.

El diseño de la embestida judicial comprende la presentación de una medida cautelar para que se suspenda la vigencia de la norma que saldrá de la Legislatura, hasta tanto no se dilucide lo que los ambientalistas consideran como una violación a la ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. Según la demanda en elaboración, los ambientalistas entienden que al menos el 60% de los cateos que se autorizarán están en un ambiente periglaciar, particularidad que la ley sancionada por el Congreso en 2010 prohíbe para el desarrollo de la minería.

Las demandas serían dos, una de jurisdicción federal y otra provincial, aunque los antecedentes en este tipo de controversias planteados en otras provincias marcan que por lo general son las Justicias locales las que terminan definiendo. Otro de los puntos que reclamarán, será que no se puede evaluar en profundidad los impactos ambientales de los proyectos, porque al presentar la aprobación como un paquete, precisamente, no se saben cuáles son los detalles de cada proyecto. “Acá lo que está claro es que no hay proyecto. Lo que tienen es un Distrito en el que no figuran los sitios exactos en donde va a perforar en esta etapa de exploración, ni donde son las ubicaciones precisas de los proyectos y ni siquiera establece qué actividades concretas van a desarrollar. Tienen un montón de simulaciones de actividades, sí. Pero sin especificar casi nada”, analizó para este diario Eduardo Sosa, dirigente ambientalista de la provincia sobre el proyecto en cuestión.

La posibilidad latente de la conflictividad social, forzó en cierta manera al Gobierno a postergar para el año que viene una reforma clave. Sergio Marinelli, el superintendente del Departamento General de Irrigación, confirmó esta semana desde San Rafael que el tan ambicioso como controvertido proyecto de elaboración de un nuevo Código de Aguas pasaba para el 2025 cuando el plan original era tratarlo en la Legislatura hacia finales de este año.

El nuevo Código de Aguas no solo carecía hasta acá (tras varios meses de discusiones y la posibilidad abierta de hacer aportes por parte de la comunidad) de un acabado consenso. Sino que además generó un rechazo fuerte entre sectores productivos de General Alvear, que luego se extendió hacia la zona Este y que derivó también en críticas de organizaciones empresariales y comerciales como la FEM y ACOVI, entre otras.

Esto había encendido alarmas dentro del oficialismo: Alvear ya dio muestras históricas de que está dispuesto a salir a la calle en defensa del agua y desde allí ya vienen acumulando malestar con Cornejo por la decisión política de eliminar el IDR, por el fin de la lucha antigranizo y, particularmente, por la determinación en avanzar con la minería.

El Código de Aguas agregó un ingrediente más al caldo de cultivo de la tensión social, con lo que el Gobierno terminó evidenciando falta de timing político como para plantear ante este escenario debates como este. Y un agregado más que fue confirmado por el propio Marinelli: finalmente Irrigación volverá a la carga después de febrero de 2025 con el nuevo Código y presentará en paralelo su plan hídrico. Un reclamo que hasta acá el superintendente prácticamente había desoído

Todas las obras para la minería pasarán a manos privadas

El jueves pasado, tras participar en el parque industrial de General Güemes de la ceremonia de inicio de producción de la primera planta de hidróxido de litio del país, el secretario de Minería de Nación, Luis Lucero, afirmó en diálogo con El Tribuno que las perspectivas para esta actividad “son excelentes”.

El jueves pasado, tras participar en el parque industrial de General Güemes de la ceremonia de inicio de producción de la primera planta de hidróxido de litio del país, el secretario de Minería de Nación, Luis Lucero, afirmó en diálogo con El Tribuno que las perspectivas para esta actividad “son excelentes”.

Destacó que entre este año y el primer cuatrimestre de 2025 estarán produciendo en Salta cuatro plantas de litio.

“Es un ritmo de crecimiento de la producción muy alto”, sostuvo el funcionario.

Se refirió sobre el cuello de botella que representa para el desarrollo minero la precaria infraestructura vial y energética en la zona de la Puna. En ese sentido, descartó la posibilidad de inversión pública de Nación en obras de mejoras.

“Como las compañías saben, el mejoramiento de infraestructura está librado a la iniciativa privada y a que las empresas incorporen las mejoras necesarias, en principio, a su programa de inversión en capital. Lo hemos hablado, todos lo saben, y es así como estamos trabajando”, explicó.

Cepo

Lucero también habló sobre las restricciones cambiarias en el país, que es un reclamo de las mineras.

“Como siempre dice el ministro (de Economía, Luis Caputo) y como antes dice el presidente (Javier Milei), el país saldrá del cepo cuando ellos consideren que están dadas las condiciones para salir de un modo que no perjudique a la economía con otros aspectos negativos. Así que estamos en buenas manos y es un objetivo del Gobierno nacional hacerlo bien antes que fijarse fecha”, señaló.

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