Mendoza: La guerra del agua, segunda parte: minería, agua mineral y millones en un conflicto que renace

Villavicencio y Paramillos esconde un litigio entre empresas privadas por la explotación de fuentes de agua y reservas mineras. Cuál es el costo testimonial del agua que pagan las empresas.

Pablo Icardi

picardi@mdzol.com

El hotel Villavicencio está vacío, es un cascarón al que no se puede acceder. Es una de las imágenes más icónicas de Mendoza, capitalizada por la empresa que es propietaria del inmueble y el terreno del lugar. Ahora también es símbolo de una de las batallas legales, ambientales y empresariales más duras de la provincia que tiene a la francesa Danone de un lado y a Depromin SA del otro. Pero a nivel más profundo la disputa es por el acceso, la explotación y los riesgos sobre el principal y más escaso recurso de Mendoza: el agua. Incluso es el sitio donde se materializa de manera descarnada el debate sobre la minería en Mendoza, pues se trata de uno de los yacimientos de cobre más importantes del continente y cuya restricción es previa a la sanción de la ley 7722.

El Gobierno de Mendoza rechazó las últimas quejas administrativas de Danone para que se frene la minería en el lugar y eso podría dar pie al levantamiento del amparo ambiental que había frenando la exploración en la reserva natural privada. La decisión reavive la guerra por el agua y el uso de la tierra en Villavicencio, donde se envasa el agua más famosa de Mendoza y las minas Paramillos, que tienen una larga historia y guardan reservas enormes de cobre, oro y plata.

La pelea se inició en el 2000; se potenció cinco años después, cuando se retomaron los trabajos de exploración minera y explotó en la justicia, con amparos y cauciones millonarias. En el medio se creó una reserva natural privada que hasta el propio Estado subestima y que es parte de la "marca Mendoza".

Los recursos minerales y el agua son propiedad de la Provincia, que concesiona ambas cosas. Muchas veces esos permisos entran en conflicto con los dueños de la tierra. En Villavicencio y las minas Paramillos ocurre eso: Danone es propietaria de la tierra y tiene las vertientes endorreicas. Pero las concesiones mineras fueron adjudicadas a Minera del Oeste y luego transferidas a Desarrollos de Proespectos Mineros SA, una empresa de exploración que tiene vínculos con mineras de San Juan y Canadá. El proyecto original, incluso, fue desarrollado por Fabricaciones Militares dentro del plan Cordillerano. 

Tensiones

La minería y la explotación de fuentes de agua mineral son de las que menos pagan por el acceso a ese recurso, pero las que más lo tienen en boca. Irrigación le cobra a las empresas que envasan agua solo 40 centavos por litro de agua. Cuando una persona compra en un quiosco una botella, lo más barato es el agua; el resto es marketing, packaging, distribución e impuestos. Según el presupuesto de Irrigación, por cada mil litros de agua que usan las empresas pagan 400 pesos. Hay unas 30 firmas registradas y algunas que lo hacen de manera informal.

En el caso de la minería, el uso del agua está regulado y tarifado. Pero es casi abstracto porque no hay aún proyectos de explotación en marcha. Según el presupuesto, las empresas mineras deben pagar 600 pesos por cada 1000 litros de agua que utilicen; una tarifa más cara que la aplicada para la industria petrolera, que sí tiene uso intensivo en Mendoza. Allí las tarifas son de 300 pesos cada 1000 litros para la explotación convencional y de 400 pesos para el fracking. Además se prevé un canon “para proyectos riesgosos”, que en volumen de dinero es bajo: si hay un proyecto minero que puede generar riesgo de contaminación para el agua, deben pagar anualmente 6.750.000; es decir unos 14 mil dólares

En Mendoza no hay concesiones mineras con acceso a agua aún, salvo una que está  a cargo del Estado. La mina Potasio Río Colorado tiene autorización para extraer un metro cúbico de agua por segundo del Río Grande, el más caudaloso e inutilizado de Mendoza (también hay empresas petroleras en la zona). Esa concesión no está en uso pero sí es parte del paquete que el Gobierno busca transferir. Otros antecedentes son negativos, como lo ocurrido con la planta de procesamiento de uranio en Sierra Pintada, donde se está realizando el saneamiento de la basura que dejó la minería.

La tensión con la industria minera no es por el volumen de agua a utilizar, sino por el potencial impacto de la actividad sobre cursos y nacientes de agua, pues comparten territorios e intereses. Es lo que pasa con proyectos como Cerro Amarillo, que ya está autorizado, y todo el triángulo del cobre que está en Laguna del Diamante. Pues en Villavicencio, eso se potencia porque la discusión no es teórica, sino tangible, y se da entre empresas privadas.

Historia de un litigio

En Villavicencio y Paramillos el Estado fue el que gestó la explotación de los recursos naturales. El agua era “estatal” y las minas fueron explotadas hace siglos y reactivadas en el plan Cordillerano, donde se hizo un relevamiento exploratorio enorme que sirvió de banco de datos para las inversiones mineras. La francesa Danone se quedó con la explotación del agua y compró el terreno. La empresa Minera del Oeste se quedó con las concesiones mineras de Paramillos Sur I, II y III (con muchos litigios en el medio) y luego las vendió a Depromin SA.

Los intereses comenzaron a cruzarse. En 2001 fue creada la reserva natural privada, la primera en su especie. El amparo de la ley 6045 fue discutida y el Gobierno tuvo un rol ambiguo. Tanto, que el Estado se contradijo varias veces. Hubo autorización y se hicieron los primeros trabajos de exploración, con perforaciones y extracción de testigos. Pero un amparo ambiental presentado por Danone lo frenó. La justicia civil de la provincia supeditó las tareas a que el Gobierno resuelva administrativamente el conflicto, haciendo primar la protección del ambiente. Ahora Rodolfo Suarez rechazó los recursos de Danone y habilitó los trabajos, aunque Deprominsa debería antes realizar nuevamente los estudios de impacto ambiental bajo las pautas de la ley 7722. Es que todas las autorizaciones son previas a la sanción de esa norma.

En el litigio hay datos potentes y hasta se discute la presencia o no de agua en la zona. La minera desconoce la presencia de acuíferos. Danone, lo contrario. Según la empresa francesa, el agua de manantial tiene zonas de recarga donde hay cateos mineros y la actividad de exploración y explotación podría afectar ese recurso. El gobierno no admitió esos argumentos. Más atrás, hay otras particularidades que fueron parte de las chicanas entre las empresas. Entre ellas que Danone tiene cateos mineros en la zona y hasta dudas sobre la “naturalidad” del agua que se comercializa.

El Plan Cordillerano había relevado el potencial minero de Paramillos, con reservas de cobre, oro y plata. Según algunas de esas estimaciones, se calculaban más de 180 millones de toneladas de ese metal. La superposición de competencias y de intereses agudiza ese conflicto. Además de la pelea entre los dueños de la tierra (Danone) y los de los derechos mineros (Depromin SA) se le suman los organismos estatales: la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Dirección de Recursos Naturales Renovables y el Departamento General de Irrigación. En algunas épocas todos tuvieron visiones distintas. Mientras, la tensión sobre esos recursos se profundiza.

Suarez ratificó ahora las resoluciones conjuntas que habilitaron la exploración minera y dio por terminada la instancia administrativa. Por eso se caería el amparo ambiental. "Ratifíquese en todas sus partes la Resolución Conjunta N° 038/2014 de la Dirección de Minería y N° 582/2014 de la Dirección de Protección Ambiental...Por intermedio de la Autoridad de Aplicación requiérase a la concesionaria de las minas Paramillos Sur I, II y III, la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental,  debiendo observarse lo establecido en el Artículo 23 del Decreto N° 820/2006, en la Ley N° 7722 y demás normas que resulten de aplicación.", indica el Decreto del Gobernador.

Danone cuestiona al Gobierno y al Departamento General de Irrigación por no haber tenido en cuenta las reservas de agua de la zona y hacia ese lado irá el litigio en la Suprema Corte y también en la calle. Si el Gobierno repudiaba a quienes se oponen a la minería poniendo al agua como argumento, ahora tiene a una empresa que lo plasma. La guerra por el agua sigue

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