Uno de los puntos destacados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, en su discurso de inauguración del año judicial, fue sobre la independencia del Poder Judicial en la provincia.
Por Daniel Gallardo Periodista de El Ciudadano
Aspecto que con toda intencionalidad vertía ante los otros dos poderes del Estado presentes en el edificio de la Corte.
Mensaje directo al corazón político en la fuerte cinchada por la medida cautelar que interpusieron los intendentes justicialistas de San Rafael, Tunuyán, San Martín y Lavalle, al decreto provincial que firmó Alfredo Cornejo promulgando la enmienda del artículo 198 que limita la reelección indefinida de los jefes comunales.
Las expresiones del titular de la Corte son casi repetitivas cada vez que el Poder Judicial tiene que resolver fuertes controversias que se originan en la escabrosa relación que muchas veces tienen los que gobiernan y el sector opositor.
Pero también en temas donde el común de la gente pone en entela de juicio los fallos de última instancia del máximo organismo de justicia. Como fue el antes y el durante del pronunciamiento que otorgó definitiva constitucionalidad a la Ley 7.722.
Instrumento jurídico que impide la explotación minera metalífera en la provincia por la utilización de sustancias tóxicas y por eso tuvo unánime respaldo de todos los supremos. Clara demostración que es una ley clave en la vida institucional, comercial, productiva y ambientalista de Mendoza.
Sin embargo, antes de la puntada final muchas historias de tejieron a cerca de la neutralidad y objetividad de los jueces para definir, lo que en definitiva se definió.
El ejemplo de la denominada Ley Antiminera es muy válido para analizar los terrenos en el que los jueces deben fallar muchas veces.
Hoy el pronunciamiento de la Suprema Corte, que por ser de última instancia, es cosa juzgada y en la jurisdicción provincial no existe organismo judicial alguno que deba revisarla, fue llevada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los sectores empresarios mineros que repiten sentirse lesionados en sus derechos de invertir y explotar la minería en la porción cordillerana que tiene Mendoza.
Por eso el titular de la Corte local solo atinó a decir que esto ya tiene pronunciamiento definitivo en la provincia, por lo que todo lo que quede es una decisión pura y exclusiva del terreno político.
Algo de lo que tiene mucha razón y en donde uno estima que si es esa la mirada que tendrá la Corte nacional, es esperable la respuesta que otorgue la misma a los mineros.
Ahora bien, ¿es tan así que la política no mete la cola en decisiones y rumbos que toma la Justicia provincial? Nadie en la trastienda de ese poder se animaría a verter un contundente sí positivo.
Porque se sabe que suceden muchas cosas que el común de la gente, ni por asomo, tiene conocimientos. Cosas muy graves que esconden la manipulación de los hilos del poder político. Madejas que se pueden mover con la rapidez del rayo si hay que detener acción alguna de ese contrincante que haga sombras en la arena de la política vernácula.
O madejas que pueden archivarse en lo profundo de los silenciosos pasillos judiciales, esperando, intencionalmente, la establecida mecánica judicial de caída de causas. Por supuesto si ese contrincante se calla y mantiene ese conveniente perfil bajo, tanto, que parezca que nunca estuvo en la política.
Toda acción es muy sutil y realizada de manera tal que no quedan pruebas de que se llevaron a cabo maniobras non sanctas. Hacer caer o callar potenciales candidatos ganadores a lugares destacados de los poderes del estado.
Del mismo modo, ejercer presión sobre los que ya están en poderes del Estado. Son algunos de los ejemplos de un maquiavélico laberinto donde no interesa si el elegido es víctima o realmente responsable de un acto por lo que la Justicia lo investiga.
Un sonado caso de potencial candidato a la gobernación ocurrido hace tiempo. En él, la utilización de la Justicia fue alarmantemente sucia. Es uno ruidoso ejemplo, más no el único que tiene la memoria política mendocina. Un hombre que tuvo que bregar por muchos años para que ese Poder Judicial lo absolviera de toda esa maraña pegajosa inventada que cayó sobre su brillante carreta política que lo llevaba directo al sillón de San Martín.
Hay más ejemplos que llegan hasta la actualidad donde las denominadas carpetas cajoneadas están al alcance de selectas manos políticas con un poder tal que se introduzca, agilicen, se detengan u oculten, de acuerdo a conveniencia, momento, objetivo o maniobras de quienes ostenta poder.
El Poder Judicial hoy intenta demostrar su independencia. Pero quienes están en él, saben que eso está condicionado a un criterio que no tiene color o identidad política, sí objetivos.
Los mismos que no son precisamente el de jueces y magistrados, mucho menos del sano concepto de equidistancia y de lo que debe ser para el común de la gente. Toda una cuestión como para preguntarse si la Justicia de los mendocinos es independiente del poder político.
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