Mendoza: La ley 7722 y el futuro de la provincia

Finalmente, y tal como se preveía, la Legislatura provincial fue conteste con la decisión política que habían tomado las fuerzas partidarias mayoritarias y modificó la reglamentación para llevar adelante emprendimientos mineros metalíferos en nuestro suelo, algo que hasta ahora se veía vedado en la práctica según lo que rezaba la ley 7722, norma originalmente sancionada en 2007 con una amplio apoyo y militancia ciudadana que por entonces ?y según sus impulsores y mentores- buscaba "defender el agua y el ambiente de Mendoza". Esta semana, y después de no pocas polémicas pero con los representantes legislativos en su gran mayoría alineados a lo que sus estructuras partidarias habían decidido apoyar, la nueva legislación es realidad. La misma permite ahora el uso de sustancias químicas como el cianuro y el ?

Finalmente, y tal como se preveía, la Legislatura provincial fue conteste con la decisión política que habían tomado las fuerzas partidarias mayoritarias y modificó la reglamentación para llevar adelante emprendimientos mineros metalíferos en nuestro suelo, algo que hasta ahora se veía vedado en la práctica según lo que rezaba la ley 7722, norma originalmente sancionada en 2007 con una amplio apoyo y militancia ciudadana que por entonces ?y según sus impulsores y mentores- buscaba "defender el agua y el ambiente de Mendoza".

Esta semana, y después de no pocas polémicas pero con los representantes legislativos en su gran mayoría alineados a lo que sus estructuras partidarias habían decidido apoyar, la nueva legislación es realidad. La misma permite ahora el uso de sustancias químicas como el cianuro y el ácido sulfúrico para los imprescindibles procesos de separado del metal de la roca (lixiviación), limitando solamente el mercurio. Con ello se le abre el camino a proyectos de minería metalífera que desde hace tiempo pretenden desarrollarse en la provincia.

Si bien algunos representantes del sector contrario a la modificación a la 7722 han anticipado que iniciarán los caminos legales para que la nueva ley sea tachada de inconstitucional, los hechos parecieran indicar que la decisión ?sobre todo política- está tomada y que nuestros actuales representantes han optado por incluir a esta actividad en la matriz productiva mendocina.

Solo el tiempo permitirá responder algunas dudas de quienes observamos la polémica "minería metalífera sí vs. minería metalífera no". Lo fáctico vendrá a demostrar si la actividad contamina o no, si los controles que deberá llevar a cabo un organismo que pertenece al propio Ejecutivo que militó la reforma son eficaces, si los dividendos que arroje la actividad serán importantes para las arcas provinciales y para los mendocinos de a pie, y si era necesario tomar esta decisión o si, una vez más, los intereses privados pudieron más que el bien común.

Diario San Rafael