Tras cuatro semanas de exposiciones de todos los sectores que hacen a la vida de los oasis que componen la geografía provincial, ha llegado el momento del debate de la Cámara alta del Poder Legislativo. Las comisiones de Minería, Ambiente, Legislación y Asuntos constitucionales deberán realizar tratamiento sobre los proyectos de los senadores justicialistas Juan Antonio Agulles y Alejandro Abraham.
El primero proponiendo la creación de parques mineros, el segundo modificar artículos de la Ley 7.722. proyectos donde se pronunciaron voces a favor como UIM, ADERPE, CEM, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Empresas Mineras, Gremios Mineros y de Construcción, las Intendencias de Godoy Cruz, Guaymallén. Capital, Malargüe y Maipú. En contra como CTA, las intendencias de General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Entidades vecinales y de defensa del agua de todos los oasis productivos, médicos y profesionales ligados al campo. También entidades que representan a sectores agrícolas.
Diario El Ciudadano estuvo en la última asamblea de análisis de los proyectos. Ahí entrevistó al ingeniero Alberto Kobayashi, después de su exposición en representación del Oasis Sur quien respondió el por qué de su acento en ese informe que muy pocos conocen en la provincia, sobre la grave contaminación del Gran Mendoza: "Un equipo del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo llevó a cabo un trabajo técnico en el 2004.
Hoy ese estudio produce mucha preocupación porque si no se han corregido los niveles de contaminación, se estaría comprometiendo la tercera napa freática del Gran Mendoza. Por eso, mi posición es un llamado de atención profunda para que los legisladores, el Poder Ejecutivo y el Departamento General de Irrigación tomen medidas urgentes".
En cuanto a qué produzco ese hecho, Kobayashi dijo que "esta contaminación la han producido la actividad petrolera, los fluidos de los líquidos cloacales y las diez bombas de perforaciones en desuso que están instaladas en distintas zonas del Gran Mendoza. Estas últimas en su mayoría están rotas, abandonadas y corroídas que, con su cañería están llegando a las napas freáticas. Es decir, que nitratos por un lado y restos de petróleos, además de la sal, ya han contaminado en su totalidad a la primera napa, están llegando a la segunda y comprometen, a futuro, la tercera. Por eso creo que la situación es crítica y de grave contaminación en este lugar que habitan más de un millón de mendocinos".
Finalmente el especialista expresó, "ante este estado de situación se quiere modificar o anular la Ley 7.722, que permitiría la explotación minera de San Jorge en la naciente del Río Uspallata afluente del Río Mendoza, agravaría todo lo que he descripto y contaminaría totalmente el acuífero. Dejando pasivos ambientales de difícil resolución. Algo similar que ocurriría con el proyecto Hierro Indio en la naciente del Río Atuel, que comprometería las vertientes acuíferas del Sur mendocino. Por eso, no me cabe duda que ambos proyectos son los que el Gobierno provincial los tiene en carpeta y por lo que ha producido semejante movida".
El Ciudadano dialogó con el médico Héctor Mateo, quien vive en San Alberto (Uspallata ? Las Heras) y aclaró que "la información precisa que manejamos es que el 70% de las fuentes de agua en Chile están contaminadas por los deslaves mineros. Por otro lado, la Universidad Católica llevó a cabo un estudio donde se ha podido constatar en las poblaciones cercanas a los emprendimientos mineros, que hay restos de metales pesados en la sangre y el cuerpo de quienes allí habitan. A esto hay que agregarle informes recientes, que dicen que está gravemente amenazada la provisión de agua desde este instante a futuro para la mayor parte de la población chilena en un 75 %. Porcentaje que indicaría que no contaría con agua para consumo humano de aquí en adelante. Ejemplo determinante que indica lo que le hubiera pasado a Mendoza si no contáramos con la Ley 7.722".
Ahora queda todo en manos de la Cámara alta. La idea de muchos es tener dictámenes de comisiones para trasladar el debate al recinto de sesiones antes que culmine el año. Idea que es puesta en duda por sectores que no creen que los proyectos sean abordados por los senadores. Algo que sólo la política local y los intereses empresarios que pugna para que ello sea así, dictaminarán. O, quizá, todo quede firme con la Ley 7.722
El Ciudadano
