Mendoza: Minería, agro, sequía y desinformación: con el agua al cuello

Por Marcelo Torrez

Con el agua no se juega. Con el agua no se jode. Hace años que en Mendoza hemos internalizado que el mal uso del agua nos va a traer problemas que hoy no tenemos y nos agravará los que ya se padecen. Independientemente de lo que cada mendocino hace con el recurso y conociéndose quién abusa, malgasta o se lo roba, existe un patrón de conducta general que apunta al cuidado extremo del agua y a todo lo que nos cuesta preservarlo y bien utilizarlo. Claro que se trata de un concepto muy general que suele esconder o disimular un actuar colectivo contradictorio y también hipócrita, lo que se traduce en hacer la vista gorda sobre ciertas actividades económicas a las que los mendocinos hemos acordado, pareciera, extenderles un cheque en blanco y un manto de piedad sobre el manejo del recurso, tanto por el uso de sustancias tóxicas altamente contaminantes (industrias y agroindustrias), o por las enormes cantidades de agua que se toman de los ríos para regar a manto, sin impermeabilizaciones, ni restricciones ajustadas a lo estrictamente necesario, anotándose aquí como la reina entre todas las actividades la del agro, comprendido por la vitivinicultura, la horticultura y la fruticultura básicamente.

Un estudio reciente de Irrigación para el que participaron la compañía israelí Mekorot y el Ianigla, da cuenta de lo dramático de la situación: hay una demanda que crecerá indefectiblemente frente a una oferta que se irá reduciendo, también indefectiblemente. Pero junto con el diagnóstico y el pronóstico, el informe acerca tres alternativas para tomar, escalables todas ellas, buscando que hacia el 2050 se pueda mitigar en gran medida lo que bien hoy se podría asumir como una catástrofe por venir, basada en que si no se invierte un solo peso o dólar en obras de infraestructura en poco más de veinte años podríamos ver reducida las hectáreas irrigadas sólo con el río Mendoza en casi un 40 por ciento.

En total, las obras insumirían casi todo lo que hoy contiene y poco más el Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial (también conocido como el fondo de Portezuelo del Viento). Y bien vale decir que esos recursos no podrían invertirse exclusivamente en un río, sino en los cuatro en uso que tiene la provincia.

Para resolver el impacto inminente de la falta de agua y alcanzar una eficiencia del 82 por ciento del recurso con el que contaremos, se tendrían que invertir 1.150 millones de dólares. Con esa plata los especialistas apuntaron que se podrían desarrollar sistemas comunitarios de distribución de agua de riego a presión, mediante la construcción de un reservorio central en cada zona que se determine.

Desde allí se desplegaría una red de tuberías distribuyendo agua presurizadas en las condiciones óptimas para la implementación de sistemas de riego por goteo dentro de cada parcela. Este plan de acción, conocido como la alternativa 2.1 parece lejos de ser alcanzada, al menos con los recursos disponibles. Todo indica que se comenzará por la alternativa 2.3, que obligará a una inversión menor, de 438 millones de dólares, pero que permitirá acercar el agua a las zonas cultivadas por medio de reservorios comunitarios de donde se tomará el agua por medio de mangas plásticas hacia las fincas, a baja presión, sin presurización. Esto permitirá la disminución de las pérdidas de conducción internas del agua en las propiedades, un mayor control de los caudales y tiempos de los riegos por surcos.

En San Juan, otro estudio realizado por un gabinete de estudios multidisciplinario de la Universidad Nacional de San Juan liderado por Silvio Pastore, concluyó recientemente que los glaciares están retrocediendo de forma alarmante, que se derriten incluso en horas de la noche cuando las temperaturas debiesen ser muy bajas, incluso en época estival. Sin embargo, en este verano, al que han llamado atípico, las temperaturas a 4 mil metros de altura han estado por arriba de los 0º y trepando hasta los 10º.

El ejemplo que ha dado Pastore ha sido el de la Cuenca del Río Calingasta, en el cerro La Totora, donde se encuentra una de las áreas de glaciares más importantes de la Cuenca del Río San Juan: “En la semana de la ola de calor hubo temperaturas por arriba de los 0º. Nunca hizo frío y se alcanzaron hasta 10º”, de acuerdo con declaraciones publicadas por el diario La Provincia SJ. Pastore, el especialista que dirigió el trabajo de investigación, al reproducir el artículo en las redes sociales del Grupo Sarmiento del que forma parte escribió: “Para tener Más agua, necesitamos tener Más minería”.

En San Juan, como en Mendoza, hacen falta obras y para hacer las obras faltan recursos. Pastore dice que es la minería que la que proporcionará a los sanjuaninos, al Estado sanjuanino, esos fondos. San Juan espera tener en breve al menos uno o dos grandes proyectos de cobre en construcción. Se trata de inversiones enormes para la actual escala: van de los 2.500 millones de dólares a los cerca de 8 mil millones, más el producido en mineral que le generará a la provincia ingresos por regalías millonarios. Parte de esos recursos, los de la minería, irán a obras hídricas e impermeabilización de canales para ganar en eficiencia.

En Mendoza, la efímera ley 9209, aquella que se sancionó el 20 de diciembre del 2019 para remplazar a la actual 7722 y que fue derogada una semana más tarde para restituir la norma vigente, preveía la creación de un fondo producto de las regalías mineras para que fuese invertido exclusivamente en obras hídricas. La ley trunca obligaba el destino de 1,5 por ciento del valor de venta del producto obtenido por el proyecto para el Fondo de Compensación del Recurso hídrico y Saneamiento, del cual la mitad del mismo se utilizaría para financiar “obras de modernización del sistema de transporte, distribución y aplicación del agua, tanto para la actividad agrícola ganadera, industrial, impermeabilización de cauces, canales e hijuelas del sistema hídrico de la provincia, trabajos de sustitución del riego por manto por técnicas de riego que optimicen el recurso hídrico disponible en fincas y para el uso humano”. El 50 por ciento restante del fondo iría a parar obras de infraestructura vial y de servicios en los municipios en donde se localicen los proyectos mineros que tributen esta regalía.

La compañía PSJ Cobre Mendocino, la que acaba de presentar el nuevo informe de impacto ambiental para explotar el yacimiento que posee en Uspallata, dedica buena parte del trabajo al uso y manejo de agua que necesitará PSJ una vez que comience su explotación. La firma sostiene que implementará un circuito cerrado con una reutilización del 80 por ciento, asegurando la máxima optimización del recurso y que no afectará a otros usuarios, porque según informa “el agua que utilizará PSJ no tiene otros usuarios, ni posibles usos fuera de la estancia Yalguaraz, por lo que la actividad no compite con el acceso al agua de los habitantes de la zona”.

Según el informe de PSJ, “en el pasado, la totalidad del caudal del arroyo se destinaba al riego de 120 hectáreas de pasturas, beneficiando sólo a tres familias. Con la llegada de PSJ, el uso de una fracción de esa agua permitirá la generación de más de 600 empleos directos”, ha escrito en el trabajo. Y además de reiterar que no se comprometerá el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, termina asegurando que una vez finalizado el proyecto, “el arroyo El Tigre seguirá su curso normal como lo venía haciendo”.

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