El subsecretario de Energía y Minería defendió el proyecto para extraer hierro de Malargüe, que tiene que pasar por la Legislatura. Aclaró que en esta etapa sólo se habilitará la exploración, no la explotación de la mina, y aseguró que no hay impacto ambiental ni faltas a la ley 7722. El emprendimiento fue condenado al archivo en 2014, pero según el gobierno de Cornejo, eso ocurrió por las desprolijidades de la gestión anterior.
Por Juan Carlos Albornoz
En los últimos meses de gestión, el gobierno de Alfredo Cornejo empuja la reactivación de la minería metalífera. Y puede ser emblemático el destino del proyecto Hierro Indio, un emprendimiento para la extracción de hierro en Malargüe que se encamina a un desafío crucial: el tratamiento legislativo.
La ley 7722 ordena que todo proyecto minero pase por el filtro de las dos cámaras de la Legislatura. Y más de una vez. Además, la reactivación de la mina de Hierro Indio, que operó hasta los años 70, fracasó en 2014, cuando en medio de protestas antimineras, fue enviado al archivo.
Pero el Gobierno asegura que no existen motivos para que una vez más sea reprobado. La militancia de esta postura ha quedado en manos del subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien este jueves participó de la audiencia pública en Malargüe que precede a la discusión legislativa.
Entre los asistentes a la audiencia se vio a varios dirigentes justicialistas, como Celso Jaque, Jorge Tanús y José Barro, actual candidato a intendente de Malargüe.
"Sería ridículo que el proyecto no se apruebe. Primero hablamos de una exploración, que tiene impacto nulo, y en el caso de que llegue a explotación comercial, el proyecto es absolutamente bueno para Malargüe, no hay impacto ambiental de ningún tipo", aseguró el funcionario hoy, en diálogo con Radio Nacional.
Guiñazú también aclaró por qué fracasó el proyecto en 2014, durante el gobierno de Francisco Pérez. "La autoridad de aplicación no trabajó bien en el expediente. Arrancó como una reactivación de mina y luego cambió su carátula como si fuera una prospección, con lo cual el contenido no coincidía con los objetivos declarados del trabajo. Hubo una serie de desprolijidades por las cuales la Legislatura decidió que el proyecto no estaba en condiciones de ir para adelante", indicó.
"Nosotros al arrancar esta gestión ordenamos ese tipo de cosas y trabajamos con mucha transparencia para demostrar a la sociedad que la minería se puede trabajar lícitamente, de cara a la sociedad", agregó Guiñazú.
Hierro Indio no es un proyecto minero grande. Además, en esta etapa, contempla solamente la exploración. Más adelante, si la exploración justificara la inversión privada, se debería realizar otro procedimiento ambiental con remate en la Legislatura para aprobar la explotación.
El gobierno de Cornejo reniega de estas condiciones que impone la ley 7722 (tildada de antiminera) en su artículo tercero y es casi un hecho que, si el sucesor de Cornejo es Rodolfo Suarez, impulsará su modificación. Pero, por el momento, todo emprendimiento minero debe cumplir con los términos de la legislación vigente.
Para Guiñazú, Hierro Indio "es un proyecto que no utiliza sustancias químicas para la separación del mineral y se encuadra en lo que pide la 7722".
Además, aunque no es un emprendimiento de grandes dimensiones, contempla una inversión privada que rondaría los dos millones de dólares para la etapa de exploración y genera expectativas económicas para el caso de que la mina se active.
"Tiene un impacto económico interesante, porque remplazaría buena parte de las importaciones de hierro de la Argentina", dijo Guiñazú, para quien el producto extraído tendría mucha demanda por parte de acerías, fábricas de tuberías y de automóviles y en la construcción.
"Todo el hierro que Argentina utiliza, hoy lo importa, por lo cual (Hierro Indio) tendría un impacto positivo en la creación de empleo y la sustitución de exportaciones", completó
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