El debate está instalado por más que desde diferentes ámbitos eviten hablar del tema. La situación de la minería en Mendoza carece, desde hace tiempo, de una discusión en serio; sin fundamentalismos entre sus defensores y detractores e independiente del lobby practicado por las empresas mineras en todos sus niveles.
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Es este último punto el que más genera desconfianza. En un país atravesado por la corrupción, la sospecha de compra de voluntades está siempre latente. El planteo debe pasar por otro lado; en especial, por saber si la provincia está en condiciones de ejercer su rol de policía ambiental como corresponde.
Más allá de las declamaciones de los funcionarios hay que garantizar que el personal que debe controlar la actividad sea probo y cuente con los recursos técnicos necesarios. El principal problema que tiene la minería en Mendoza está relacionado con las imágenes provenientes de otras provincias y que mostraron un Estado sometido a la voluntad de las empresas.
Por lo tanto, para empezar a discutir el tema, debe quedar claro quién pone las reglas de juego.
Diario El Sol
