Militares emboscados y asesinados: la masacre mostró la cara más siniestra de la minería ilegal en Ecuador

Las muertes en Alto Punino exponen cómo la minería ilegal no solo financia a grupos transnacionales como los Comandos de la Frontera, sino también corroe a las instituciones estatales

Yalilé Loaiza

Desde Quito

La emboscada ocurrida el 9 de mayo en Alto Punino, una remota zona amazónica entre Napo y Orellana, dejó once militares ecuatorianos muertos y puso en evidencia el grado de penetración del crimen organizado en el país.

El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera (CDF), grupo armado colombiano vinculado a disidencias de las FARC, que ha hecho del oro su nuevo botín estratégico. Pero lo más alarmante es que, según el propio Ejército, existen indicios de que la operación militar habría sido filtrada desde dentro de las Fuerzas Armadas.

“No es un problema operativo. Es estructural”, advierte la experta en prevención de crimen organizado y docente universitaria, Michelle Maffei en entrevista con Infobae. “Uno de cada diez miembros de la Policía Nacional trabaja con el crimen organizado. Y ahora, con la militarización extendida por el conflicto interno, es probable que esa estadística se replique en las Fuerzas Armadas”, dice Maffei.

La operación, ejecutada por la Cuarta División del Ejército “Amazonas”, tenía como objetivo intervenir campamentos de minería ilegal. Durante la ejecución, uno de los equipos fue atacado con fusiles, granadas y explosivos, según confirmó el Ejército en su boletín oficial. Además de los once militares fallecidos, se reportó un agresor muerto y un uniformado herido.

Para las organizaciones delictivas transnacionales, el oro representa mucho más que un mineral. Según explicó Maffei, la minería ilegal de oro es hoy uno de los mecanismos más eficientes para el lavado de activos. “Una vez que se funde y se convierte en lingote o joyería, no se puede rastrear su origen”, señala. “Los grupos criminales usan facturación falsa o lo venden directamente a compraventas. Es un negocio limpio en apariencia, pero profundamente sucio”.

La consultora política en seguridad pública de Estado, Katherine Herrera coincide en que el asesinato de los militares marcó un punto de quiebre. “La minería ilegal es una amenaza multidimensional. Daña la gobernanza, alimenta economías criminales locales y transnacionales, y destruye el tejido social. Además, sirve de base para delitos como narcotráfico, trata de personas y explotación laboral”, explica a este medio.

Ambas expertas subrayan que los Comandos de la Frontera no son un grupo improvisado. Se trata de una estructura armada con entrenamiento militar, experiencia en selva, alianzas criminales y fuerte poder económico. “Son un ejército criminal transnacional, que conoce muy bien a Selva, que tiene gran poder económico, gran poder adquisitivo motivo de armas, porque ellos financian el tema armamentista, contratan a otros eh estructuras criminales para poder operar dentro de la Amazonía”, afirma Herrera.

Una muerte anunciada

Para Herrera, lo ocurrido en Alto Punino fue una “crónica de una muerte anunciada”. Desde hace meses, advertencias ciudadanas e informes de inteligencia alertaban sobre la presencia de CDF y sus operaciones vinculadas a la minería ilegal. Sin embargo, las instituciones del Estado no priorizaron la amenaza. “Hemos hablado muchísimo del tema de minería ilegal, pero aún así nos seguimos con centrando en las actividades de violencia urbana que pasa en la Costa Ecuatoriana que en zonas que se genere esta economía criminal paralela que es silenciosa. Es ahí debe estar focalizado toda la inteligencia operativa y estratégica que tiene el Estado ecuatoriano”, lamenta.

Maffei es aún más directa, pues asegura que la emboscada no es solo eso sino el síntoma de un sistema de seguridad cooptado. Además, considera que cuando existen filtraciones, probablemente no se conozca quién lo hizo porque existe protección dentro de estructuras corrompidas en el contexto institucional.

El comandante general del Ejército, Henry Delgado, reconoció públicamente que existe la hipótesis de una filtración interna. “El poder económico que tienen los grupos criminales podría haber doblegado el espíritu de un soldado”, dijo a Ecuavisa .

Minería ilegal y control territorial

La zona del Alto Punino se ha convertido en una de las más críticas del país. Reportajes de Plan V y Código Vidrio documentan cómo, tras operativos como el de Yutzupino en 2022, decenas de retroexcavadoras y mineros ilegales se desplazaron río abajo, instalándose en campamentos clandestinos donde operan bajo el amparo de mafias armadas. Según el MAAP, entre 2019 y 2023 se deforestaron más de 1.000 hectáreas de selva en esta zona.

La expansión de los Comandos de la Frontera en Ecuador no ha sido casual. Tras su reconfiguración como grupo armado disidente, extendieron su influencia desde el Putumayo colombiano a las provincias amazónicas ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana, utilizando rutas fluviales y caminos clandestinos. Allí, han establecido alianzas con bandas ecuatorianas como Los Lobos para asegurar el control territorial, mientras los mineros ilegales buscan protección de facciones de Los Choneros, generando una guerra criminal interna.

El resultado: masacres, desplazamientos forzados, amenazas a líderes sociales y un Estado desbordado. “Los Comandos tienen poder armamentista y logístico... Y, peor aún, ofrecen medios de vida a comunidades enteras. Para muchos en esas zonas, son la única forma de subsistencia”, advierte Herrera.

La guerra que no se quiere ver

La respuesta estatal sigue siendo fragmentada. Aunque el gobierno de Daniel Noboa declaró en enero de 2024 el conflicto armado interno y catalogó a 22 grupos como objetivos militares, entre ellos los CDF, la estrategia se ha centrado en intervenciones reactivas y militarización de zonas, sin atender las causas estructurales del problema.

“La única solución posible es una reestructuración total de las instituciones de seguridad”, sostiene Maffei. No obstante, la experta indica que eso requiere voluntad política, algo con lo que también coincide Herrera.

Para Herrera, se necesita reactivar con urgencia el Comité contra la Minería Ilegal —hoy inactivo—, impulsar desarrollo alternativo y reconstruir la confianza ciudadana.

La muerte de once soldados en la selva ecuatoriana no es un hecho aislado. Es el desenlace de años de omisiones, corrupción institucional, abandono estatal y crecimiento silencioso de una economía criminal que ya no solo trafica drogas, sino también minerales, armas, personas y territorios. En la Amazonía, donde la vida debería florecer entre ríos y árboles, hoy crece en medio de la violencia

Infobae