Entre los varios componentes de la política antiminera provincial, que en otras oportunidades hemos descripto en detalle, sobresale la Ley 7.722, una norma discriminatoria que posiblemente sea única en el mundo.
A partir de su sanción, las empresas exploradoras se fueron de Mendoza y las inversiones en establecimientos productivos fueron rechazadas. Por eso, y porque fue avalada por los tres poderes que integran el Gobierno, se ha transformado en un verdadero símbolo de la política provincial que cerró las puertas a la inversión minera y adoptó una actitud hostil hacia el sector.
Últimamente, actores de la actividad privada y un número significativo de cámaras empresarias y otras organizaciones se han pronunciado a favor de un cambio de política que favorezca el desarrollo de la minería con la intención de ampliar la matriz productiva de la provincia.
Paralelamente, dos legisladores, Juan Antonio Agulles y Alejandro Abraham, presentaron sendos proyectos para reformar la Ley 7.722 con el doble objetivo de iniciar un debate sobre la actividad minera y plantear una modificación que permita una apertura a la inversión en el sector. Las Cámaras empresarias decidieron apoyar fuertemente estas iniciativas, porque interpretan que es una buena forma de empezar a quitar trabas e instalar, poco a poco, la conveniencia de sumar la minería a la matriz productiva provincial.
Al respecto, cabe hacer una reflexión sobre el enorme valor simbólico de la norma. Mientras el símbolo exista (con reforma o sin ella) seguirá siendo para los inversores el símbolo de la política de un Estado en el que no conviene invertir. Porque es el mismo Estado y los mismos políticos que le cerraron las puertas a la minería. Porque el clima adverso generado por los gobernantes de los últimos 12 años provocó una desconfianza tan grande que no desaparecerá porque se modifique solamente algún artículo de la ley. No parece razonable que los inversores, de buenas a primeras, decidan traer millones de dólares a una provincia en la que la mayoría de sus funcionarios y legisladores se manifiestan contrarios a la actividad.
Mendoza adhirió a la Ley Nacional de Inversiones Mineras en 1993 y, desde entonces hasta el 2005 llegaron las inversiones en minería y se crearon muchos puestos de trabajo sin que se produjeran problemas o incidentes debidos a esa actividad. Sin embargo, desde el 2005 en adelante Mendoza comenzó a imponer reglas de juego no previstas y perjudiciales para la minería, a la vez que distintos sectores de la política local alentaron el activismo y la multiplicación de consignas hostiles hacia la actividad, y permitieron su acceso a escuelas y colegios de la provincia para que la antiminería pase a ser parte de la cultura del pueblo. Desde ese momento ninguna de las empresas que invirtieron millones de dólares en nuestro territorio pudo recuperar el dinero invertido. Todas perdieron plata y se fueron.
Ahora, el hecho de que dos legisladores hayan decidido diferenciarse del resto de nuestros políticos presentando proyectos tendientes a favorecer la inversión minera puede ser un buen principio, tal vez el inicio de una etapa de reconsideración de todo lo hecho por el Gobierno mendocino desde el 2005 hasta ahora.
Para ello habría que asumir que, como en cualquier parte del mundo, la producción y la política tienen que ir de la mano. Las puertas tienen que estar abiertas para la inversión. En los países desarrollados (como Estados Unidos, Australia, Canadá, Suecia o Finlandia) los inversores saben que son bien recibidos y por eso presentan proyectos o se asocian y/o financian proyectos mineros existentes. Lo mismo pasa en las provincias argentinas que no cambiaron sus reglas de juego desde 1993. Si los empresarios invierten en sus territorios es porque confían en los gobiernos y en las políticas de esas provincias.
También hay que decir que las políticas de puertas abiertas no significan libertad de acción para que cada uno haga lo que quiera. Por el contrario, el Gobierno tiene la obligación de garantizar tanto a los empresarios como a la población que cada proyecto que se presente sea analizado y evaluado (por ejemplo una evaluación económica y ambiental estratégica) en el seno de las respectivas autoridades de aplicación, por profesionales idóneos matriculados que determinen su viabilidad de acuerdo a las normas vigentes y, sobre todo, los beneficios que dicho proyecto traiga aparejados.
Ingreso de dólares a la provincia, exploración e incremento de las reservas minerales, creación de puestos de trabajo directo, incremento en el trabajo de las Pymes proveedoras y aumento en los empleos indirectos, puesta en marcha de nuevas producciones y exportaciones, aumento en la recaudación del impuesto a los ingresos brutos de los proveedores y otras contribuciones, cobro de regalías y constitución de fondos especiales, son beneficios que hoy reciben las provincias que decidieron desarrollar minería en sus territorios y que Mendoza eligió perder a partir del 2005.
Por eso, las iniciativas de Abraham y Agulles pueden ser un buen comienzo para que se discuta seriamente sobre los resultados negativos de la política antiminera provincial y se inicie un camino que permita abrir las puertas a las inversiones mineras, incluyendo la eliminación de los símbolos y de las actitudes hostiles de nuestros políticos. No parece haber otra manera de recuperar la confianza perdida.
Por Eddy Lavandaio Geólogo - Matrícula 2774A COPIG (*)
(*) Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas
Diario Los Andes
