Minería y feminismos, ¿opuestos o complementarios?

Emiliana Lilloy analiza a la actividad minera con perspectiva de género.

Ayer sábado asistimos a la Audiencia Pública "EL DESTINO Y OTS" MDMO 2 convocada por Resolución Conjunta Nº 90/25 y 32/25 con el objetivo de escuchar todas las voces en relación al proyecto minero a realizarse en el departamento mendocino de Malargüe. Esto último en línea con la normativa interna y las guías internacionales (IRMA), el estándar internacional que mide el desempeño social y ambiental en los sitios mineros a nivel mundial y, entre otras exigencias, remite al consenso social para realizar este tipo de actividades.

En la audiencia pública pudimos escuchar que, desde algunas posturas feministas, durante décadas la minería ha sido vista como un terreno incompatible con los principios que defienden los movimientos de mujeres, debido esto a su historial de impactos socio-ambientales y la baja o perjudicial participación femenina en los espacios en donde esta se realiza.

Sin embargo, una mirada más matizada y contemporánea sugiere que las industrias extractivas pueden convertirse en aliadas estratégicas de las mujeres, siempre que adopten políticas robustas de inclusión, equidad y sostenibilidad.

Este debate es especialmente relevante para Mendoza, una provincia históricamente tensionada entre la protección ambiental y el potencial minero. Con una economía fuertemente ligada a la agroindustria y el turismo, la apertura de la matriz productiva hacia actividades mineras sostenibles podría ser un motor clave para reducir la pobreza estructural, especialmente en departamentos alejados de los grandes centros urbanos.

En este sentido, es innegable que la minería y otras actividades extractivas generan empleo formal, especialmente en regiones donde las oportunidades laborales son escasas. La incorporación de mujeres en todos los niveles -desde operarias hasta puestos directivos- no solo promueve la igualdad de género, sino que rompe estereotipos históricos sobre los trabajos "masculinizados". Países como Chile, Canadá y Australia muestran que, cuando se aplican marcos normativos adecuados, como la ISO 30415 sobre Diversidad e Inclusión, las recientes normas IRAM 57001 o los principios de la OCDE para Empresas Multinacionales, la participación femenina puede incrementarse significativamente.

Por otro lado, al ser la minería un motor crucial para la ampliación de la matriz productiva, contribuye a un desarrollo económico más sólido, siendo la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza femenina, un factor clave en la lucha contra la violencia de género. Tal como señala ONU Mujeres, la dependencia económica es uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia. Asimismo, parafraseando a Rita Segato, la pobreza en varones pone a estos últimos en una situación de impotencia y desesperanza que estimula la violencia en los hogares. Así, la creación de empleo digno y bien remunerado en sectores estratégicos se convierte en una herramienta poderosa para empoderar económicamente a las mujeres y prevenir las violencias.

En definitiva, lejos de ser una contradicción, la intersección entre minería y feminismo abre oportunidades para repensar el desarrollo con una visión más inclusiva. Esto implica exigir a las empresas un compromiso real con la igualdad salarial, la prevención del acoso y la violencia laboral (en línea con el Convenio 190 de la OIT), y la participación activa de mujeres en la toma de decisiones comunitarias y la gestión ambiental.

Las buenas prácticas ya existen: compañías mineras que implementan programas de liderazgo femenino, iniciativas de capacitación técnica para mujeres jóvenes y alianzas con organizaciones de la sociedad civil para garantizar entornos de trabajo seguro y respetuoso.

Por supuesto, este modelo no está exento de desafíos. La clave es que los beneficios económicos se traduzcan en transformaciones estructurales y no solo en medidas cosméticas. La minería como aliada de las mujeres es posible si se enmarca en un paradigma de derechos humanos y desarrollo sostenible, donde el crecimiento económico y la igualdad de género no sean caminos separados, sino objetivos complementarios.

La sostenibilidad es la condición ineludible: la minería moderna debe respetar estándares ambientales estrictos, minimizando el uso de agua, garantizando la remediación ambiental y respetando los derechos de las comunidades. Esto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y marcos internacionales como la ISO 14001 para la gestión ambiental, que son clave para ganar la licencia social para operar.

Un ejemplo concreto de que otro modelo es posible es la experiencia de San Juan, que ha demostrado que la minería puede articularse con el desarrollo local, logrando articular empleo genuino, formación de mujeres en oficios técnicos, y proyectos de impacto social en comunidades cercanas, transformándose en un caso de estudio regional para cómo las industrias extractivas pueden generar beneficios equitativos y sostenibles.

Es por esto que debemos preguntarnos si, en un contexto donde Mendoza busca caminos para un desarrollo más inclusivo y sostenible, abrir paso a esta posibilidad podría ser una oportunidad estratégica para avanzar hacia una provincia más justa y equitativa.

Memo