La motosierra se ensaña con Ciencia y Tecnología

Darán de baja programas de financiamiento vinculados a ciencias sociales, ambientales y divulgación

A través de un decreto, se facultó a la Secretaría de Ciencia y Tecnología para evaluar y eliminar aquellas iniciativas que no sean de agroindustria, energía, mineria, economía del conocimiento, innovación y salud. Repudio científico y universitario.

Amparado en la Ley Bases y en el decreto 70/23, que el Senado declaró inconstitucional y Diputados nunca llegó a tratar, el gobierno de Javier Milei parece decidido a avanzar durante 2025 en la destrucción del sistema científico y tecnológico nacional. Una resolución de la Jefatura de Gabinete, con la solitaria firma de Guillermo Francos, le encomendó a la fantasmal Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación evaluar exhaustivamente todos los programas creados por el ex Ministerio del área, que borró del mapa la gestión libertaria, para dar de baja los que no se ajusten a los gustos y a los “parámetros de economicidad” de las fuerzas del cielo. La Federación de Docentes Universitarios (FADUN) repudió la decisión, alertó que implica “la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global, entre otras”, e hizo un llamado urgente “a la comunidad universitaria, científica y al conjunto de la sociedad a mantenerse alerta y movilizada en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología”.

Si el ajuste en las universidades nacionales, el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico y la subejecución presupuestaria se convirtieron en marca registrada del gobierno de Milei en su primer año de gestión, la resolución de Francos, publicada ayer en el Boletín Oficial, augura un 2025 en el que todos los actores relacionados con el desarrollo del conocimiento padecerán a la ya célebre motosierra libertaria.

En los considerandos, a modo de fundamentos, la resolución 10/2025 de Jefatura de Gabinete repite la excusa tradicional del gobierno: “crisis económica y financiera inédita”, y necesidad de “eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población”. Francos pretende evaluar “la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad”, y diferencia escenarios para establecer criterios de poda:

· Los convenios con plazo vencido en que no hubo transferencia de fondos o bien las hubo pero sin principio de ejecución, serán dados de baja. En el segundo caso, se exigirá la devolución de las sumas otorgadas, más los intereses.

· Los convenios vigentes, en las dos variantes mencionadas, se rescindirán “de común acuerdo o en forma unilateral”, léase por las buenas o por las malas, y se exigirá la devolución de fondos. También se rescindirán si la ejecución no superó el 30 por ciento, siempre que haya sido certificada y acreditada.

· Sólo existirá la posibilidad de “renegociar la extensión del plazo y/o la readecuación del objeto del convenio” en los casos en que se superó el 30 por ciento de la ejecución.

Francos delega la facultad de evaluar los programas, darlos de baja y renegociar eventualmente los convenios en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que en teoría conduce Darío Genua (ex jefe de gabinete del Enacom), quien podrá “modificar los montos originalmente asignados en la medida en que cuenta con partida presupuestaria disponible” o bien rescindirlos si no la tiene o si no llega a un acuerdo con la contraparte. Amplias facultades para aniquilar todo esbozo de actuación estatal.

Como parámetro para evaluar el valor y la utilidad de cada programa la resolución cita en sus considerandos el denominado “Plan Estratégico 2024-2025”, un breve punteo de generalidades que Genua anunció en un posteo en X en noviembre pasado. “Corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico”, que en teoría prioriza “las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”.

La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) expresaron su “enérgico repudio” a la resolución, que “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambientes y el calentamiento global, entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”. “Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”, alertaron.

Las tres federaciones manifestaron su “profunda preocupación por las graves consecuencias de esta decisión, que comprometen directamente la estabilidad laboral y el desarrollo de las carreras profesionales de las trabajadores y los trabajadores de la investigación y la ciencia argentina”. “Hacemos un llamado urgente a la comunidad universitaria, científica y al conjunto de la sociedad a mantenerse alerta y movilizada en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, pilares esenciales para el progreso y el futuro de nuestra nación y el bienestar del pueblo argentino”, concluye el comunicado.

El investigador del CONICET, Rodrígo Quiroga, fue categórico. "El gobierno de Milei acaba de destruir el sistema científico argentino de un plumazo", aseguró tras conocerse la resolución.

El recorte en estos programas y subsidios en 2025, se suma a la estretegia de subejecución de partidas que llevó adelante el oficialismo durante todo el 2024 y que implicó una drástica reducción de los fondos para las tres iniciativas más grandes del exministerio: Equipar Ciencia, Construir Ciencia y Redes Federales de Alto Impacto.

Página 12