Negocios inmobiliarios en la minería, el Código Minero bajo la lupa

La falta de controles efectivos y la permisividad del sistema permiten que concesionarios retengan áreas sin desarrollarlas, afectando la generación de riqueza y empleo.

¿Cómo se sale de este circulo vicioso?

Por estos días, un puñado de especialistas y referentes de alertan sobre un problema silencioso que obstaculiza el progreso de la minería argentina: las concesiones mineras que se transforman en “negocios inmobiliarios”. Señalan que miles de áreas con potencial permanecen inactivas en manos de privados que no invierten, especulan con su valor y frenan el desarrollo del sector.

El geólogo y abogado Favio Casarín apunta que, de las aproximadamente 3.000 concesiones mineras en el país, solo el 23% genera riqueza. Más de 2.000 están paralizadas, utilizadas como activos para reventa en lugar de producción. “Es como tener un campo fértil y no cultivarlo”, ilustra Casarín, muy activo en redes sociales.

El problema no es nuevo. Provincias, empresarios y académicos llevan años denunciando que el Código Minero, creado en 1886, fomenta esta especulación, un debate que hoy vuelve a ganar relevancia. Diseñado para otra era, el Código no exige avances concretos a los concesionarios. Muchos solicitan permisos, pagan un canon mínimo y “retienen” áreas para venderlas después sin invertir.

¿Por qué ocurre esto? Casarín apunta al Código Minero. Obtener un permiso de prospección es tan sencillo como completar un formulario y pagar un canon, sin necesidad de antecedentes técnicos. Para la concesión, solo se requiere un plan de trabajo y un informe ambiental. Sin embargo, los plazos se dilatan: algunos alegan mal clima, falta de infraestructura o resistencia comunitaria para no avanzar. El Código, permisivo, otorga prórrogas o plazos extensos, de hasta 1.100 días.

Las provincias, propietarias del subsuelo, se ven limitadas por un código nacional. En regiones como San Juan, los ingresos mineros financian controles, pero en otras, “no hay ni una camioneta para verificar si los trabajos se realizan”, explica Casarín. Su propuesta es contundente: “Hay que derogar el Código y crear una ley minera moderna, similar a la del petróleo, que empodere a las provincias”. Y agrega que “con mayor autonomía, las provincias podrían exigir avances o recuperar concesiones”.

El Congreso actúa, pero con prudencia

El tema llegó a la Cámara de Diputados. En este marco, la Comisión de Minería abrió el debate. Walberto Allende, presidente de la Comisión Permanente de Minería, aclaró que aún no hay reformas concretas en marcha. Sin embargo, se iniciaron diálogos que buscan ampliarse con la participación de más actores nacionales.

En una reunión reciente, representantes de la Mesa del Litio, la Mesa del Cobre y provincias patagónicas abordaron la cuestión. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a empresas mineras, también apoyó el reclamo. Allende expresó: “Lo vengo diciendo hace tiempo: estas concesiones las tiene cualquiera, no invierten y, gracias a aportes del Estado o privados, terminan beneficiándose con transferencias que se convierten en un negocio inmobiliario”.

“El Código facilita esto, ya que es difícil que una concesión caduque. Sería positivo establecer plazos razonables: si no hay avances, la concesión debería pasar a otro, no convertirse en un negocio especulativo”, concluyó Allende

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