Perú ordena un toque de queda en la zona de los Andes donde asesinaron a 13 mineros

La presidenta peruana, Dina Boluarte, informó que la medida regirá por 30 días entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana en el distrito de Pataz, en la región de La Libertad.

FRANKLIN BRICEÑO

LIMA (AP) — Perú ordenó el lunes un toque de queda y la instalación de una base militar en una remota zona en los Andes donde fueron hallados la víspera los cadáveres de 13 trabajadores de seguridad de una mina que, según su empresa, fueron secuestrados el 26 de abril.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, informó que la medida regirá por 30 días entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana en el distrito de Pataz, en la región de La Libertad.

En ese periodo se paralizará la minería en 1.200 socavones que penetran hasta tres kilómetros dentro de las montañas, según el gobierno.

Boluarte señaló, sin dar detalles, que “probablemente” el líder de los asesinatos sería un prófugo delincuente conocido como “Cuchillo”, identificado por la policía como Miguel Rodríguez Díaz.

Poderosa, una mina zonal importante y que tiene un contrato con una minera informal que proveía material minero y cuyos 13 trabajadores fueron asesinados, dijo el domingo en un comunicado que los trabajadores de seguridad habían sido secuestrados.

El lunes la fiscalía indicó en conferencia de prensa, que los cadáveres tenían “impactos de bala”, pero que "nunca hubo un pedido" de rescate.

Las declaraciones de Boluarte se produjeron mientras algunos legisladores buscan juntar 33 firmas para ingresar un pedido de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén por “su notoria incapacidad” para detener el avance del crimen en todo el país, que ha provocado las cifras más elevadas de asesinatos y extorsiones desde 2017.

El 30 de abril, cuatro días después del secuestro, el primer ministro había dicho a la prensa que los órganos de seguridad no tenían “indicios” de que el secuestro “sea veraz”, pese a que existía una denuncia en una comisaría realizada por los familiares de las víctimas desde el día anterior, según el jefe de la policía local.

Los retenidos eran trabajadores del área de seguridad de una de las 283 empresas mineras informales que extraen minerales y luego los venden a la minera privada Poderosa, indicó a la radio local RPP Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la firma.

No se conocen las razones de los asesinatos, según la fiscalía.

El presunto secuestro recién fue conocido tres días después de ocurrido, luego de que los familiares de los secuestrados protestaran ante la prensa el martes 29 de abril en la capital regional de La Libertad.

En una zona rural de la región Piura, a más de 760 kilómetros al noroeste de Pataz, Tania Coveñas, prendió velas en la sala de su cabaña de adobes y techo de caña brava por el alma de su hermano Darwin Javier Coveñas Panta, de 31 años, una de las 13 víctimas.

“No tenía hijos, pero cuidaba de mi mamá y mi hermanita; se fue a trabajar a la minería porque no hay trabajo en la agricultura”, dijo por teléfono a The Associated Press. “Nadie nos ha dicho nada, ni una palabra de consuelo", añadió.

El del domingo no es el primer hallazgo de cadáveres en socavones de montañas de donde se extrae oro en Pataz. En 2024 la policía confirmó a The Associated Press que se habían encontrado 16 restos humanos de presuntos mineros informales fallecidos en medio de enfrentamientos por el dominio de las zonas auríferas en ese distrito.

En Pataz, la zona de mayor producción de oro de Perú, laboran tres grandes empresas mineras, pero también alrededor de 70.000 mineros ilegales, según el gobierno. Empresarios y pequeños comerciantes, así como proveedores de servicios, han denunciado constantes extorsiones.

Poderosa refirió en un comunicado que en los últimos tres años “suman 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales”.

En diciembre de 2023 un ataque con explosivos en la mina Poderosa dejó nueve fallecidos y 15 heridos, un hecho que el gobierno adjudicó a la minería ilegal.

El jefe de los fiscales ambientales, Frank Almanza, dijo en una conferencia que la minería ilegal mueve unos 7.000 millones de dólares anuales, mucho más que los 1.200 millones de dólares anuales aproximados del narcotráfico.

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