Procesan al ex secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral
- 16 de abril, 2018
El juez federal Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Ambiente y de Minería del kirchnerismo Sergio Lorusso y Jorge Mayoral por el delito de "abuso de autoridad". Ambos ex funcionarios están involucrados en la causa que investiga el derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en la provincia de San Juan.La causa se inició cuand
El juez federal Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Ambiente y de Minería del kirchnerismo Sergio Lorusso y Jorge Mayoral por el delito de "abuso de autoridad". Ambos ex funcionarios están involucrados en la causa que investiga el derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en la provincia de San Juan.
La causa se inició cuando el 13 de septiembre de 2015 se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada como consecuencia de la rotura de una válvula, que se quebró al congelarse. Por este episodio y de acuerdo con la investigación se contaminaron seis ríos.
Casanello sostuvo en su fallo que los ex funcionarios tenían un "poder de intervención", con obligaciones de control que no ejercieron. Y que a pesar de que la actividad era "altamente riesgosa", porque se manipulaba cianuro para extraer oro, "la empresa se controlaba a sí misma".
PENA
El delito de abuso de autoridad castiga con una pena de prisión de un mes a dos años al funcionario que, entre otros supuestos, "no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
El juez sostuvo que tanto la Secretaría de Ambiente como la de Minería tenían poder de intervención y que por lo tanto, debían hacer. Que la primera, como máxima autoridad ambiental a nivel nacional, debía velar por la utilización racional y la conservación de los recursos naturales, así como controlar los residuos peligrosos cuando, en un caso como este, los caudales de agua utilizados podían llegar a exceder el territorio de la provincia.
El juez advirtió que la propia empresa había dado a conocer a la Secretaría de Ambiente varios derrames de solución cianurada previos a septiembre de 2015 y que los datos que le firma presentó nunca fueron contrastados por otros estudios.
Además, consideró que no se sometían los materiales a ninguna fiscalización externa y que jamas se cuestionó que no hubiera sistemas electrónicos de alarma que reaccionaran de modo inmediato. El derrame del 13 de septiembre se advirtió porque lo notó un operario en una recorrida visual.
En cuanto a la Secretaría de Minería, el magistrado afirmó que omitió cumplir con sus obligaciones de control y prevención de los impactos ambientales de la actividad minera. Agregó que se limitó a meros actos administrativos y que sus supuestos controles no detectaron las falencias que después quedaron a la vista y que sí se advirtieron en las revisiones posteriores al derrame.
Según Casanello, el "retraimiento" del Estado permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control.
En cuanto a la contaminación "se informó la presencia de plomo y cadmio en todas las muestras y cromo total en las muestras" tomadas en los ríos Potrerillos, Las Taguas, Blanco con valores "por fuera de lo normado".
En la fiscalía del caso, a cargo de Ramiro González, siguen abiertas otras dos investigaciones por derrames posteriores, uno el 8 de septiembre de 2016 y otro el 28 de marzo de 2017.
Embargo
Casanello ordenó trabar embargos sobre los bienes de Lorusso y de Mayoral de dos millones de pesos a cada uno. En el mismo fallo procesó también a Beatriz Domingorena, ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. A la ex funcionaria, se le trabó un embargo por un millón de pesos.
Lorusso ya estaba procesado, también por Casanello, por el incumplimiento de la ley de glaciares
El Ancasti
