Retenciones a la minería: buscan que se establezca un sistema de progresividad

El 8% de las retenciones para el oro seguirá vigente hasta diciembre de 2023, en tanto las empresas del sector buscan que se aplique la progresividad para las retenciones del cobre y del litio

 

Por Sabrina Pont

La salida de Alberto Hensel, que dejó su cargo de secretario de Minería de la Nación para volver a San Juan a seguir con su carrera política con un alto cargo en el gabinete del gobernador justicialista Sergio Uñac, y la estampida antiminera en Chubut tras la sanción de la ley de zonificación, corrieron el eje de los temas a fin de año que, según las empresas que sí producen minerales en el país o pretenden encauzar un nuevo proyecto, urgen ser atendidos para concretar las inversiones anunciadas durante 2020 y 2021.

Uno de los asuntos pendientes para los mineros -el que más resuena- sigue siendo el mismo que se planteó en el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, incluso antes de que llegue la pandemia al país: revisar las retenciones.

Temas a resolver

El día de su asunción, la sucesora de Hensel, María Fernanda Ávila se refirió al tema y dijo que “si las empresas están planteando un tema en particular que les resulta importante es fundamental que nos sentemos y comencemos a conversar sobre ese tema”, ante la consulta de Santa Cruz Produce, minutos después de ser oficialmente presentada en el cargo por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a mediados de diciembre.

En rigor, a fin de atender el tema de las retenciones, la cartera bajo la órbita de Kulfas tiene armada desde enero de 2020 una mesa técnica con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el Ministerio de Economía, luego de que fue presentada la Ley 27.541 de Solidaridad -que bajó las retenciones mineras de un 12 a un 8 por ciento para el oro-.

Para el 31 de diciembre del año 2021, se pretendía tener listo un esquema progresivo de implementación para las retenciones mineras del sector, que acompañara los precios internacionales de los metales, pero los acontecimientos de diciembre obligaron a torcer la agenda y ese 8% para el oro se extendió con un decreto hasta diciembre del año 2023.

En tanto, las retenciones de los otros minerales metalíferos, como el cobre, la plata, y también las del litio, siguen plantadas en un 4,5% según el decreto 1060, que no plantea en su texto ningún vencimiento para su vigencia que deba ser atendido.

El esquema progresivo de retenciones mineras se terminaría el 31 de diciembre

No obstante, en el caso de esas últimas, las empresas saben que un decreto se puede modificar más fácilmente que una ley y, por esa razón, sostienen que van a seguir insistiendo en cambiarlas por un sistema de progresividad que le permita sobre todo al litio y al cobre tener alguna ventana de oportunidad más estable para poder concretar los proyectos anunciados.

En este contexto, la provincia de Santa Cruz, que representa más del 51% de la producción metalífera del país, luego San Juan, que atesora cinco de los siete proyectos de cobre a los que busca apuntar el Gobierno Nacional, y las que concentran proyectos de litio, Catamarca, Jujuy y Salta, son los destinos que se sostienen y se refuerzan como mineros por sus desarrollos en marcha, por su potencial, por el aval de los estados provinciales y sobre todo porque cuentan con sólido respaldo social salvo escasas y aisladas excepciones-.

Como un déjà vu, la entrada en escena de Ávila, la catamarqueña que dejó su cargo de ministra de Minería en su provincia para ser la secretaria de Minería de la Nación, se opacó con el fallido intento por cambiar la historia productiva de la provincia de Chubut.

Lo mismo le había pasado a Hensel cuando empezó su gestión en enero de 2020, pero con una ley en Mendoza que buscaba instalar la minería en la provincia, que debió ser derogada tras desatar la furia antiminera con movilizaciones sociales.

Pocas horas antes de que se sancionara en Chubut la ley que permitía la minería en una región y que finalmente por el accionar antiminero se derogó, Ávila se refirió al debate que estaba planteado en esa provincia. “Yo vengo de una provincia minera, y sé que hay que dejar a las provincias tomar sus decisiones y nosotros desde Nación apoyaremos lo que la provincia decida”, señaló ante la consulta de SCP.

En línea con las declaraciones que la catamarqueña anticipó a este medio, la estrategia del Gobierno Nacional en materia minera sigue siendo la misma que se bajó tras los incidentes en Mendoza hace dos años: no intervenir y apuntar a hacer minería en donde sí hay licencia social (y no hay leyes provinciales que prohíban la actividad).

Inversiones

Como un intento que refuerza esa estrategia, la Secretaría de Minería publica casi un mes después de la estampida en Chubut y de la asunción de Ávila un informe que hace hincapié en los anuncios de inversiones en el sector minero durante los años 2020 y 2021 que no están impedidos por conflictos sociales o normativas locales.

De acuerdo al documento, la Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance. Se destacan 17 minas en producción, 3 en etapa de construcción o ampliación y otros 12 que ya anunciaron su factibilidad técnica y económica.

Las inversiones productivas anunciadas totalizan US$ 9.314 millones, de las cuales el 94,5% serán destinadas a construcción y ampliación. San Juan lidera el ranking de anuncios de inversiones con el 55,6% del total (U$S 5.181 millones), según el paper de la cartera minera nacional.

En cuanto a commodities, los proyectos de cobre (49,47%) y litio (36,3%) concentran la mayor parte de las inversiones futuras: US$ 4.608 millones para el cobre, US$ 3.382 millones para el litio, US$ 1.293 millones el oro y US$ 30 millones la plata

La Opinión Austral