Río Negro: Exigen al Gobierno rionegrino informes por vínculos mineros entre Ciccarelli y "Fred" Machado
- 6 de octubre, 2025
La Legislatura volvió a poner bajo la lupa la trama económica y política vinculada a Claudio Ciccarelli y Federico Andrés "Fred" Machado, empresario detenido por lavado de dinero y narcotráfico.
Sergio Bustos
El bloque Fuerza Patria presentó un pedido de informes al Ejecutivo provincial para que detalle actividades, estructuras societarias, beneficios y controles aplicados a empresas relacionadas con ambos en el sector minero.
La iniciativa fue impulsada por José Luis Berros y acompañada por Ana Marks, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso y Leandro García. El pedido está dirigido a la Secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas, las secretarías de Ambiente y Función Pública, Fiscalía de Estado, Asesoría Letrada y Tribunal de Cuentas.
“Queremos saber si el gobierno provincial está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Claudio Ciccarelli y Federico ‘Fred’ Machado, requerido por la justicia internacional”, expresó Berros. Y advirtió: “No vamos a tolerar que el Estado sea cómplice de una trama de testaferros, favores y silencio institucional”.
Los legisladores pidieron precisiones sobre concesiones mineras otorgadas desde 2005 a empresas como Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics y L&C Mining S.A.C., así como sobre contratos, subsidios, beneficios fiscales, uso de agua, inspecciones y estudios ambientales. También reclamaron informes sobre posibles incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.
El pedido adquiere relevancia política porque hasta hace un mes, el área de Energía —que incluye Minería, Ambiente e Hidrocarburos— estaba a cargo de Andrea Confini, pareja del gobernador Alberto Weretilneck, actualmente en licencia por su candidatura a senadora. Confini también fue designada directora en YPF, cargo que asumirá tras las elecciones.
Ciccarelli aparece como socio y apoderado en diversas firmas vinculadas a Machado, según denunció el diputado Martín Soria. Además, fue empleado estatal y luego quedó adscripto al bloque de Juntos Somos Río Negro. Por su parte, Machado está detenido con prisión domiciliaria en Viedma a la espera de su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta causas por lavado y narcotráfico.
La red de empresas ligadas a Machado se usó para operaciones de triangulación de fondos, fraude y tráfico internacional, según la justicia estadounidense. El caso cobró mayor repercusión nacional por su vínculo con el diputado José Luis Espert, quien utilizó una camioneta blindada de Machado en 2019 y recibió financiamiento para vuelos privados y campaña electoral.
En los últimos días, documentos judiciales en EE. UU. revelaron que una transferencia de 200 mil dólares recibida por Espert provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc, firma vinculada a las operaciones ilegales de Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin. La evidencia contradice la versión del diputado, que afirmó que el dinero correspondía a “asesoramiento profesional” en Guatemala.
La legisladora Ana Marks subrayó que el pedido “trasciende lo electoral” y busca establecer si existieron beneficios estatales a empresas de “capitales de origen dudoso, con impacto sobre los recursos naturales, el ambiente y la institucionalidad provincial”.
Los legisladores advierten que, de confirmarse vínculos entre la provincia y empresas asociadas a Machado, estarían en juego la transparencia institucional, el control ambiental y la gestión de recursos estratégicos como las arenas silíceas utilizadas para fracking.
El Gobierno provincial aún no respondió formalmente al pedido de informes, pero el tema ya comenzó a generar tensiones dentro de la Legislatura y en los organismos de control. La situación de Ciccarelli y Machado promete seguir en el centro del debate político rionegrino en las próximas semanas.
LU17.com