El productor minero que en 2015 permaneció seis meses atrincherado en una casilla reclamando los derechos de explotación de una antigua cantera, fue procesado por el Juzgado Federal y en noviembre llega a juicio. El Ejército lo denunció por usurpación, pero él dice tener pruebas que acreditan la jurisdicción provincial de las tierras. Denuncia un entramado de "corrupción" detrás de la explotación de los áridos.
El productor minero Daniel Moreno, que en 2015 estuvo seis meses atrincherado en la cantera La Romina, llega a juicio por la usurpación de tierras que el Ejército se adjudica como propias. El hombre asegura tener pruebas para acreditar que la propiedad en realidad está en jurisdicción provincial y que tiene derecho a extraer áridos tras presentar una solicitud de cantera.
En la audiencia, que se realizará el 23 de noviembre en el juzgado federal, el imputado promete destapar una serie de "desmanejos" de las tierras que, según su criterio, pertenecen a la provincia de Río Negro y no al Ejército Nacional, cuyas autoridades presentaron la denuncia pero se excusaron de actuar como querellantes en la causa.
El hombre tiene 73 años, dice ser sobrino nieto del perito Francisco Pascasio Moreno, y desde 1995 se dedica a la explotación de áridos. En 2013 inició los trámites en la Secretaría de Minería de la provincia para explotar en concesión la cantera La Romina, donde antiguamente la empresa Robles extrajo material para construir la ruta de acceso al cerro Catedral.
La autoridad provincial nunca otorgó una autorización formal al productor minero porque la tramitación "se empantanó", según reconoce el propio imputado. Sin embargo, Moreno asegura que el Código Nacional de Minería señala que el productor tiene derecho a hacer uso de los áridos de manera automática, si no existe oposición y se encuentra aprobada la diligencia de mensura. El artículo 93 del Código consigna que "con la diligencia de mensura queda constituida la plena y legal posesión de la pertenencia".
Cuando en mayo de 2015 Moreno instaló sus maquinarias y camiones en el terreno de 45,9 hectáreas; agentes del Ejército Nacional cruzaron camiones Unimog para bloquear el acceso, atribuyéndose la propiedad de las tierras. Una orden de desalojo obligó a Moreno a retirarse del lugar luego de permanecer todo el invierno en la casilla, que no tenía agua corriente, electricidad ni calefacción.
Con una carpeta repleta de archivos, el productor minero intentará probar en la audiencia que el Ejército Nacional no posee derechos sobre la propiedad, por ende no puede ser denunciado por usurpación.
"No tienen un solo título" afirma Moreno ante este portal. Según indica, la Secretaría de Minería no interviene en su caso para reclamar la jurisdicción de las tierras por "el dolo como método para para imponer la corrupción en Argentina".
"Pienso que la justicia tiene la necesidad de sobreseerme" expresa el hombre, que meses después del desalojo fue procesado por usurpación por el juez federal Walter López Da Silva.
A toda la documentación que Moreno pretende presentar en el juicio, se suma una denuncia fiscal presentada ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip) mediante la cual acusa al coronel de la Escuela Militar de Montaña, Ricardo Daniel Secotaro y al suboficial mayor Ricardo Alfredo Campos, de explotar ilegalmente la cantera La Romina. En la denuncia, presentada en abril de 2015, Moreno recuerda que el Código Nacional de Minería impide al Estado explotar o disponer de las minas.
El caso fue tan polémico que el propio gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck se pronunció al respecto. Cuando Moreno llevaba un mes en la cantera, el mandatario provincial declaró que "no hay ninguna autorización provincial pero lo que sí hay es un inicio de pedido de guía de explotación de áridos por parte de esta persona". Agregó que "no hay una autorización porque no se terminó el trámite y se estaba evaluando la presentación por parte del Ejército".
Moreno recordó que "le pedí tres veces audiencias al gobernador pero nunca me contestaron".
La ex subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, Susana Moyano había informado en ese entonces que la extracción no fue autorizada porque no aprobaron el informe medioambiental para proceder a la explotación de la cantera.
Consultado por B2000, el actual secretario de Minería de Río Negro, Juan Pablo Espínola recordó que los trámites para explotar esa cantera no están concluidos y nunca fue autorizada su explotación.
"El dueño del recurso es el propietario de la tierra y en tierra fiscal, las canteras se concesionan" explicó. En ese sentido, dijo que "lo que él (Moreno) discute es la titularidad de la propiedad, que en el Catastro de la provincia figura como del Ejército" indicó brevemente sin intenciones de profundizar la información.
Espínola aclaró que "nunca vi los papeles de titularidad" del Ejército, pero "algo debe haber para que la justicia federal actúe sobre la denuncia" deslizó.
¿A quién pertenecen las tierras?
El productor minero afirma que el terreno pertenece a un lote pastoril asignado dentro de la Colonia Agrícola Nahuel Huapi y que un decreto presidencial firmado el 3 de mayo de 1902 ?fundación de Bariloche- "fija un destino específico, que no es el uso militar".
Moreno exhibirá ante la jueza una serie de documentos entre los cuales se encuentra una nota que la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble envió al agrimensor Antonio Kovic, contratado por Moreno. "Se informa que en este Registro no existen antecedentes de dominio inscripto mediante el cual pueda determinarse la titularidad del bien solicitado" consigna el documento enviado por la dependencia provincial en junio de 2015.
Además, cuenta con un documento firmado en 2012 por el ex fiscal de Estado Adjunto de Río Negro, Juan Bautista Justo, en el marco del expediente por la solicitud de Moreno para explotar la cantera "Moreno Uno" (ubicada en la misma zona); el exfuncionario cita la resolución firmada en 1937 por el entonces presidente de la Dirección de Parques Nacionales, en la cual se "reservan" 5 mil hectáreas con destino al Ministerio de Guerra, superficie que queda fuera de la declaración de utilidad pública.
Justo también deja constancia que en la ley de Provincialización de Territorios Nacionales (1955), se establece que pasan al dominio de las provincias los bienes de la Nación, excepto aquellos que necesite destinar a un uso público. Según la Vista de Justo, esas tierras "no estaban en posesión del Estado Nacional sino libres o en algún caso, en posesión de algunos ocupantes particulares".
El juicio
El juicio oral y público será encabezado por la jueza federal de Zapala, María Silvina Domínguez ya que por el monto de la pena no es necesario constituir un tribunal.
La acusación será desarrollada por la fiscal federal Silvia Little debido a que el Ejército no se presentó como querellante.
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