Río Negro/SAO: Hensel dilata las soluciones y quiere callar a los vecinos que reclaman "Remediación Ya", lamentó Llonch

La Ingeniera Patricia Llonch, una de las voces fuertes de la Comisión Multisectorial del Plomo, lamentó la actuación del Secretario de Minería de la Nación en la remediación.

 

En el año 1994 se detectó la contaminación con plomo de las costas rionegrinas aledañas a la ciudad de San Antonio Oeste, Puerto del Este y Las Grutas. Fue un hallazgo  circunstancial, tras medir el sedimento de la bahía, y luego aparecen estudios geológicos y de salud, donde queda claro cuál fue el origen de la contaminación. La minería dejó una pesada herencia de daño en el ecosistema y perjuicio social sin precedentes en la Patagonia.

“Son 27 años de saber que estamos viviendo en un sitio contaminado” en la ciudad de San Antonio Oeste, en lugares donde se realizan deportes, se construyeron viviendas, se criaron animales comestibles y se despliega n actividades recreativas. Aquí, a 1.140 Km de la Ciudad de Buenos Aires, un verdadero “ecocidio” es agravado por la indiferencia de un Estado que no acepta sus responsabilidades, despilfarra recursos, no identifica responsables y su actitud contamina más a una de las zonas más vulnerables de la costa rionegrina.

Mediante una conferencia de prensa los integrantes de la multisectorial informaron a medios regionales y nacionales de las peripecias que se suceden en los últimos 10 años cuando las autoridades nacionales se endeudaron por medio de créditos del Banco Interregional de Desarrollo (BID) para solucionar la contaminación con metales pesados que desde hace más de cincuenta años padece la población de esta comunidad.

Metales como plomo, zinc, plata, indio, uranio, hierro o mercurio se encuentran en diferentes cantidades dispersos en gran parte de la costa marítima lindante a las localidades rionegrinas antes denominadas. El no tratamiento de esta contaminación se volatilizó en forma incalculable por diferentes espacios y se convirtió en un problema de salud pública ocasionado por el descontrol de una empresa minera al realizar las tareas de refinación de los minerales. Esto es algo que demanda en forma urgente remediación. Las autoridades actuales, de la Secretaría de Minería, pretenden eludir su responsabilidad incumpliendo contratos, desoyendo los dictámenes de la justicia e intentando amordazar a la sociedad para que no haga reclamos. Un avasallamiento a la libertad de expresión y al respeto republicano de las instituciones.

“En estos años hemos tratado por todos los medios de generar la muy esperada remediación. Finalmente aparece en 2009 un convenio de la mano de la Secretaría de Minería de la Nación comprometiendo la remediación de los pasivos ambientales mineros generados por la actividad de la mina Gonzalito” dijo en forma enérgica Patricia Llonch, referente de la Multisectorial de San Antonio Oeste.

Ese convenio, sin embargo, se caracterizó por no tener una respuesta inmediata. Se llevó adelante una consultoría por parte de la empresa URS que fue calificada como “muy opaca”. La informante dijo a los presentes en la conferencia de prensa que “nosotros no accedemos a la información como ciudadanos y sí sabemos que en el año 2014 se presenta el estudio de impacto ambiental aunque seguimos sin conocer el proyecto” para remediar.  Finalmente lo conocieron cuando se contrata la primera empresa para hacer la obra de remediación en el año 2015, pero un año después, “este contrato es rescindido por incumplimientos graves al mismo”.

“Vuelve a aparecer un nuevo convenio, en este caso, ya participa también la municipalidad de SAO, la nación y provincia. La Nación vuelve a comprometerse con la remediación total de los suelos contaminados con metales pesados en la región, haciendo honor a los compromisos que había asumido en el estudio de impacto ambiental en el convenio previo” dijo Llonch.  Seguidamente el gobierno nacional contrató una nueva empresa “que empieza a trabajar en 2017, pero, una vez más, sin terminar ni cumplir los objetivos de remediación, este contrato se cae porque la Secretaría de Minería de la Nación informa que se han agotado los fondos”.

Se había trasladado más de 70.000 metros cúbicos de material contaminado desde los sitios de SAO a las celdas de exposición final que se había construido en la zona denominada Mancha Blanca, cuando lo que estaba previsto era el traslado de 42.000, por lo tanto se había excedido enormemente el volumen estimado en la consultoría y aún seguía habiendo dos pilas sin tratar y otras dos tratadas de manera incompleta. Errores de cálculo, para saborear más a fondo este desaguisado, quien participó de ello, la geóloga Carolina del Valle, fue la responsable de ejecutar la obra.

“De manera tal que esta situación por supuesto generó las alarmas en todos nosotros, sobre todo porque uno de los barrios de SAO donde hay una de esas pilas había quedado con sus veredas y su calles extremadamente contaminadas” señaló la vecina.  Con el grupo de personas que constituye la multisectorial “lo que más hacemos es pedir audiencia y manifestar nuestra preocupación, muy pocas veces con resultados positivos en este sentido. En estos 27 años pasaron muchos gobiernos, funcionarios, autoridades en el nivel municipal, provincial y nacional, nosotros seguimos trabajando por lo mismo, somos las mismas personas que estamos muy convencidas que esto se tiene que resolver”.

Llonch denunció que “no estamos teniendo una repercusión favorable de acuerdo con lo que esperábamos. En 2018 cuando se acabó el dinero y las actividades en SAO nosotros presentamos un recurso de amparo pidiendo la remediación completa y que se terminara la obra. Interpusimos una medida cautelar para que se remediara sobre todo el suelo, en calles y veredas que tienen niveles muy alarmantes de conservación de metales pesados. La justicia falló a favor nuestro, ordenó la remediación a la secretaría de minería de la nación en abril del 2018. Han pasado más de 3 años, esta orden judicial no se ha cumplido y la secretaría al día de hoy sigue dilatando el cumplimiento de esa medida. Se trata de las calles y veredas de dos manzanas urbanas, justamente donde funcionaba la geotécnica que luego lamentablemente se lotearon aun sabiendo que había problemas de contaminación y la gente compró los lotes, construyó y hoy viven arriba de eso”.

Desde esta ciudad rionegrina expresan que “nosotros necesitamos que las autoridades dejen de dilatar los tiempos  y distribuir responsabilidades ya que fue asumida en su momento a través de los convenios y los estudios de impacto ambiental por la secretaría de minería de la nación. Tiene que dejar de dar vueltas y resolver el problema que es de carácter urgente en los chicos que viven en estas dos manzanas urbanas”.

Esperan que desde la exposición pública de esta lamentable situación se “pueda contribuir a que se logre este objetivo, y después seguir por la remediación completa de SAO, a pesar de que aparentemente  la secretaría de minería de la nación ha escrito un nuevo convenio que ha firmado la provincia de Rio de Negro y la municipalidad de San Antonio en donde desaparece el compromiso que había asumido la Nación de hacer la remediación completa de los sitios contaminados, quedando solo una mínima parte de esa responsabilidad”.

Los vecinos de SAO expresan que “si hay algo que es de interés público es vivir en un ambiente saludable para poder gozar de la salud. Nos sorprendió que la Secretaría de Minería le solicitara al juez en principio que el expediente del recurso de amparo cursara de manera reservada y además que el juez nos conminara a dejar de publicar información relativa a la gestión en nuestras redes sociales”. Afortunadamente luego el juez lo entendió y consideró “improcedente el pedido de la Secretaría de Minería”.

Aparte de todos los incumplimientos, destacando además que “de condenarnos a seguir viviendo en un ambiente contaminado, además intentan obligarnos a callarnos la boca. Es inaudito y contradictorio con lo que significa la vida en democracia en el marco de la República en la que vivimos”.

Sobre la “no actuación” en este delicado y perjudicial tema, por parte de la diputada nacional Belén Sposito, oriunda de esta localidad, que apareció como vocera de los funcionarios dando así la espalda a los reclamos de la comunidad. Llonch finalmente dijo que ésta “no tiene la información que necesita tener para poder hacer las preguntas que se necesitan formular. Cuando uno va sin hacer la tarea no sabe que consultar. Nosotros nos ofrecimos para darle información, documentos y demás pero lamentablemente se alineó de una manera con la autoridad minera sin contemplar un poco lo que era nuestras necesidades como comunidad”,  acotó.

Prensa GeoMinera