La Cámara Salteña de la Construcción advirtió que la situación es muy mala. Piden que el próximo Gobierno invierta un plan de obras por $1.500 millones.
Dario Pérez
La construcción atraviesa una situación muy delicada en Salta por la caída de la obra pública y privada.
La crisis económica que atraviesa el país, sumada a los inconvenientes que tienen para cobrar la obra pública o conseguir contratos en el sector privado, tiene en vilo a las empresas constructoras de Salta.
"La situación del sector es tremenda", sentenció Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción en diálogo con El Tribuno, y agregó: "Las compañías la estamos pasando muy mal para sostenernos en esta situación".
En este marco, reveló: "Nosotros, como Cámara, teníamos un padrón de 70 empresas y hoy en día tenemos 20. En tres años se fueron quedando en el camino 50 empresas".
Segura señaló que por la crisis y los vaivenes de la economía nacional están "en un momento en que no sabemos qué va a pasar con la obra pública".
Mientras que "en el ámbito privado hay varias obras importantes en marcha, como los emprendimientos mineros que deberían tomar la mano de obra de Salta, pero que ninguna de esas empresas está cumpliendo con esta norma. Apenas contratan el 10% de empresas y mano de obra local pero trabajan con constructoras de Buenos Aires que están acusadas y comprobadas de casos de corrupción".
En este sentido, reveló que "tuvimos una reunión con la ministra (de Producción Graciela) Pinal de Cid que convocó también a las mineras para avanzar en las tratativas para que contraten a empresas de la Cámara de la Construcción y del otro lado fue una compañía solamente a la convocatoria".
De acuerdo a los dichos de Segura, el representante de la minera "explicó cómo trabajaban y planteó que tienen una consultora que se ocupa de investigar las capacidades de las empresas para ver si las pueden llamar a cotizar".
"Nosotros somos empresas que hicimos obras con entrega llave en mano. Hicimos la construcción de un hospital con todos los elementos listos, ecógrafos, equipos de rayos, hasta las camas y, consideramos una falta de respeto que venga una persona que ni sabemos en Salta quién es y nos diga que tienen que evaluar nuestra capacidad técnico financiera para ver si nos llaman a contratarnos cuando se están llevando los minerales de todos; no me parece", se quejó.
Y advirtió que "en Jujuy y Catamarca una minera no puede ni pensar en contratar empresas que no sean locales. Acá, ni el catering de Salta contratan".
Necesitan $1.500 millones
Para Segura, en los últimos 24 años en Salta se ha hecho "muchísima obra pública" que no se valora. Pero consideró que "falta muchísimo por hacer".
"En nuestra sede tres candidatos a gobernador nos visitaron y les propusimos entregarles un plan de trabajo para su eventual gestión", indicó Segura y afirmó que "sea quien sea el próximo gobernador va a necesitar gestionar 1.500 millones de pesos para hacer obras urgentes en Salta".
Reveló que "en cuanto a infraestructura vial, al norte no se puede viajar; hay una ruta, la 34, que tiene 60 años y que está pensada para vehículos que no excedían los 110 kilómetros por hora", y que "la 16 está destruida, lo mismo que la 5".
Además "tenemos el Corredor Bioceánico, pero a la ruta 51 la usufructúan las mineras, y la ruta 40 en el tramo de Salta deber ser el único lugar del país que no está pavimentada".
"También hay que hacer muchísimas obras de ingeniería sanitaria, la ciudad se está yendo para arriba y nosotros tenemos caños de cloacas de 100 milímetros de cemento, que no se usa más, se usa PVC", dijo.
Agregó que "se hizo una obra fabulosa en Salta, la de la plaza Gurruchaga, pero ahora falta hacer la parte de cloacas. Son obras faraónicas que nadie ve".
Finalmente, consideró que "para resolver el déficit habitacional que hay en Salta hay que construir 5.000 viviendas por año".
Juan Carlos Segura (h), presidente de la Cámara Salteña de la Construcción.
En la Cámara Salteña de la Construcción hay un profundo malestar con la Nación por la mora en el envío de los fondos para pagar las redeterminaciones de las obras que tienen en marcha pero, aún más, por las declaraciones del secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, a El Tribuno en las que aseguraba que el Gobierno no tenía responsabilidad en el envío de ese dinero.
"No entiendo las declaraciones que hizo Kerr, o con quién quiso quedar bien, pero con nosotros quedó muy mal", manifestó el titular de la institución que nuclea a las empresas constructoras de la provincia, Juan Carlos Segura (h).
Días atrás, en ocasión de una entrega de viviendas en Cerrillos, Kerr estuvo en Salta y fue consultado por este medio sobre la deuda de 500 millones de pesos que le reclama la Provincia en concepto de redeterminaciones de obra. Sin dudar, Kerr manifestó: "No existe deuda por viviendas con Salta", y agregó que "las redeterminaciones, que las empresas constructoras de Salta le puedan reclamar a la Provincia, no es una deuda que nosotros tengamos para con esas empresas. Nosotros no las contratamos".
En diálogo con El Tribuno, Segura le contestó a Kerr: "Es cierto que Provincia firma un contrato con nosotros, pero ese contrato lo aprueba un pliego de condiciones y a ese pliego de condiciones lo aprueba la Nación a través del convenio que, efectivamente, firma con Salta".
Además, el titular de la Cámara Salteña de la Construcción agregó que "el hecho de que la Nación imponga cuál es el método de redeterminación implica que son los que pagan", y acto seguido expuso un contrato donde puede leerse: "La Secretaría remitirá al organismo competente las eventuales redeterminaciones de precios presentadas por el Instituto, de conformidad con la normativa vigente".
Tras la publicación de la nota en las que Kerr desconocía responsabilidad en el pago de redeterminaciones a las constructoras, la Cámara Salteña de la Construcción y afines publicó una solicitada en la que se dirigían "a la ciudadanía en general y a los beneficiarios de planes de viviendas en particular, para desmentir terminantemente las manifestaciones públicas realizadas por el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr".
El documento señalaba: "No es verdad que el Gobierno nacional no tenga participación en los contratos para construcción de viviendas en Salta, puesto que, en tales contratos, expresamente asume el compromiso (conjuntamente con la Provincia) de proveer los recursos para el financiamiento de las obras".
"La concreción de los planes de viviendas en Salta atraviesa una delicada situación fruto de la mora en el pago de las redeterminaciones de precios que conduce los contratos a un inevitable quebranto económico y financiero", advierten.
Idas y vueltas
Segura reveló que el problema para que la Nación abone las redeterminaciones viene desde hace años y que, sobre fines del año pasado, ya casi sin recursos para seguir insistiendo, la Provincia optó por hacerse cargo del diferencial que desconoce la Nación para que las obras se reactiven.
"Antes -explicó el empresario- la Provincia pagaba las redeterminaciones a las empresas a partir de un cálculo que estaba establecido en el decreto 1170, que era un decreto provincial. Después se empezaron a pagar las redeterminaciones con el decreto 1295/02 y, posterior a eso, durante el gobierno de Macri, volvió a cambiar la normativa y nos pasaron a un decreto 691".
Reveló que "con este decreto (691) me cansé de golpear puertas en Buenos Aires para cobrar y nunca nos atendieron. Porque, según ellos, no tienen por qué atender a los contratistas porque tenemos contratos con el IPV".
"Hablé con todos los contadores de la Secretaría de la Vivienda e incluso con el segundo de Kerr, pero a ese decreto nunca lo pudimos implementar", denunció y detalló que "todo esto ocurrió durante 2017 y parte del 2018" y que "por eso las obras se están terminando de entregar recién ahora".
Segura indicó que "después del decreto 691 sacaron la resolución 72, mediante la cual recomponían los precios y nos reconocieron una pequeña parte de la deuda, la cual se pagó con casi un año de demora".
"Posteriormente -recordó- en marzo de 2018, crearon el UVI, que tampoco nunca lo pudimos implementar porque había un decreto reglamentario que indicaba el mecanismo de pago pero la Secretaría de la Vivienda no se hacía eco de ese decreto y hacían su propio cálculo para definir los pagos por redeterminaciones para las obras de viviendas".
En este marco, Segura reveló: "Cansados, fuimos a pedir ayuda en la Provincia que, a fines de 2018, optó por hacerse cargo: el IPV emitió una resolución por la cual se volvía a utilizar el decreto 1170 como método de redeterminación".
Sin embargo, recalcó que en este escenario "hay tres actores: la Secretaría de la Vivienda, el IPV y las contratistas. El IPV le redetermina los precios a los contratistas con el decreto provincial 1170, la Nación le reconoce a la Provincia con el UVI, pero con valores del UVI que no son los que fija el decreto de reglamentación sino con el que el organismo considera como correcto", y evaluó que "esto significa que hay una diferencia entre lo que la Nación reconoce al IPV y lo que el IPV les paga a los contratistas" y que "esa diferencia la pierde el IPV, que se desfinancia".
No obstante, resaltó que "gracias a la resolución de la Provincia se reactivaron las viviendas que venían paradas", aunque advirtió que "después del desastre (económico por la devaluación) de agosto no se sabe qué va a pasar".
El Tribuno
