Salvo el litio, los proyectos de inversión en minería no dan señales de avance

Uno de los principales obstáculos es que, para poder seguir adelante con sus iniciativas, las empresas precisan garantizarse el acceso a dólares.

El gobierno nacional comenzó a liberar permisos, aunque aún restan resolver casos puntuales.

Por Sabrina Pont

Salvo los proyectos de litio en las provincias del noroeste argentino (NOA), que van acompañados de un incesante crecimiento de la demanda global impulsada por la industria automotriz que requiere de ese mineral para consolidar sus metas de fabricación de vehículos eléctricos, lo que origina un aumento exponencial en el precio de ese insumo, el resto de las iniciativas que apuntan a la construcción de nuevas minas para producir minerales metalíferos en otras zonas del país no muestran -por el momento- una fecha concreta de inicio.

A principios del 2022, la secretaría de Minería de la Nación -que estrenaba en el cargo por esos días a su titular, la catamarqueña María Fernanda Ávila- publicó un informe en donde se detallaron las inversiones mineras que había sido anunciadas entre los años 2020 y 2021 inclusive.

Según el paper de la cartera minera nacional, los nuevos potenciales emprendimientos mineros totalizarían desembolsos por US$ 9.314,36 millones, de las cuales el 94,5% serían destinadas a la construcción y a la ampliación de minas. Solo los de litio, que no alcanzan la mitad del monto, no se frenaron.

En números

US$ 9.314,36 millones representan los nuevos potenciales emprendimientos mineros.

Uno de los principales obstáculos que pusieron los empresarios sobre la mesa del ministerio de Economía de la Nación, es que para poder seguir adelante con sus iniciativas precisan garantizarse el flujo de dólares para importar insumos, pagar préstamos internacionales y girar dividendos. También lo hicieron las mineras de oro y plata con proyectos en marcha en el país, pero en esos casos la mayor preocupación apunta a sostener los niveles de exportación planificados para la totalidad del 2022.

Ante esta constante demanda sectorial, el gobierno nacional instrumentó finalmente la mesa de seguimiento de las SIRA – Sistema de Importaciones de la República Argentina-, a fin de agilizar las autorizaciones y comenzó a liberar permisos a las empresas mineras, aunque por el momento el acceso a las divisas se estima tendrá una demora de 180 días. Así las cosas, se recibió en el sector como un inicio de normalización que de algún modo genera alivio, aunque aún restan resolver casos puntuales.

A un mes de finalizar el año, las proyecciones de inversión que el sector minero preparó con el inicio del gobierno de Alberto Fernández, y que luego reforzó en la mitad del mandato a la par que se consolidaba el proceso post-pandemia, se ven hoy diluidas ya que se suman otras variables a las trabas de importación: por un lado, la sostenida baja de los precios de los metales, que si bien en el caso del oro mostró una pequeña señal de recupero todavía sigue bajo comparado con los últimos tres años, y por otra parte, la inflación y la suba de los costos de producción.

Casi la mitad del monto de inversiones proyectado por la secretaría de Minería de la Nación depende de un solo emprendimiento, el proyecto de cobre Josemaría, en la provincia de San Juan, encabezado por la firma canadiense Lundin Mining, que anunció una inversión de US$ 4.200 millones.

En números US$ 4.200 millones abarca el proyecto minero anunciado por la empresa canadiense Lunding Mining.

Sin dudas, Josemaría carga con una expectativa importante, no solo porque ponerlo en marcha revolucionaría a todo el sector por los requerimientos de puestos de trabajo, bienes y servicios, sino también porque modificaría abruptamente el mapa minero nacional y posicionaría al país en la escena global de productores de cobre.

El gobierno nacional tomó nota de esto en su momento e intentó allanar el camino hacia la puesta en marcha oficial del proyecto, pero no le alcanzó. A mediados de año, preparó un nuevo esquema de derechos de exportación hecho a medida de Josemaría y ofreció la opción de reemplazar la alícuota fija hoy vigente (del 4,5%) por un sistema de retenciones “progresivas” en función del precio, con un rango entre 0 y 8%. Hasta el momento, Deprominsa, la empresa propietaria del proyecto de cobre, no manifestó si finalmente optará por el nuevo régimen.

En el informe se contemplaron las iniciativas que al inicio de 2022 se pensaba tenían más posibilidad de concretarse, pero a más largo plazo existen otros cuatro proyectos en la línea de largada para producir cobre: El Pachón y Los Azules, en San Juan, Taca Taca, en Salta, y Mara, en Catamarca, completan junto a Josemaría una cartera de emprendimientos que requieren de inversiones de más de uS$ 20.000 millones

Diario Río Negro